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MANO A LAS RIENDAS

Muchos creen que aunque todavía falta el debate político, después de la decisión de la Comisión de Acusaciones Samper debe ponerse a gobernar.

15 de enero de 1996

NO FUE LA MEJOR HORA para divulgar la noticia. Pasada la media noche del miércoles los 15 miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara dieron por fin a conocer su decisión: por 14 votos contra uno, esta célula encargada de investigar las eventuales responsabilidades del presidente Ernesto Samper en la financiación con dineros del cartel de Cali de su campaña presidencial, opto por inhibirse de abrir una inVestigación formal en contra del jefe del Estado. En términos jurídicos la decisión implica que la Comisión no encontró méritos judiciales para investigar penalmente a Samper. Y en términos políticos, que el primer mandatario pudo cobrar su primer triunfo en todo este asunto desde cuando el escándalo se escaló por las revelaciones hechas por Santiago Medina a la Fiscalía.
Y a fe que lo cobró. A pesar de que la noticia del auto inhibitorio casi se ahoga en medio de la indignación nacional por el episodio del 'narcomico', una vez que la Cámara de Representantes hundió la peligrosa iniciativa gracias entre otras cosas al anuncio del Presidente de que vetaría la norma en caso de ser aprobada por el Congreso, Samper pudo finalmente a partir de la noche del jueves salir a los medios de comunicación a promover su éxito: concedió entrevistas a casi todos los medios, habló del tema en los discursos que pronunció y mostró una cara alegre y optimista que se había vuelto escasa en los últimos meses.
Como es obvio, la decisión de la Comisión dejó a muchos descontentos, debido por un lado a los problemas de credibilidad del Congreso -del que hace parte la Comisión- que se agravaron la semana pasada por cuenta del 'narcomico', y por el otro, a que algunos analistas consideran que un debate que ha debido ser esencialmente político se judicializó excesivamente y adquirió por momentos un cierto tufillo tinterillesco. En cuanto a lo primero, en defensa de Samper debe decirse, como él mismo lo ha planteado, que él no escogió a su juez, y por ello mismo no puede responder por los problemas de credibilidad de los parlamentarios. En cuanto a lo segundo, el Presidente y su abogado Antonio José Cancino, han repetido que el debate político es bienvenido.
Y en efecto, el debate político vendrá, o mejor dicho, continuará, pues si bien en la Comisión de Acusaciones el análisis fue exclusivamente penal, en los medios de comunicación y en varias sesiones plenarias del Congreso el debate político se viene dando desde hace muchos meses y nada indica que vaya a terminar pronto.
Pero aun si faltan muchos rounds en este campo, es indiscutible que el auto inhibitorio de la Comisión de Acusaciones le resuelve a Samper una parte del problema. Todo indica que el Presidente y su gobierno así lo sienten y que piensan actuar en consecuencia. Al final de la semana se acumulaban los rumores sobre la inminencia de una crisis de gabinete que Samper aprovecharía para refrescar su equipo de ministros, darle un timonazo a la situación y tomar firmemente las riendas de su gobierno. Al parecer esta no será la única medida para recuperar la ofensiva. Según pudo establecer SEMANA con fuentes del alto gobierno, el cambio de año será pródigo en anuncios que pueden incluir, entre otros, el de una reactivación de los contactos con la guerrilla, la consolidación del Pacto Social y una ofensiva en Estados Unidos para garantizar la certificación que Washington debe otorgarle al país en materia de lucha antidrogas. Está claro pues que en las primeras semanas del año que está por comenzar, Ernesto Samper va a tratar de demostrar que es capaz de dejar atrás y sobrevivir en términos definitivos el escándalo en torno de la financiación de su campaña.