Mano dura a responsables de balas perdidas

¿Qué hay de común entre un hombre que conduce un carro en estado de embriaguez y atropella y mata a alguien, y uno que dispara al aire y acaba con la vida de otro? Ambos han cometido un homicidio culposo, excarcelable. Ninguno quería matar a nadie, pero terminaron haciéndolo.

Mientras en el país las muertes por choques violentos a causa del alcohol es la segunda causa de muerte con cerca de 5.300 al año, en diez años se han presentado mil muertes por balas perdidas en el país desde 2000, según un informe del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, Cerac.

La situación es dramática. La muerte en los últimos días de dos menores y un adulto a causa de las balas perdidas pone sobre la mesa la discusión sobre en quién debe recaer la responsabilidad de estas situaciones, y sobre todo, cuál debe ser el castigo a quienes, sin querer, acaban con la vida de otros.

Para el senador Roy Barreras, autor y ponente del proyecto que busca reformar el Código Penal para establecer duras penas contra los conductores que conduzcan sus vehículos en estado de embriaguez, se debe hacer lo mismo con quienes disparen al aire. “La mayoría de casos de muertes por la irresponsabilidad de algunos quedan impunes. Bajo el argumento de que no tenían intención, quedan libres”.

Es por esto que Barreras incluirá en el proyecto de agravación para homicidio culposo, que ya pasó el primer debate en el Senado, el tema de las balas perdidas, para que se endurezcan las penas a quienes disparen indiscriminadamente.

“Que alguien que dispare al aire y mate tenga que pagar mínimo seis años de cárcel”, dice el senador del partido de La U, quien advierte que debe existir diferencia entre los casos en que la bala perdida se da en medio de un intento de robo, de un sicariato, y que por casualidad resulta herido o muerto alguien que iba pasando por el lugar. “Que paguen hasta 20 años de cárcel. Es un homicida preterintencional, con culpa”.

Roy Barreras insiste en decir que si bien las leyes podrían ayudar a disminuir estos penosos casos, de nada sirven si no van acompañadas de un plan antidesarme. “El Gobierno debe recoger armas que le pertenecen, que en su momento fueron entregadas a través de Indumil, que se vencieron sus permisos, y que están por ahí. En el país hay cerca de dos millones de armas legales, de las cuales aproximadamente 800 fueron entregadas a través de Indumil”, dice el senador.

En este punto coincide con el presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), Manuel Torres Moreno, quien propone que Indumil haga un censo con el fin de saber cuántas armas legales hay en el territorio nacional en poder de particulares. Según Torres, con esta medida el Gobierno podría controlar y atacar el tráfico negro de armas en el país, que a final de cuentas termina acabando con la vida de inocentes, como los dos pequeños que en las fiestas de fin de año fueron víctimas de balas perdidas.

Mientras tanto, se conoció que un proyecto de ley que endurece las penas por porte ilegal de armas es una tarea que desarrollan los ministros del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y de Defensa, Rodrigo Rivera, por orden del presidente Juan Manuel Santos. Así lo dio a conocer el director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien dijo que “el proyecto nos pondría en marcha un proceso de transformación de la cultura colombiana para que el porte de armas sea sancionado de manera drástica”.

Por su parte, el inspector de la Policía Nacional, general Orlando Páez Barón, dijo que el tema de las muertes por balas perdidas preocupa a la Institución y recordó que “el año anterior hubo por lo menos 24 casos de jóvenes que murieron de manera accidental manipulando las armas de fuego de sus padres. Es un asunto delicado que merece tomar precauciones, para que cada vez sean menos los particulares que porten este tipo de armas”.

La situación no es nada fácil de controlar. El vicepresidente, Angelino Garzón, se pronunció ante los recientes casos que han acabado con la vida de dos menores, y dijo “allí hay la figura de homicidio culposo. Todo el que manipule un arma y sobre todo, haciendo disparos al aire debe saber que puede causar una víctima. Sería muy importante que con la acción de los fiscales, los jueces y la policía, pudiéramos detener a los responsables de estos delitos para que sean ejemplarmente sancionados”.