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Magistrado Néstor Raúl Correa. | Foto: SEMANA

ALTAS CORTES

Se ‘cocina’ indagatoria contra el magistrado Néstor Raúl Correa

La Comisión de Acusaciones avanza en la investigación contra del jurista.

9 de octubre de 2013

Semana.com reveló hace cuatro meses una historia cuyo protagonista era el magistrado Néstor Raúl Correa. Según una investigación, el alto funcionario judicial habría destinado 1.365 millones de pesos, dirigidos al concurso de empleados de la rama judicial, a actividades distintas que, para algunos en ese sector, fueron irregulares, como capacitación de comunidades indígenas.

Varios de sus compañeros del Alto Tribunal anunciaron que llevarían ese caso a la Comisión de Acusación de la Cámara, juez natural de Correa, donde establecerán si hubo una destinación irregular de esos recursos, que eran exclusivamente para la capacitación de empleados de la rama y no para otras necesidades.

Fuentes de la Comisión de Acusación le revelaron este miércoles a Semana.com que en pocos días llamarán a indagatoria al magistrado para que dé las explicaciones necesarias sobre el gasto y la destinación de los recursos que fueron utilizados para contratar "la formación intercultural y de derecho propio para mejorar la coordinación con el Sistema Judicial Nacional, en los grupos étnicos”. Es decir, para capacitar comunidades indígenas.

La fuente de la Comisión advierte que el llamado a indagatoria se realizará, entre otras cosas, por la cantidad de material probatorio  con que cuenta la célula legislativa, “lo cual nos permite inferir de manera razonable una posible responsabilidad del magistrado, ya que si no existiera evidencia contundente, sería simplemente llamado a una versión libre”, dijo la fuente de la Comisión.

En el momento del escándalo Semana.com habló con el magistrado Néstor Raúl Correa, quien indicó que la responsabilidad del gasto del dinero no es sólo suya, sino de los magistrados que integraron la Sala. Para él, todos consintieron el gasto de los recursos en la formación de comunidades étnicas.

Precisó que la denuncia de sus compañeros de sala era una especie de retaliación porque él ha demostrado ser uno de los abanderados en combatir la corrupción en su sala. Por ahora el magistrado tiene derecho a la presunción de inocencia y el balón queda en manos de la Comisión de Acusaciones.