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Mano al dril

Esta semana el Concejo definirá la suerte del cobro de valorización más ambicioso en la historia de la ciudad: 2,1 billones de pesos.

25 de septiembre de 2005

El viernes previo al día del amor y la amistad, el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, invitó al Concejo a un desayuno. El objetivo era cerrar las diferencias que había causado su proyecto de valorización que busca que los bogotanos paguen 2,2 billones de pesos en los próximos 10 años. Al final, el desayuno de la 'reconciliación' tuvo que ser cancelado porque sólo una docena de concejales anunció su asistencia. De los ocho miembros del Polo sólo uno confirmó.

Y es que su propia bancada del Polo Democrático, con otras más como la de Cambio Radical que lidera el senador Germán Vargas Lleras, rechazaron la iniciativa. Por contraste, la bancada peñalosista, que está en la oposición en otros temas, se convirtió en el principal apoyo del proyecto, que financiará un impresionante listado de nuevas avenidas, vías, puentes vehiculares y peatonales, parques y andenes, entre otros.

Quienes están en contra argumentan que el proyecto no sólo va en contravía de la promesa que Lucho había hecho en campaña, de que la ciudad no resistiría más impuestos, sino que es regresivo, especialmente para los más pobres. Desde el día del desayuno, la guerra entre los simpatizantes y los enemigos de la propuesta se radicalizó. Y pocos se atreven a vaticinar un resultado. Prácticamente hay 21 concejales en contra, 22 a favor y dos indecisos.

Gilma Jiménez, una de las ponentes, dice que el cobro de valorización por beneficio local afectará todos los predios. Debido a la magnitud y la extensión de las obras, una parte tendrá que pagarla a lo largo de 10 años mientras que otros lo harán según las obras que se hagan en su localidad. La valorización, tasada en dos billones 103.000 millones de pesos, se cobraría y ejecutaría en cinco fases. En la primera, que va de 2006 a 2008, se recaudarían 633.622 millones de pesos, de los cuales una parte iría para la construcción de obras, y otra, para el diseño, compra de predios y construcción de las obras de la siguiente etapa. La segunda fase iría de 2009 a 2011 y se cobrarían 619.000 millones. En la fase que va de 2012 a 2014 se recogerían otros 630.000, y en la última, que se extiende de 2015 a 2016, finalmente serían recaudados 220.000 millones.

Dentro de las obras más importantes están la avenida novena entre calles 147 y 170, el intercambio de la carrera novena con calle 94, una impresionante araña vial en Puente Aranda, la avenida paralela a la segunda pista del aeropuerto en Fontibón y la Avenida Rojas.

Aunque es difícil saber cuánto pagaría cada predio, cifras del IDU muestran que en promedio las personas del estrato uno aportarían 150.000 pesos en 10 años, las del dos, 300.000 pesos; las del tres, 700.000 pesos; las del cuatro, 1.300.000 pesos; las del cinco, 2.000.000, y las del estrato seis pagarían 3.600.000. Claro que los casos extremos puede ir de 300.000 pesos para el estrato uno en 10 años hasta 35.000.000 en una gran casa de estrato seis.

Para Álvaro Argote, quien lidera la oposición del Polo, "este proyecto debió haber sido consultado con los habitantes, ya que no sólo modifica el Estatuto de Valorización, sino porque la selección de las obras, extraído del Plan de Ordenamiento Territorial, no tiene ningún criterio de equidad social".

David Luna, de la bancada peñalosista, advirtió que "Garzón fue populista durante la campaña, pero a la hora de gobernar entendió que no es fácil hacerlo sin recursos". Pero las posiciones no siguen las líneas partidistas. Carlos Romero, del Polo y quien apoya el proyecto, advirtió que mientras el grueso de la comunidad está de acuerdo con las obras y con que los ciudadanos deben aportar, muchos concejales no han comprendido el proyecto ni su importancia. "Hace años me opuse en el Concejo a la Avenida Circunvalar y hoy me avergüenzo, porque sin esa vía qué sería de la ciudad hoy".

Al fin y al cabo, poner al día el rezago histórico de infraestructura de la ciudad vale 12 billones de pesos que tienen que salir del bolsillo de los ciudadanos. Aunque el proyecto de valorización implica un gran sacrificio económico, el costo de no hacerlo podría ser mucho más grande a largo plazo.