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| 4/21/2014 12:00:00 AM

Denuncian al magistrado Fernando Castro

La Red de Veedurías solicitó que el togado sea investigado por presunto tráfico de influencias.

El pasado domingo, el reconocido periodista Daniel Coronell reveló en su columna un escándalo de talla mayor que salpica al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero, quien tiene a su cargo la ponencia en el juicio contra el exsenador Iván Moreno por el denominado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

La columna señala un multimillonario pago de 1.000 millones de pesos a Olga Lucía Castro Caballero, hermana del magistrado, por parte de una de las empresas del controvertido grupo Nule.

Igualmente la columna revela algunos cuestionables negocios del caballista Omar Orlando Castro Caballero, hermano del citado magistrado, con un presunto testaferro de Emilio Tapia, quien se convirtió en uno de los más importantes testigos en los procesos de la Fiscalía por el ‘carrusel’. Hoy está tras las rejas acusado de presunto lavado de activos.

La columna también plantea una casualidad respecto de la adquisición, por parte del magistrado, de una propiedad en el condominio de El Peñón, en Girardot, tres meses después de tomar en sus manos el proceso contra el exsenador Iván Moreno.

“El magistrado Castro Caballero jamás les ha contado a sus compañeros de la Corte Suprema de Justicia semejante cúmulo de coincidencias. Tampoco le ha pasado por la cabeza declararse impedido. Por el contrario, ha buscado lucirse ante las cámaras en el sonado juicio. En la Corte Suprema todavía recuerdan lo irascible que estaba durante el interrogatorio a Emilio Tapia. El magistrado Castro Caballero interrumpió bruscamente a la delegada de la Procuraduría para regañarla porque sus preguntas eran “confusas” y “le daba muchas vueltas al testigo”.

Al día siguiente, el testigo Emilio Tapia pudo despacharse a gusto sin que nadie le diera vueltas, ni le hiciera preguntas que lo “confundieran”, concluye la columna.

Tras la publicación de la columna de opinión algunos ya tomaron acciones.

Uno de ellos fue la Red de Veedurías Ciudadanas, que este lunes madrugó a instaurar una denuncia contra el magistrado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En ella, Pablo Bustos, presidente de la Red, advierte un presunto tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento.

De la misma manera, en la denuncia conocida por Semana.com la Red solicita a la Sala Penal de la Corte Suprema para que el magistrado sea apartado del juicio contra el exsenador Iván Moreno, el cual está en la recta final a la espera del fallo.

En el documento de siete páginas se pone de presente que “el actual presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Alberto Castro Caballero, es el ponente en el proceso del cartel de la contratación contra el exsenador  Iván Moreno Rojas, cuyos testigos de cargo son los Nule, a quienes se les atribuye la supuesta negociación de una cuenta de cobro o título a cargo de la cuestionada concesión de la vía Bogotá-Girardot, por 1.000 millones a favor de la hermana del mentado”, precisa el documento.

Para Bustos es claro que se estableció que “Omar Orlando Castro, el principal testaferro de Emilio Tapia, otro gran capo del cartel de la contratación, resultó ser hermano del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado terminó con una suntuosa propiedad en el exclusivo sector de El Peñón, por lo que debió y debe declararse impedido en el proceso contra el exsenador Iván Moreno”, indica el texto.

Para el presidente de la Red de Veedurías, el magistrado debió advertir este tipo de relaciones familiares con los comprometidos en el ‘carrusel’ y en el momento del reparto del proceso contra Iván Moreno debió declarase impedido para asumirlo.

La denuncia apenas llegó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y se espera que esta semana sea asumida, por reparto, por uno de sus integrantes investigadores. Allí se determinará si el magistrado debe rendir un interrogatorio por tamaña denuncia o si, por el contrario, esta se archiva. Muchos temen que esa denuncia, que tiene todos los elementos para prosperar y duerma el sueño de los justos en un despacho que, como la Comisión de Acusaciones, es reconocido por su ineficacia.

En las últimas horas el magistrado se refirió a la columna y respondió aspectos de la misma. Semana.com publica su contenido.

Comunicado del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero

Frente a las afirmaciones de la columna del periodista Daniel Coronell, publicada en la última edición (1668) de la revista Semana, me permito precisar:

1. El dinero que recibió mi hermana Olga Lucía Castro Caballero de la empresa Ponce de León y Asociados S.A. en el mes de mayo de 2008 fue producto de una operación de factoring, a través de la cual le fue cancelado un préstamo realizado por intermediación, gestión e iniciativa de “Génesis Gestión de Fondos de Inversión” dirigido por el señor Luis Klein. Ella y su esposo tienen una compañía de importación y comercialización de artículos publicitarios con una trayectoria de 27 años en el mercado colombiano, y nunca me informó sobre esta particular transacción financiera por tratarse de una más entre las tantas que ha efectuado en su condición de empresaria.

Sin embargo, ahora que me entero de esta operación comercial de mi hermana, aunque haya sido mucho antes de mi posesión como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no hubiese existido relación personal entre ella y los miembros del Grupo Nule, en aras de la transparencia y absoluta imparcialidad de mi actuación, pondré a consideración de la Sala de Juzgamiento mi continuidad en el proceso contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas.

2. Mi hermano Omar Orlando Castro Caballero, Administrador de Negocios de profesión, se dedica a la comercialización de bienes y servicios, principalmente de finca raíz, actividad en la que fue contactado por el señor Jesús David Sierra Aldana, quien en noviembre de 2011 le compró y pagó el inmueble mencionado en la columna, en mayor medida con un crédito hipotecario del Banco BBVA, como aparece en la respectiva escritura pública.

Ante la publicación del diario El Tiempo de 2 de marzo de 2014, donde se relacionaba la anterior negociación y el señalamiento de Sierra Aldana como presunto testaferro de Emilio Tapia, fui informado por mi hermano Omar Orlando de aquella compraventa, motivo por el cual en la sesión ordinaria del 5 de marzo siguiente puse en conocimiento de la Sala de Juzgamiento tal situación, sin que ésta observara causal inhabilitante alguna para que el suscrito continuara interviniendo en el juicio contra el exsenador Moreno Rojas.

3. El apartamento que permuté al señor Juan Pablo Vidales Luque por una casa en la ciudad de Girardot fue el lugar de habitación de mi familia por cerca de 8 años, pues lo compré a mi hermana Olga Lucia desde el año 2003. Dicha permuta se llevó a cabo en julio de 2011, meses antes de iniciar mi participación en el juicio del excongresista Néstor Iván Moreno Rojas, cuya asignación a mi despacho como ponente tuvo lugar el 2 de diciembre del mismo año.

4. Los señores Carlos Ernesto y Juan Pablo Vidales Luque son empresarios de finca raíz, a quienes conoce mi hermano Omar Orlando porque confluyen en el gremio del negocio inmobiliario.

5. El juicio contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas ha sido adelantado con total transparencia en 47 sesiones de audiencia pública, a las que tuvieron acceso los medios de comunicación y están disponibles al examen de cualquier ciudadano. Como es natural, en muchas ocasiones tuve que reconvenir a los sujetos procesales como director del proceso para poner orden al mismo.

6. No hay, en consecuencia, ninguna conexión en las “casualidades” que cita el columnista para cuestionar mi actuación como magistrado ponente en el juicio contra el exsenador Moreno Rojas. No obstante, como quiera que por encima de mis consideraciones personales están los más altos intereses de la administración de justicia, reiteraré a la Sala este hecho como motivo adicional del impedimento que presentaré.



Fernando Alberto Castro Caballero
Magistrado

Bogotá, D.C., lunes 21 de abril de 2014.





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