Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2004/08/15 00:00

¡Mamola!

El presidente Uribe agradeció las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos y eligió una terna para Defensor del Pueblo que las ignora de cabo a rabo.

El presidente Álvaro Uribe complació a los conservadores con su terna para elegir al nuevo Defensor del Pueblo.

Las organizaciones de derechos humanos le solicitaron la semana pasada al presidente Álvaro Uribe que para la terna del nuevo Defensor del Pueblo presentara candidatos con magistratura moral, independencia, imparcialidad y trayectoria en los derechos humanos. A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó en un comunicado que seguía con gran interés la próxima elección.

El gobierno les respondió, a ambos, que tendría en cuenta su solicitud y que gracias. Y acto seguido presentó a la Cámara de Representantes una lista haciendo todo lo contrario.

La terna incluye al actual defensor Volmar Pérez, a Ilva Myriam Hoyos, profesora de filosofía del derecho de la Universidad de la Sabana y asesora jurídica externa de la Conferencia Episcopal y de la Nunciatura Apostólica en Bogotá y a Alejandro Vélez Múnera, profesor de contratos administrativos de la facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda y miembro del bufete Jorge Vélez y Asociados.

"La respuesta de Palacio fue cínica y poco seria para un gobierno comprometido con la meritocracia", dijo Nelson Socha, asesor en derechos humanos de Viva la Ciudadanía, una de las ONG que firmaron la petición a Uribe. "Es una jugada perversa para dejar a Volmar". Su molestia con la terna es compartida por los defensores de derechos humanos. A Pérez le critican su pasividad y la debilidad de sus posiciones frente a temas fundamentales como la ley de alternatividad penal, las capturas masivas y la ley estatutaria del estatuto antiterrorista, frente a la cual ha guardado silencio "esperando a que la Corte Constitucional falle".

Al otro de la terna, Alejandro Vélez, le critican su falta de trayectoria en el campo de los derechos humanos. En efecto, Vélez, hijo del respetado ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Vélez, lo más cercano a los derechos humanos que ha hecho es asesorar a Fernando Medellín, ex gerente de la Red de Solidaridad Social, en un proyecto de ley de desplazados que no aprobó el Congreso. "Los derechos humanos son ante todo derecho público", explicó Vélez. Él dice que trabajaría por dotar a la Defensoría de herramientas jurídicas para la protección de derechos humanos para "darle dientes". Pero frente a herramientas actuales como la tutela, abogaría por "moderarla o encaminarla para evitar la cantidad de absurdos por los que entutela la gente". Es una opinión compartida por el gobierno, interesado en restringir la tutela, y exactamente lo que no quieren oír los defensores de los derechos humanos.

A diferencia de Vélez, Ilva Myriam Hoyos ha publicado seis libros sobre derechos humanos. Sólo que desde la perspectiva moral del ala más conservadora de la religión católica. En varios círculos se le identifica como muy cercana al Opus Dei porque es doctorada con honores en derecho de la Universidad de Navarra en España con tesis magna cum laude dirigida por el profesor Javier Hervada, ideólogo reconocido de la obra; fue decana de derecho de la Universidad de la Sabana, manejada por el Opus Dei, y ha sido asesora jurídica del Pontificio Consejo para la Familia en el Vaticano, entre otros cargos. Aunque Hoyos aclaró que no pertenece al Opus Dei ("Soy católica practicante pero católica a secas", dijo a SEMANA), su nombramiento en la terna ha causado especial escozor entre las organizaciones de mujeres por sus posiciones en contra de los derechos reproductivos y sexuales.

Sus posiciones ortodoxas podrían chocar con la campaña de prevención de embarazos adolescentes liderada por la Defensoría en los colegios que incluye el uso de anticonceptivos. Igualmente, con la defensa de los derechos de los homosexuales a conformar una familia o con las posturas a favor de la libertad religiosa, entre otras. "Yo tengo mis convicciones pero actuaría en el marco de la Constitución Política y la defensa de los principios democráticos y la dignidad humana. Ser católica debería ser una garantía porque la Iglesia ha sido la gran defensora de los derechos humanos", se defendió Hoyos.

En realidad, lo único en común entre los tres candidatos es que son conservadores; los dos hombres, allegados directamente al partido de Enrique Gómez y Roberto Camacho. Pero seguramente la suerte ya está echada pues Pérez ha movido hábilmente los hilos del poder nombrando en la Defensoría a fichas de representantes clave en la Cámara y siendo particularmente complaciente con el gobierno.

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