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| 4/18/2016 6:48:00 PM

Las 'papas calientes' del magistrado Gerardo Arenas

Sólo un mes de período le queda al consejero que tiene en sus manos al menos tres casos emblemáticos que no han sido resueltos, entre ellos las destituciones de Gustavo Petro y el general (r) Mauricio Santoyo.

Maratónico se espera que sea el final de la gestión del magistrado Gerardo Arenas como integrante del Consejo de Estado, quien saldrá del cargo el 10 de mayo próximo. De la celeridad y eficiencia con la que se desempeñen él y sus subordinados depende que se ponga punto final a cuatro sonados casos que han merecido atención de los medios de comunicación en el último tiempo. Entre ellos las destituciones del general (r) Mauricio Santoyo y la del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Si antes de un mes esos procesos no son definidos, que es lo más seguro, todos pasarían a ser asumidos por un nuevo ponente, lo que obligaría a que el estudio de los casos arranque de cero. Así, el país tendría que esperar otros tantos meses para saber si esos casos que llegaron allí, derivados de fallos de la Procuraduría, estuvieron ajustados a la ley.

Y es que al magistrado Arenas le ha tocado resolver lo que en el argot popular se conoce como verdaderas ‘papas calientes’. La que más quema, sin duda, es la del exalcalde Petro, pues de ese caso depende si el político de izquierda puede seguir aspirando a cargos de elección popular durante los próximos 15 años.

El jurista tiene la misión de desarrollar una ponencia en la que explique si el procurador Alejandro Ordóñez incurrió o no en alguna ilegalidad al destituir e inhabilitar por 15 años al ex burgomaestre. Eso quiere decir que el saliente consejero, por ahora, tiene en sus manos parte de la definición del panorama para las elecciones presidenciales para el 2018, en donde muchos ponen a Petro como casi seguro candidato.

Otro de los casos de trascendencia tiene que ver con la responsabilidad o no del general (r) Mauricio Santoyo en la interceptación ilegal de comunicaciones de defensores de derechos humanos que se produjo en Antioquia durante los años en los que el hoy senador Álvaro Uribe era gobernador de ese departamento.

El oficial (r), exedecán de Uribe de la Presidencia y confeso colaborador de grupos de Autodefensa, fue destituido por la Procuraduría porque, al frente del Gaula, participó en ‘chuzadas’ que fueron efectuadas a través de órdenes judiciales falsificadas.

La ejecución de la sanción fue suspendida por el propio Consejo de Estado desde el 2006 y ahora esa corporación, con ponencia de Arenas, debe determinar si se ratifica o no la destitución del exgeneral.

El saliente magistrado también tiene en sus manos el futuro de una emblemática líder de izquierda. Desde enero del 2013, cuando admitió la demanda de nulidad y restablecimiento que interpuso la exsenadora Piedad Córdoba contra la decisión del Ministerio Público de destituirla por supuestos nexos con las FARC, asumió la competencia para proyectar el fallo que definirá si la actuación disciplinaria fue legal o no.

En ese caso, tendrá que definir si las pruebas aportadas a ese expediente fueron acopiadas dentro de los parámetros de ley, a pesar de provenir de los computadores que fueron hallados en el campamento donde cayó el ex número 2 de la guerrilla Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, sobre todo teniendo en cuenta la decisión en la que la Corte Suprema invalidó esos elementos de prueba por no respetar la cadena de custodia.

El cuarto de los retos jurídicos de trascendencia nacional que está en el despacho de Arenas es la destitución de Andrés Felipe Arias. Él debe proyectar el fallo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el exministro contra el fallo de destitución e inhabilidad de 16 años que le impuso el órgano de control disciplinario.

De boca de Arenas se debe conocer la primera tesis en torno a si él, como ministro de Agricultura, debía responder por los contratos carentes de requisitos legales que se celebraron entre su cartera y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), para la selección de los beneficiarios de los programas de riego de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Ante semejante trascendencia de los casos y la complejidad propia de los problemas jurídicos que se busca definir en cada expediente, es prácticamente imposible que el magistrado logre que estas demandas tengan un punto final antes de su salida, pues le queda poco más de un mes en el cargo.

Y aunque al menos en el caso de Petro se rumora que se trabaja intensamente para tratar de definirlo antes de la salida del togado, es casi improbable que se alcance a definir antes del 10 de mayo, cuando termina el período constitucional del jurista.

Todo parece indicar que los casos emblemáticos que tiene este despacho pasarán a manos del magistrado William Hernández Gómez, mientras se le nombra un reemplazo al santandereano Gerardo Arenas.

 

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