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| Foto: Archivo Semana.

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Mapiripán: Dudas y certezas de una masacre

Quince años después de lo sucedido en ese municipio del Meta, el país sigue sin conocer la verdad. Semana.com habló con dos de las figuras más relevantes de este caso, quienes desde orillas distintas han dedicado más de una década con el fin de esclarecer la verdad.

22 de marzo de 2012

Lo ocurrido en el municipio de Mapiripán (Meta) en 1997, se convirtió en una de las masacres más emblemáticas de la historia reciente de Colombia.
 
En cinco días, entre el 15 y el 20 de julio de ese año, paramilitares enviados por Carlos Castaño desde Urabá torturaron y asesinaron, según él mismo lo confesó, a 49 civiles de esa región con la complicidad de efectivos del Ejército. Por esa masacre, la justicia colombiana condenó a cinco militares a 37 años de prisión, entre ellos al general Jaime Humberto Uscátegui, mientras la Corte Interamericana obligó al Estado, en 2005, a pagar más de tres millones de dólares a varios de los familiares de 20 víctimas, las únicas identificadas entonces.

Sin embargo, hay hechos que aún continúan sin esclarecerse 15 años después. En el marco del Foro ¿Funciona la protección internacional de los derechos humanos? Organizado por Semana y la Universidad Sergio Arboleda, Semana.com habló con dos antagonistas del caso.
 
De un lado José Jaime Uscátegui, quien no solo es el hijo del general Jaime Uscátegui sino que también es el líder del proceso de apelación frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del otro lado, Luis Guillermo Pérez, fiscal del Colectivo de abogados que defiende a las víctimas.

¿Cuál ha sido su vínculo con el proceso de Mapiripán?

Luis Guillermo Pérez, fiscal del Colectivo de abogados de las víctimas 

 
Yo fui uno de los abogados de las víctimas y quien presentó la acción de tutela que llegó a la Corte Constitucional para que el proceso volviera a la justicia ordinaria. Esto fue después de que la justicia penal militar condenara al General Uscátegui y condenara al Coronel Hernán Orozco Castro a 40 y 36 meses de prisión respectivamente. Ante una masacre de tales proporciones, obvio que no estábamos conformes con una sentencia de esa naturaleza. También actué para que se protegiera la vida del coronel Hernán Orozco Castro y a partir de eso se recrudecieron las amenazas en contra mía y de mi familia y tuve que dejar el país. Regresé el año pasado para asumir el proceso de Mapiripán.

José Jaime Uscátegui, hijo del jeneral Jaime Humberto Uscátegui, condenado por la masacre

Son ya trece años que llevo vinculado. En 1999 es cuando vinculan a mi papá por indagatoria a la investigación, en los primeros años yo estaba muy joven y a duras penas conocía el expediente pero más o menos a partir del año 2004 es que empecé a apoderarme del caso. Mi causa no es simplemente demostrar la inocencia del general Uscátegui, mi causa es que se haga justicia con el caso de la masacre.

Desde ese año he hecho todo tipo de actividades, hice el documental 'Por qué llora el general’ que lo presenté en Mapiripán, he viajado a Washington para reunirme con la Comisión de Derechos Humanos donde soy peticionario pero donde infortunadamente mi petición no ha sido atendida. También estuve en la Corte Interamericana el año pasado para participar en la audiencia de las falsas víctimas pero me echaron porque aparénteme el hijo de un general inocente incomoda a mucha gente.

¿Cuáles son las dudas y certezas de lo ocurrido en Mapiripán?

Luis Guillermo Pérez

La certeza es que hubo una masacre. La certeza es que el Estado colombiano sigue incumpliendo con su responsabilidad de identificar plenamente a las víctimas. La certeza también es que Carlos Castaño anunció al país que habría muchos más Mapiripán. La certeza es que Carlos Castaño no actuó sólo sino que actuó con la responsabilidad de las fuerzas armadas de ese entonces que contribuyeron a desplegar ese proyecto paramilitar en todo el país. La certeza es que frente a otros perpetradores, los hombres de atrás, los determinadores, sigue sin hacerse justicia.

Ni siquiera se ha vinculado al general Rito Alejo del Rio formalmente, pese a que el propio general Uscátegui lo denuncia. La certeza es que ahora se reconocen unas falsas víctimas cuando la responsabilidad del Estado era también identificar si eran o no eran víctimas.


José Jaime Uscátegui

Empecemos por las certezas: hubo una masacre en julio de 1997 y en la que el Estado por acción y por omisión tiene una responsabilidad. Desafortunadamente no se ha avanzado para esclarecer la responsabilidad de las víctimas ni para establecer responsabilidades. Entonces tenemos falsas víctimas como las que presentó el colectivo de abogados en la Corte Interamericana y tenemos falsos victimarios como lo es el general Uscátegui, que se convirtió en un chivo expiatorio.

Las dudas que hay es que no se ha hecho justicia finalmente, porque de las 20 víctimas que reconoce la Corte Interamericana en su sentencia 12 son falsas, tal y como lo han recogido los medios de comunicación.

Y por el lado de los victimarios, uno de los responsables y el oficial de más alto rango vinculado a estos hechos, se llama el general Uscátegui. Él era un comandante militar que se encontraba totalmente ajeno a estos hechos porque él se encontraba ubicado en Villavicencio a 300 kilómetros de distancia, cuando la operación militar que terminó con la masacre de Mapiripán se manejaba por San José Del Guaviare y desde el Urabá antioqueño.

¿Ha funcionado la intervención internacional para esclarecer lo sucedido?

Luis Guillermo Pérez


La labor de la Comisión y de la Corte Interamericana tanto como la labor de la Corte Europea de derechos humanos, resultan imprescindibles para hacer avanzar el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Aquí en Colombia se cuestiona la acción de la Comisión y de la Corte. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que pese a todas las dificultades su labor ayuda a la democracia a avanzar en Colombia, a proteger muchas vidas y a que la justicia colombiana evolucione, incluso a partir de la propia jurisprudencia.

José Jaime Uscátegui

En este caso particular no, porque la intervención del sistema interamericano no ha contribuido a la verdad, no ha contribuido a la justicia, a la reparación, a la construcción de memoria histórica y tampoco ha contribuido a la reconciliación, como busco demostrar con mis pruebas que son las imágenes de las falsas víctimas o de las indemnizaciones fraudulentas, entre otras.

¿Qué supone el hecho de que hayan aparecido falsas víctimas?

Luis Guillermo Pérez

En un país donde la gente vive en la miseria, donde la gente es víctima de todos los actores armados, donde la gente finalmente busca la manera de sobrevivir, pues es posible que algunos aprovechen esa condición, tal y como ha sucedido en el caso de la masacre de Mapiripán para presentarse como víctimas sin realmente serlo. Ahí el Estado tiene la obligación de evitar que eso se reproduzca.

José Jaime Uscátegui

Que la investigación tanto interna como en el ámbito internacional ha sido conducida de manera irregular. Lo primero que se tenía que establecer, una vez sucedidos los hechos, es la cantidad de víctimas y cuáles eran sus identidades, y hoy quince años después seguimos patinando porque ni siquiera sabemos cuáles son las víctimas.

Entonces todo esto ha sido un show mediático tomando testimonios sueltos y reconstruyendo una verdad que hoy sabemos que es a medias o incompleta. Y que más que una verdad, tiene características de una mentira porque todo esto no es ni cierto ni verdadero.


¿Se podrá recuperar el dinero que les fue entregado a las falsas víctimas?

Luis Guillermo Pérez

Le hemos dicho claramente al ministro de la defensa que nos diga donde se lo consignamos para devolverle el dinero que recibió el colectivo de abogados. Esperamos que igualmente doña Mariela no haya desaparecido de la noche a la mañana los 1.700 millones con los que fue indemnizada y que se puedan recuperar esos bienes.

José Jaime Uscátegui

Ya se inició un proceso en la unidad anticorrupción de la Fiscalía, se llamó a seis presuntas falsas víctimas a interrogatorio y la idea es que ese proceso avance hasta las últimas consecuencias para determinar cuáles fueron las personas y los abogados que estuvieron detrás del fraude. Ahí se deben tomar los correctivos, cárcel para los mentirosos y estafadores y que devuelvan la plata porque finalmente es un desfalco al patrimonio público.