Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/08/28 22:00

A mansión por cárcel Helbert Otero, accionista mayoritario de Fidupetrol

El empresario se declaró inocente del delito de tráfico de influencias, en el caso del presunto soborno al magistrado Jorge Pretelt.

Helbert Otero Pacheco. Foto: Archivo Particular

En el prestigioso condomio los Altos de Yerbabuena al norte de Bogotá, estará detenido Helbert Otero, el presunto determinador del tráfico influencias en la Corte Constitucional.

El lugar está  situado en el kilómetro 32 vía Chia, casa 35A que  será  acondicionado con todos los requerimientos de seguridad.

La decisión la tomó el juez 50 garantías, quien indicó que la Fiscalía presentó evidencias de que Otero pudo haber cometió ese delito.

El juez sustentó la detención afirmando que "Se nota la cercanía que tiene con los involucrados por lo que hay riesgo de que pueda influir en los testigos y afectar el proceso. También es evidente su posición económica y podría salir del país sin cumplir con el proceso que se adelanta en su contra". 

Asi mismo, el funcionario judicial argumentó que lo sucedido en la Corte Constitucional se afectó "la institucionalidad del organismo nacional".

Sin embargo, el juez también acogió los argumentos de la defensa de Otero que señaló que él es padre cabeza de familia y responde por cinco personas, entre ellas, sus hijos menores de edad. Por lo anterior, se decidió que pudiera cumplir su detención preventiva en su domicilio. 

La Fiscalía lo acusa de haber contratado al abogado Víctor Pacheco, quien también tiene un proceso penal en su contra,  para que presuntamente lograra que los magistrados seleccionaran de la tutela del caso Fidupetrol en la Corte Constitucional.


Las pruebas

Durante la diligencia judicial, el fiscal del caso, Fabián Ordoñez, presentó los contratos de prestación de servicios que tenía Pacheco con Fidupetrol, asi como el registro de visitas que realizó el abogado a la Corte Constitucional entre marzo y octubre de 2013, tiempo en el que supuestamente ocurrieron los hechos.

También le presentó al juez tres interrogatorios realizados a la expresidente de la firma, Maria Helena Giraldo; el asesor jurídico, Camilo Ernesto Mendoza; y el abogado, Víctor Pacheco. Con estos quería probar el poder de decisión que tenía Otero al interior de esa empresa.

"Otero tomaba las decisiones en la firma por ser el socio mayoritario con una participación del 49,10% de las acciones de Fidupetrol a través de la compañía Técnica y Consultoría Financiera -Tecfin", explicó el representante del ente investigador.

En el interrogatorio Víctor Pacheco aseguró que se encontraba en Barranquilla cuando fue contactado por Otero. El ejecutivo le ofreció ejercer la defensa de la firma por unos honorarios de 152 millones de pesos.
El fiscal del caso tiene la tesis de que el objetivo del contrato era la realización de gestiones para que saliera avante una tutela que favorecía los intereses de la firma.

"La cabeza de todo este asunto era Helbert Otero, el hombre detrás del escritorio era él quien trajo desde Barranquilla al abogado Víctor Pacheco. La misión era clara: si las cosas salían como lo planeado y esa tutela era aceptada, Fidupetrol no pagaría los 22.500 millones de pesos derivados de una deuda que tenía con la Gobernación de Casanare", dijo el fiscal.

Con estas pruebas el delegado del ente acusador le pidió al juez que Otero fuera cobijado con la medida de aseguramiento. Aunque incluso solicito que fuera enviado a la cárcel, el juez no accedió y le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Al respecto el fiscal del caso aseguró que "con la capacidad que tiene Helbert Otero podría alterar las pruebas y documentos. Cuenta con los recursos suficientes para salir del país y no enfrentar este proceso. En lo que va del año ha salido 30 veces al extranjero y esto es un indicio para que no responda con los llamados. De otro lado, si Víctor Pacheco está en la cárcel es inconcebible que él -Otero- siendo el determinador este libre". 

Por estos hechos Helbert Otero podría enfrentarse a una pena de ocho años de prisión. Será un juez quien determine hasta dónde va su responsabilidad en estos hechos que dieron para escribir la novela sobre el escándalo más grande en la que era la Corte más respetada del país

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