Malestar social

Es muy probable que si las elecciones del próximo domingo no incluyeran la novedad de la reelección, no habría la agitación que se está viviendo por estos días: la toma por 15.000 campesinos e indígenas de la Vía Panamericana en Cauca y Nariño, el paro de 38.000 empleados de la rama judicial en todo el país y la marcha de 5.000 cocaleros en Meta. A esto se suma el anuncio de huelga por 16.000 trabajadores bananeros en el Urabá y los de las más grandes empresas carboneras en Cesar.

Sin embargo, que estas protestas coincidan en el tiempo no puede servir de excusa para reducirlas a un tema meramente electoral. Muchas de ellas son reivindicaciones legítimas y de vieja data, bien sea por mayores y mejores garantías laborales o por descontento con las políticas del gobierno e incumplimiento de sus promesas.

El ambiente, ya de por sí caldeado, aumentó su temperatura con el anuncio del ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, de que tras la toma de la Vía Panamericana estarían las Farc. Como prueba difundió la grabación en la que un guerrillero daba instrucciones sobre cómo bloquear la carretera. Esta denuncia sembró dudas sobre la independencia de los grupos que realizan las protestas y sobre sus reclamos.

SEMANA estuvo en el lugar y no observó nada diferente a lo que ha sido la reacción de estas comunidades en otros momentos. Además, el movimiento indígena del norte de Cauca es reconocido nacional e internacionalmente por sus expresiones de resistencia civil con que se apartan del conflicto armado colombiano. "No somos alzados en armas, somos alzados en palos y merecemos respeto", dice Henry Caballero, ex secretario de gobierno de Cauca.

Paradójicamente, el bloqueo de la vía sólo ocurrió después de que el Ejército impidiera que una de las delegaciones indígenas llegara al Cauca, donde se había convocado una cumbre nacional. El propósito de esta reunión, que no incluía la toma de la vía, era llamar la atención, pues consideran que el gobierno no ha cumplido sus ofertas de entrega de tierras, y protestar contra el TLC y la reelección.

Si el anuncio del gobierno buscaba mitigar el ruido, lo que causó fue todo lo contrario. Con sus denuncias, en la opinión pública quedaron en la misma bolsa cocaleros, indígenas, campesinos, sindicalistas y los de la grabación. Algo, a todas luces, desproporcionado. Si esto fuera así, significaría que la guerrilla cuenta con una importante base social en todo el país, lo que es falso.

La Fuerza Pública cumplió con su tarea de evitar el bloqueo de vías, pero se presentaron fuertes enfrentamientos con los manifestantes. Junto a las refriegas, llovieron las denuncias de abusos. Primero fue en Cauca donde se dieron los hechos de mayor resonancia. Ya hay un indígena muerto, tres heridos a bala y decenas de contusos de lado y lado. Aún no se establece el origen de los disparos. Al cierre de esta edición ya se habían liberado los tres policías retenidos por los manifestantes y había un preacuerdo para no seguir con los bloqueos en este departamento.

Las quejas se repitieron en Nariño, donde se armó otra protesta, en el sector de Puerto Remolino, esta vez en contra de la pobreza y las fumigaciones de los cultivos de coca sin brindar alternativas. En este lugar, según declaraciones del gobernador, Juan José Chaux, es donde se interceptó la comunicación a la guerrilla. Allí el defensor del Pueblo de Nariño, Carlos Maya, mientras hacía una visita humanitaria a los manifestantes, fue testigo de la que considera reacción desproporcionada de la Fuerza Pública. "Nos disparaban desde dos helicópteros gases y tiros de fusil, incluso atacaron nuestra misión. Fueron 30 minutos de un ataque violento que no discriminó que entre el grupo de campesinos había menores de edad, ancianos y mujeres embarazadas", dijo a SEMANA . El viernes, decenas de personas llegaron desplazadas a Pasto y había versiones de nuevas protestas en distintos puntos del departamento.

Estas multitudinarias manifestaciones de descontento son un termómetro del rechazo que han generado ciertas políticas. Y aunque su simultaneidad se puede deber a la vecindad de las elecciones, no van a desaparecer después del 28 de mayo. El error que puede cometer el gobierno es estigmatizarlas y no atenderlas con la prontitud y la atención que merecen. Minimizar el malestar social que hay en ciertos sectores como si fuera sólo un oportunismo electoral puede generar en el país un efecto dominó de más protestas que lleven a una mayor polarización. Algo que no le sirve al país, cualquiera que sea su nuevo gobernante.