Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/04/04 16:17

¿Vuelven los ‘antirrestitución’ de tierras?

Intimidaciones, amenazas y terceros ocupantes de tierras, entorpecen los procesos de reparación en el sur del Magdalena.

Chibolo Foto: restituciondetierras.gov.co

Garantizarles a las casi ocho millones de víctimas del conflicto que los vejámenes que sufrieron no se van a repetir no ha sido una tarea fácil. Más, desde cuando el Gobierno puso andar el proceso de restitución de tierras a sabiendas que los enfrentamientos y hostigamientos se mantenían vivos a lo largo y ancho del país.

La violencia y la ausencia de justicia amenazan los procesos de reparación en el país. Este lunes la Corporación Yira Castro radicó ante la Fiscalía una denuncia que hacen los campesinos de Chibolo, Plato y Sabanas de San Ángel, en Magdalena.

En el documento divulgado se advierte que un grupo de personas mueve en varias veredas, enviando comunicaciones a ganaderos y solicitándoles apoyo económico “generoso” con el fin de crear una iniciativa en contra de la restitución.

“Se ha informado la forma temeraria como se ha venido organizando un grupo de opositores en el que, presuntamente, se encuentran: Augusto Castro Pacheco, alias ‘Tuto Castro’; Saúl Severini; la familia Cortina Calanche; un sujeto conocido como el ‘Mono‘ Bedoya; Gerardo Orozco (firmante del pacto de Chibolo)”, se lee en la denuncia presentada por la organización de Derechos Humanos.

La historia se repite. Los problemas que vienen denunciando los habitantes corresponden a la misma zona que fue base de operaciones de ‘Jorge 40’ hasta marzo del 2013, cuando un grupo de pobladores pudieron regresar a los terrenos que les fueron arrebatados. Se trató de una de la primera sentencia que conoció el país a favor de las víctimas.

Incluso, desde esa época se murmuraba el nombre de Augusto Castro, conocido como ‘Tuto‘, desmovilizado del Bloque Norte de las AUC y procesado por los cargos de desplazamiento forzado y apropiación de bienes protegidos.

De acuerdo con la denuncia que hace Blanca Irene López Garzón, directora de la corporación, las víctimas relatan que desde cuando se tuvo noticia de la liberación de ‘Tuto Castro’, la situación en la zona se volvió a “prender”.

“Están utilizando nuevas figuras como asociaciones, para generar temor en la comunidad que se encuentra en los procesos de restitución”, dice.

El ‘Tuto‘ Castro es hermano de Jorge Castro Pacheco, el exsenador de Magdalena que fue condenado por vínculos con paramilitares. Desde el pasado 7 de enero, el conocido miembro de las AUC fue cobijado con el beneficio de casa por cárcel.

Desde antes del 2012, cuando se dio su captura, el presidente Juan Manuel Santos ofreció una cuantiosa recompensa. Se le señalaba de hacer parte del ‘ejército antirrestitución’ que buscaba frenar el proceso de entrega de tierras a las familias que fueron despojas en esta región.

De Saúl Severini se sabe que es investigado por homicidio agravado, desplazamiento forzado y concierto para delinquir en Magdalena. Según informó El Heraldo, es el otro del cartel de la antirrestitución que delinque en la Costa Atlántica.

Por ahora, las denuncias no han cambiado. Los pobladores son víctimas de las intimidaciones de personas ajenas a la región que se encargan de “amedrentar a los ciudadanos con el fin de generar temor en esta comunidad retornada”.

El entorpecimiento de los procesos de restitución también corre por cuenta de terceros ocupantes, es decir, quienes hoy habitan o tienen los títulos de propiedad de las tierras despojadas de los reclamantes, quienes pueden actuar por su propia cuenta o tienen vínculos o contactos con sectores armados ilegales.

La comunidad ha logrado identificar al nuevo grupo de personas dedicadas a estas actividades ilegales y las ha denominado los ‘Paisas‘. Según relatan, uno de ellos es sobrino o tiene vínculo directo con la familia Castaño Gil. Las tierras que adquirieron estos “Paisas” las tenía la familia Cortina Calanche que se las vendieron a los ‘Paisas‘. Así advierte la denuncia.

Un mal anunciado

Hace algunos meses Noticias Uno advirtió cómo el proceso inicial de reparación fue entorpecido a pesar del fallo que ordenó la Corte Constitucional. La presencia de efectivos del Ejército y la Policía no fue suficiente para que los campesinos regresaran a las tierras. “Vieron impasibles como unos encapuchados impedían la diligencia”, señaló el noticiero.

Las denuncias empiezan a tomar fuerza, no sólo por cuenta del llamado que hacen los pobladores de esta comunidad del sur de Magdalena, sino también por las críticas que cayeron sobre algunos participantes de la marcha del pasado 2 de abril.

Mientras unos se enfrascaban en la discusión de la acogida que tuvo o no la iniciativa, otros miraban con recelo cómo algunos de los ciudadanos que marcharon vestían camisetas blancas con un estampado verde que rezaba: “No a la restitución de tierras”.

La discusión toma vuelo en las redes sociales. Mientras los pobladores ven que las amenazas de algunos sectores son ciertas. “Las condiciones de seguridad para los campesinos de la región como para los defensores de derechos humanos que acompañan dichos procesos, empeora”, se lee en el documento que fue radicado este lunes en la Fiscalía.

Mientras las investigaciones avanzan, el procurador general, Alejandro Ordóñez, informó que estará presente este 5 de abril en Sabanas de San Ángel (Magdalena), oyendo las quejas que tiene la comunidad sobre el proceso de restitución que se desarrolla en la región.

Desde hace más de dos años la Human Rights Watch ha hecho serías críticas a la política de restitución. Los informes entregados detallan el elevado número de amenazas contra reclamantes de tierras en el marco de la Ley de Víctimas y muestra la inmensa impunidad que reina en las investigaciones por esas amenazas y por los múltiples asesinatos de los que han sido víctimas los reclamantes.

Aunque los procesos de paz que adelanta el Gobierno con las FARC y el ELN han facilitado la puesta de una poderosa herramienta legal que busca resarcir a casi ocho millones de personas que han sufrido directamente las consecuencias del conflicto armado, cuando se cumplen cuatro años -el 9 de abril- desde su implementación, el país mira con preocupación las intimidaciones de las que nuevamente son víctimas quienes reclaman sus derechos.

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