Malas compañías

Si hay algún general que tenga el estigma del maridaje entre militares y paramilitares, ese es Rito Alejo del Río. Ni el homenaje que le rindió la derecha del país en un hotel de Bogotá, ni la cuestionada preclusión de la investigación que llevaba la Fiscalía en su contra, ni su reencauche en la política como candidato al Senado, han servido para borrar su tormentoso paso por la Brigada XVII de Urabá entre 1995 y 1997. Ese pasado volvió a pasarle cuenta de cobro esta semana. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema decidió abrirle investigación preliminar, después de que por lo menos dos jefes paramilitares, Salvatore Mancuso y Ever Veloza 'H.H', admitieron que el general Del Río habría colaborado con las autodefensas a mediados de los años 90.

Desde cuando empezó el proceso de justicia y paz, se estaba esperando que salieran a relucir los nombres de militares y policías que actuaron como cómplices de los paramilitares. Sin embargo, curiosamente, primero se destapó la infiltración de las autodefensas en la política, y el tema de la Fuerza Pública quedó en el congelador. Hasta ahora, cuando vuelven a la escena no sólo el caso del general Del Río, sino los de otros altos oficiales retirados como Iván Ramírez y Fernando Millán, de los fallecidos generales Martín Orlando Carreño y Hernando Manosalva; y hasta el general Rosso José Serrano de la Policía. También han sido mencionados decenas de oficiales de rango menor, así como agentes del DAS y de la misma Fiscalía.

Con la investigación a Del Río, se empieza un proceso similar al de la para-política, pero seguramente de mayor magnitud, pues mientras muchos de los para-políticos están acusados de haberse beneficiado electoralmente de las autodefensas, en el caso de los militares hay de por medio masacres, desapariciones, asesinatos y otra cantidad de crímenes atroces por los que ya ha sido condenada la Nación en los estrados judiciales internacionales.

El caso del general Del Río tiene un especial significado para la Fiscalía, pues esta sería la segunda vez que se le abre un proceso por paramilitarismo. La primera fue en 1998, cuando la Unidad de Derechos Humanos inició una investigación para establecer si el oficial estaba beneficiando a los grupos de autodefensa de Urabá. Los testimonios de varios militares, entre los que se encontraba el coronel Carlos Alfonso Velásquez, segundo comandante de la Brigada XVII, coincidían en que Del Río no combatía a los paramilitares sino sólo a la guerrilla, y que en muchos casos hasta sus tropas patrullaban conjuntamente con las autodefensas. A eso se le agregaba la denuncia de que algunos civiles asesinados por paramilitares eran presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Las más importantes organizaciones de derechos humanos del país lo señalaban como el principal promotor de las autodefensas

Los cuestionamientos a Del Río fueron tan sonoros, que en 1999 el presidente Andrés Pastrana lo retiró del servicio activo y el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa. Pero no todo el mundo censuraba a Del Río. En Antioquia muchos lo consideraban el 'pacificador de Urabá' y como desagravio le organizaron un homenaje en el Hotel Tequendama, que tuvo como orador principal a Álvaro Uribe Vélez, quien acababa de terminar su período como gobernador de Antioquia.

Las investigaciones siguieron y en julio de 2001 Del Río fue detenido. Todo apuntaba a que había pruebas suficientes para acusarlo de promover y conformar grupos paramilitares. No obstante, cuando la resolución en su contra estaba a punto de ser firmada, se posesionó Luis Camilo Osorio como fiscal general de la Nación. La misma semana de su llegada al búnker, Osorio cambió la cúpula de la Unidad de Derechos Humanos y frenó el proceso que finalmente fue precluido en 2004. Una decisión que fue criticada por muchos organismos internacionales. Casualmente, Osorio también será investigado en el proceso de la para-política.

Las críticas, al parecer, no eran banales. Aunque los militares argumentaron en su momento que había presión indebida en el caso de Del Río, lo cierto es que los investigadores tenían información de grueso calibre en su contra. Desde un testimonio de Alonso de Jesús Baquero, el 'Negro Vladimir', que en 1995 dijo en una indagatoria que Del Río, cuando era coronel, se había reunido con las autodefensas del Magdalena Medio en varias ocasiones; pasando por la denuncia del soldado Oswaldo de Jesús Giraldo, quien con lujo de detalles relató la manera como su batallón actuaba de la mano de los paramilitares en Córdoba y Urabá; y llegando hasta denuncias por desaparición forzada y homicidio de campesinos.

Del Río no podrá ser investigado por los delitos de los que ya fue exonerado, pero puede terminar judicializado por hechos que fueron ignorados en el pasado. Por ello la Fiscalía está revisando detalladamene las acusaciones de Mancuso y 'H. H.' Uno de los hechos, que seguramente estará sobre la mesa, es la masacre de Mapiripán. Como se sabe, esta terrible matanza fue cometida por cerca de 100 paramilitares que viajaron directamente desde los aeropuertos de Necoclí y Carepa -este último bajo control de la Brigada XVII- en aviones que le prestaban servicios al Ejército en esa región. Por lo menos un testimonio que reposa en el expediente de Mapiripán asegura que el Ejército sabía del traslado de las autodefensas hasta San José del Guaviare, y del objetivo que éstas tenían: tomarse a sangre y fuego la ribera del río Meta.

SEMANA también conoció el testimonio del ex sargento Edwin Guzmán, quien estuvo vinculado a los paramilitares y que para mediados de los años 90 estaba en Urabá. Según Guzmán: "A mi general Rito Alejo del Río lo llaman 'el papá de las autodefensas' porque fue quien empezó a uniformarlas y a darles el manejo militar que se necesitaba. En esa época los paracos llegaban hasta la brigada uniformados y con armamento. Llegué a ver incluso dos contraguerrillas de las autodefensas embarcándose en un helicóptero MI del Ejército, en el helipuerto de la Brigada".

Casi todas las declaraciones coinciden con la de Mancuso en que el general Del Río era un hombre cercano a las autodefensas. Y que a diferencia de lo que piensan sus defensores, mientras él estuvo en Urabá, la violencia se disparó en la región como nunca antes.

Hasta ahora, contra el general no hay sino testimonios, pero testimonios que la mayoría de la gente considera creíbles. Más credibilidad tiene la afirmación de Mancuso, aunque no tenga otras pruebas, que las del general que dice que nunca ha tenido vínculo con un líder paramilitar. Sin embargo, también es obvio que Mancuso y todos los otros jefes paras tienen una estrategia: untar a todo el mundo. Por cuenta de esto, ya son más de más de 40 congresistas involucrados en la para-política Ahora este es sólo el principio de la etapa de los militares. A la cual le seguirá, seguramente, la de los empresarios. La estrategia de los jefes paramilitares parece clara: decir que todo el mundo es culpable, para que al final, la culpa no sea de nadie.