Salpicados en máquina ‘tapahuecos’ piden tumbar el proceso en su contra

Otro capítulo en el polémico contrato de la máquina ‘tapahuecos’ se empezó a escribir este martes luego de que la Procuraduría inició la audiencia verbal contra tres funcionarios de la de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV) por el escandaloso contrato para tapar 220.000 huecos en la ciudad de Bogotá.

Para la Procuraduría, María Gilma Gómez, exdirectora general de la UMV; María Constanza Aguja, en su condición de secretaria general de la entidad, y Olga Patricia Mendoza, jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica, cometieron una posible irregularidad al adjudicar el millonario contrato de manera directa y no mediante licitación, por lo cual les formularon cargos por culpa gravísima a título de dolo.

Sin embargo, Julio César Montañez y Rafael Eraclio Martínez, abogados defensores de los implicados, tenían un ‘as’ bajo la manga para frenar el proceso por un tiempo. Solicitaron la nulidad de todo lo actuado, al considerar que no se respetó el debido proceso desde la imputación hasta el pliego de cargos, al igual que consideran ellos que el proceso no tenía por qué ser verbal ni público. Por el contrario, se debía llevar por el cauce ordinario.

Según los juristas, a sus defendidos se les violó el debido proceso porque el despacho tramitó de manera inmediata el pliego de cargos, sin tener pruebas contundentes para ello, “violando el debido proceso y el derecho legítimo a la defensa”, según el abogado Martínez.

Ahora, el procurador Óscar Rodríguez tiene en sus manos la posible continuidad del proceso o, por el contrario, empezar de cero y recaudar nuevas pruebas respecto al contrato que actualmente se está ejecutando y que buscaba adelantar el reparcheo de 220.000 huecos superficiales en las vías de la capital, mediante una novedosa tecnología británica. 

El documento se suscribió en diciembre del 2013 y en enero pasado, con el alcalde Gustavo Petro a bordo, se iniciaron los trabajos en el norte de la ciudad. Sin embargo, aparentes irregularidades empezaron a aparecer: se conoció que el proceso contractual se había hecho bajo el ropaje de ‘ciencia y tecnología’, lo que significó que no se hiciera la licitación.

Adicionalmente, los huecos rellenados empezaron a destaparse nuevamente y se descubrió que hubo inconvenientes con la mezcla empleada, lo que causó la suspensión de los trabajos y el subsiguiente retraso en la operación.

Según el Ministerio Público, las irregularidades se presentaron en la suscripción del contrato por 11.000 millones de pesos de manera directa con la firma Green Patcher S. A. S., pese a que por la naturaleza real del objeto a contratar, sus obligaciones y la forma de pago, se trataba de uno de obra pública que exigía un proceso de licitación.

Para la Procuraduría, pese a que el proceso se concibió bajo la modalidad de ‘ciencia y tecnología’, se evidencia que por su naturaleza, las obligaciones estipuladas allí y la carta de presentación de la propuesta (que integra el contrato), se trataba de un típico contrato de obra.

El pliego de cargos señala que la señora Mendoza Navarro, jefe de la Oficina Jurídica para ese momento, habría suscrito irregularmente, el 26 de diciembre del 2013, los estudios previos de la contratación directa. Además, proyectó el 27 de diciembre del 2013 el acto administrativo de justificación de la contratación directa.

La conducta de la exdirectora Gómez se investiga también, pues ella era la ordenadora del gasto y porque suscribió directamente el citado contrato, sin verificar previamente la evaluación efectuada, pues al parecer el proponente no cumplió con la experiencia específica exigida.