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| 4/9/2014 12:00:00 AM

Máquina ‘tapahuecos’, a rendir cuentas a la Fiscalía

La Unidad Anticorrupción abre investigación preliminar por el contrato.

Parece que la historia revelada por Semana.com sobre el polémico contrato de la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial (UMV) con la recién creada empresa Green Patcher S.A.S., para tapar los 220.000 huecos de Bogotá, dista de tener un final feliz.

El complicado desarrollo de las actividades de reparación vial sumado a las advertencias de diferentes entes de control del Distrito, hacen la situación cada vez más insostenible. Esta vez, el turno fue para la Fiscalía.

El contrato, adjudicado el 27 de diciembre del año pasado, está bajo escrutinio de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, entidad que abrió una investigación preliminar en este caso. 

Desde que se conoció la llegada de las máquinas a la ciudad, las primeras supuestas irregularidades salieron a relucir, por cuenta del concejal del MIRA Jairo Cardozo. La más grave: que el contrato habría sido entregado prácticamente a ‘dedo’ y sin pasar por el cedazo de la ley de contratación estatal.

Es decir, al tratare de una obra civil, el proceso debía someterse a licitación pública, y por el contrario, se suscribió bajo el ropaje de ‘ciencia y tecnología’. Según la entidad contratante, la tecnología de esta máquina no existía en el país y era especializada.

En el último mes, se pronunciaron la Contraloría y la Veeduría Distrital, y coincidieron en que en ese contrato ha podido configurarse una serie de irregularidades, sobretodo, el haberse suscrito bajo el argumento de que se trata de un proceso de innovación tecnológica.

Igualmente, la Personería de Bogotá remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación sobre el caso. Así, el Ministerio Público estudiará también, en un proceso preliminar, si hubo o no irregularidades.

Otro de los datos polémicos es que, en Colombia, el representante de la firma es Juan Pablo Posada, un actor que tuvo un fugaz paso en la televisión. La empresa con un capital inicial de cinco millones de pesos firmó un contrato con el Distrito por cerca de 12.000 millones de pesos.

Este espinoso suceso también puso en aprietos a la directora de la UMV Maria Gilma Gómez. A principios de este mes, el contralor distrital, Diego Ardila Medina, le solicitó al alcalde (e) de Bogotá, Rafael Pardo, la suspensión de María Gilma, de su cargo, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad. Y finamente, la semana pasada, el alcalde la suspendió de su cargo.

Ahora le corresponde al ente acusador investigará hasta dónde se cometieron irregularidades en la suscripción del cuestionado contrato.
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