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| 7/25/1988 12:00:00 AM

A MACHETE

El fantasma de los escuadrones de la muerte arrasa con la vida de 17 mineros de la UP en Antioquia.

A MACHETE A MACHETE
El 14 de junio pasado cuatro hombres armados con pistolas y revólveres llegaron a dos campamentos mineros de la vereda "El Topacio", municipio de San Rafael. Llamaron por su nombre a siete mineros en uno y a cuatro en el otro, todos integrantes de la corporación de pequeña minería que hace año y medio organizó Alejandro Arango, principal dirigente de la Unión Patriótica en San Rafael, quien fue secuestrado y se encuentra desaparecido desde febrero de este año. Eran las cinco y media de la tarde y los infortunados se disponían a armar las carpas al lado del río para pescar. Se los llevaron amarrados. Testigo mudo de esto fue la señora que les preparaba la comida.
La noche siguiente un numeroso grupo de hombres vestidos de negro y enmascarados con pañuelos, llegaron a casa de dos campesinos de la misma vereda y se los llevaron. Varias horas después procedieron de igual forma con otros cuatro labriegos. En el intervalo, muy cerca de allí, el Ejército y la guerrilla habían chocado en combate, algo que no era más que la continuación del enfrentamiento ocurrido una semana antes, en el que fue muerto un teniente de la Brigada 14.
Así que la desaparición de los 17 hombres era el punto culminante del deterioro del orden público en las veredas mineras de San Rafael. La denuncia pública por parte de sus familiares instauró la zozobra, pues no había ninguna razón para no temer lo peor. Fue infructuosa la búsqueda. Sólo el vuelo de gallinazos sobre una arboleda aledaña al río Nare vino a señalar, una semana después, el sitio donde las autoridades llegaron para ver este dantesco cuadro: dos troncos humanos picoteados por las aves, siete brazos izquierdos, 3 piernas, dos cabezas, una quijada, algunas ropas y el machete con el que presumiblemente se consumó semejante carnicería. El forense determinaría que ninguna de las partes tenía balas y las ropas eran el único indicio sobre la identidad de algunas víctimas. Coincidían con las que llevaban puestas los desaparecidos y no era difícil concluir la suerte de los otros. Ese rompecabezas de manos y fragmentos humanos fue metido en dos ataúdes y transportado en helicóptero al cementerio municipal por el propio secretario de Gobierno de Antioquia. Fueron enterrados el miércoles pasado ante la vista de los familiares de los 17 desaparecidos, quienes desde el.primer momento habían salido de huida de sus veredas hacia la cabecera municipal. Ese precario sepelio valió por el de todos los 17, porque los otros cadáveres, o sus partes, no se pudieron encontrar.
Lo que siguió fue un sentimiento angustioso de miedo e impotencia entre la población y el inicio de una prometida exhaustiva investigación, de improbables resultados por la estela de impunidad que dejan a su paso estos escuadrones de la muerte y por ese miedo paralizante que hace que nadie se atreva a dar informaciones que conduzcan hacia los responsables. Pero sí queda una inquietante certidumbre: el "ángel" exterminador de la guerra sucia en Antioquia tiene ya en San Rafael una nueva sede, a sólo 102 kilómetros de Medellín; uno de esos municipios que nunca sonaba porque allí jamás pasaba nada.
Bastaron 3 años para que en ese pacífico municipio, la violencia selectiva y el miedo colectivo adquirieran un status similar al que hoy tiene Urabá.
Atando cabos, lo que ha ocurrido en San Rafael en los últimos años es lo siguiente:
Económica y sociológicamente la situación se transformó cuando se inició la construcción en predios del municipio de las hidroeléctricas Jaguas, Guatapé y Playas. No sólo muchos vendieron sus propiedades para posibilitar las represas, sino que éstas se convirtieron en una importantísima fuente de empleo que atrajo a propios y extraños. El dinero, con todas sus secuelas, comenzó ¡a correr en el pueblo y esa prosperidad pronto se tradujo en especulaciones, problemas de convivencia, prostitución, peleas, venganzas, crímenes y otras lacras desconocidas en la región. Como consecuencia de esto, o tal vez por eso mismo, apareció el IX Frente de las FARC con su proselitismo y también su inevitable colorario: el Ejército. De la noche a la mañana San Rafael era otra cosa.
Cuando se acabó el trabajo en las hidroeléctricas, el desempleo buscó su salida en la cuenca del río Nare, cuya generosidad aurífera es conocida desde los españoles. La primera adjudicación de títulos la hizo el gobierno de Antioquia a Alejo Arango, un antiguo vendedor de confituras en la plaza del pueblo, cuya militancia en el Partido Comunista desde la época de la UNO lo llevó a ser concejal por varios periodos, incluido el actual. Este organizó y carnetizó a los pequeños mineros en una corporación que él dirigía. Un funcionario del municipio dijo que también lo aprovechó políticamente pues ese carné sólo se obtenía si se militaba en la UP.
A mediados de enero de este año Alejo fue detenido por los militares y conducido a Puerto Boyacá, acusado de ser enlace de las FARC. Dos semanas permaneció allí, hasta ser trasladado a la cárcel de San Rafael. Se tenía previsto su traslado a Bellavista de Medellín, en virtud de las presiones de la dirigencia de la UP en Antioquia que haciendo caso de insistentes rumores temía que en la insegura cárcel de San Rafael le pasara algo. Efectivamente, una noche, varios hombres lo sacaron de allí a la fuerza y se lo llevaron. Desde eso se encuentra desaparecido. Ya lo dan por muerto. Un mes antes de las elecciones fue asesinado en la plaza del pueblo el activista que lo remplazó: Froilán Arango. Después caerían a manos de sicarios Guillermo Blandón, también dirigente, y Margarita Daza, suplente de Alejo en el Concejo. Este, no obstante estar desaparecido, ganó un escaño en el Concejo, pero no hay quién lo asuma. La UP en San Rafael se quedó sin dirigencia y además por esos días la junta directiva de la corporación minera fue amenazada de muerte y obligada a cerrar las oficinas, amenazas que se extendieron hasta las veredas habitadas por los mineros. En ese contexto de miedo y desconcierto, además de escaramuzas armadas entre la tropa y las FARC, se produce el 14 de junio el secuestro y la posterior matanza de mineros.
¿Una historia conocida? No, hasta la semana pasada. Pero una historia que suena a conocida, a muy similar a las muchas que se escuchan en Urabá, el Magdalena Medio y otras regiones de este país que parecería no quererse despertar de su pesadilla de sangre y violencia.

LA OPERACION CENTELLA
Si la matanza de San Rafael llenó de estupor a los antioqueños cuando la conocieron el pasado martes, otro efecto distinto por lo alentador produjeron las revelaciones del comandante de la IV Brigada ese mismo día: la captura de todo un contingente de guerrilleros vinculados a las células terroristas del EPL, el ELN y las FARC, con asiento en Medellín, y el desmantelamiento de un plan subversivo amplio que iba a ser desarrollado en cuestión de días. Es, sin lugar a dudas, el golpe más contundente e inesperado contra la guerrilla urbana de la capital de Antioquia en muchos años, que significa si no su extinción, sí una caída de la que se demorará mucho para reaccionar.
General Jaime Ruiz Barrera, es el nombre que quedó resonando después de revelado el resultado de esta operación, llamada en clave "Centella", pues, si bien es cierto que fue fruto del trabajo mancomunado de oficiales y soldados durante cuatro meses, es en cabeza de este general donde hay que poner el centro de gravitación del éxito. El turno ahora fue para los guerrilleros. Antes ya había hecho sentir su mano recia y decidida contra los "narcos" en aquella famosa operación "Crisol", que logró capturas y decomisos que, así hayan dejado que desear, se constituyeron en la acción más decidida de militar alguno contra la mafia en la capital de Antioquia.
La operación de seguimiento e inteligencia se inició a finales de febrero con logros iniciales no despreciables. Pero entre el 3 y el 20 de junio se precipitó todo y se logró la masiva captura en un total de 71 allanamientos. Se capturaron 64 personas, pero sólo 31 pasaron a disposición de los jueces con sindicaciones de nexos con la guerrilla, incluidos tres delincuentes comunes.
Esta acción, en un desvió muy personal del parco estilo militar, la presentó el general a la prensa con un orgullo de ganador y profusión de detalles que tenían el nada velado propósito reivindicativo ante una escéptica opinión pública. Tal como lo hizo cuando finalizó la operación contra los "narcos", esta vez también presentó todo un dossier con la hoja de vida y foto de cada uno de los capturados, incluido el lugar que ocupan en sus respectivas organizaciones y un récord detallado de su pasado terrorista. En la lista, subrayado con letra grande, el nombre de Mario Escobar Villegas, alias "Capitán David", jefe de la Comisión Logística del ELN en Antioquia, quien por los días de su captura había comprado 8 millones de pesos en armas y tenía en su poder 64 documentos de distintas personas. En el informe estaba también el nombre de siete mujeres capturadas, entre ellas una señora de 56 años, varios equipos de radio, armas, uniformes, munición y un kilo de cocaína, lo cual, según el oficial, prueba la conexión entre el narcotráfico y la guerrilla en Medellín. Pero no se especificaba si las tres agrupaciones subversivas están actuando juntas o separadas.
Se les encontró también documentos que esbozaban un plan completo de atentados y ataques a la autoridad, lo mismo que robos bancarios y asaltos a entidades y localidades; o sea lo mismo que han hecho en los últimos meses. La ausencia de estas acciones en el futuro próximo, será la medida de la contundencia del golpe asestado a la guerrilla urbana.

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