Sábado, 21 de enero de 2017

| 2007/11/03 00:00

Malos perdedores

Detrás de los disturbios poselectorales en 12 departamentos hay desde apostadores y viejos políticos que quieren pescar en río revuelto, hasta ciudadanos inconformes con el sistema electoral.

La Alcaldía de Cienaga de Oro, Córdoba, quedó en ruinas después de que una multitud enardecida incendió el edificio para protestar por los resultados electorales. En la asonada murió una persona y hubo 20 heridos

Las autoridades electorales y la Fuerza Pública no podían dar crédito a la noticia. Apenas minutos después de reportar que las elecciones regionales del 28 de octubre se cumplieron sin novedades en materia de orden público, se desató una serie de ataques contra las sedes de la Registraduría en 12 departamentos.

Los disturbios no sólo acabaron con seis sedes del organismo electoral, sino que destruyeron material clave para el reconteo de votos establecido por la ley. Daños en viviendas y alcaldías, así como enfrentamientos con la Policía, fueron la nota predominante en departamentos como Córdoba, Nariño, Sucre y Valle, en los cuales la tensión se mantenía una semana después de las votaciones.

La violencia poselectoral es una novedad en la historia reciente del país. Y también lo es que en el 90 por ciento de los casos las protestas corrieron por cuenta de partidos uribistas contra candidatos de la misma coalición de gobierno. No fue, como muchos podrían pensar, el resultado de una pugna gobierno-oposición, sino el producto de una lucha interna entre las fuerzas leales al presidente Álvaro Uribe.

En Pradera (Valle) y Ciénaga de Oro (Córdoba), dos de los sitios en donde fueron más graves los disturbios, la puja era entre el Partido de La U, ganador, y Alas-Equipo Colombia, perdedor. En Tumaco, Nariño, donde persiste la alerta, quienes protestaron fueron los simpatizantes del candidato de Convergencia Ciudadana, superado en votos por el de Colombia Viva. En Cimitarra (Santander), los manifestantes aseguraban que al aspirante de Cambio Radical le hicieron trampa a favor del de Apertura Liberal.

Aunque eso no significa que los dirigentes de los partidos derrotados -y en algunos casos ni siquiera sus candidatos- sean los responsables de los destrozos y las lesiones, el hecho demuestra que la puja por el primer lugar en la coalición de gobierno es en serio y que sus fuerzas regionales se reacomodan según los intereses de cada uno de sus integrantes. Mientras los de Colombia Viva y los de Colombia Democrática, por ejemplo, luchan por mantenerse vigentes pese a los golpes sufridos por el proceso de la para-política, La U y Cambio Radical compiten por la nominación para las elecciones presidenciales de 2010.

Al margen del mano a mano uribista, la racha de incendios en las registradurías refleja también, según varios analistas, que han crecido tres fenómenos en el país: el de los candidatos que no aceptan la derrota, el de los apostadores que se juegan fortunas en las elecciones y el de los ciudadanos que no confían en el sistema electoral.

El primero de ellos se refiere al típico político mal perdedor, que acude incluso a las vías de hecho para deslegitimar el triunfo de su adversario. Según el registrador, Juan Carlos Galindo, este comportamiento explica la mayoría de los saqueos de material electoral, que de todas maneras no impidieron a la entidad entregar de manera oportuna los resultados al país. "Los políticos empiezan a alborotar a la ciudadanía y eso se nos escapa de las manos", dijo Galindo. Para él, "los dirigentes que patrocinan levantamientos populares o ideas falsas sobre fraude electoral ponen en riesgo la integridad de los funcionarios y de las sedes de la Registraduría, y en jaque la seguridad de su pueblo".

La Registraduría está investigando las denuncias sobre supuestas fallas en la transmisión de datos y sobre restricciones irregulares al ingreso de testigos electorales a las mesas de votación en Sincelejo. Galindo tiene información según la cual los rumores sobre fraude en las elecciones para gobernador provienen de uno de los candidatos perdedores. Según las averiguaciones de SEMANA en la región, allá se rumora que simpatizantes de Julio César Guerra Tulena promovieron los desmanes que terminaron el martes con el incendio de la Registraduría local.

Guerra Tulena y Jorge Barraza, hoy gobernador electo, fueron los dos animadores de la campaña en Sucre. El primero fue avalado por el Partido Liberal y pertenece a una de las viejas castas de la clase política desplazadas cuando llegaron los paramilitares. El segundo tenía el apoyo de dos de los más grandes símbolos de la para-política en la región: los senadores Álvaro, el 'Gordo', García y Jairo Merlano, ambos presos en la cárcel de La Picota, en Bogotá.

La segunda causa común de varias de las asonadas tiene que ver con el surgimiento de grupos de apostadores que jugaron al candidato equivocado y decidieron quemar la papelería de la entidad electoral. Los rumores sobre apuestas ilegales fueron especialmente fuertes en Atlántico, Bolívar y Magdalena, y en municipios santandereanos como Cimitarra. Este modelo resulta muy similar al de los apostadores del fútbol.

Finalmente, algunos analistas creen que entre las manifestaciones violentas también hay casos de ciudadanos hastiados de la política tradicional y de un sistema electoral que no castiga sus vicios. Al desaparecer la presión paramilitar y reducirse la guerrillera, dichos ciudadanos pretenden que las autoridades hagan algo contra el fraude electoral y en ocasiones lo manifiestan mediante la violencia. Según el analista Juan Fernando Londoño, del proyecto Pnud-Idea, dichos ciudadanos están a la espera de un mensaje de transparencia y legitimidad que, a su juicio, puede ser "la creación de un tribunal independiente de justicia electoral, que acabe con la percepción de impunidad, sea eficiente, no partidista y asegure transparencia en los comicios".

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