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| 10/30/2011 12:00:00 AM

Mar de leva

Un polémico proyecto de ley busca conservar el patrimonio que hay en los cientos de naufragios que yacen en el fondo del mar, pero también sacarlos y pagarles a los rescatistas.

Tres siglos después de naufragar, el galeón San José y otros navíos que yacen en el fondo de los mares colombianos siguen en medio de la batalla. Pero ahora no son los corsarios ingleses quienes quieren quedarse con los valiosos cargamentos de oro, plata y piedras preciosas que transportaban hacia las arcas de la Corona española, sino los cazadores de tesoros que siguen deslumbrados con la posibilidad de rescatar riquezas dignas de Las mil y una noches.

El último episodio por el San José se libró esta semana en Estados Unidos, pero desde ya se vaticina que las próximas se desarrollarán en el Congreso de la República, donde ha empezado a desatar duras polémicas un proyecto de ley que busca crear un marco jurídico para proteger, pero también para sacar y vender muchos de los tesoros que tienen las más de mil embarcaciones sumergidas en aguas nacionales.

Esta semana, el juez James Boasberg, de la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), falló sobre la demanda que contra el gobierno de Colombia había instaurado la empresa Sea Search Armada (SSA) por 17.000 millones de dólares. La SSA argumentaba que el gobierno de Colombia había violado un supuesto contrato firmado con la Nación a comienzos de los años ochenta para ubicar y rescatar el galeón a cambio de un porcentaje de lo hallado. De igual manera, la empresa cazatesoros dijo que como el gobierno se apropió ilegalmente de los bienes del naufragio este debía indemnizarla con 34 billones de pesos. El martes, el juez desestimó las pretensiones, argumentando que la SSA presentó la demanda con veinte años de retraso y por no cumplir los requisitos para este tipo de procesos. Sin embargo la SSA tiene 30 días para apelar la decisión.

Mientras que este pleito, que comenzó en los años ochenta, se mantendrá en este u otros escenarios, el gobierno presentó un proyecto de ley que busca, según la ministra de Cultura, Mariana Garcés, precisamente llenar los vacíos en torno a la protección, conservación y rescate del patrimonio nacional sumergido. Sin embargo, la iniciativa tiene varios puntos polémicos: le da potestad al Ministerio de Cultura para contratar de forma directa la ubicación rescate conservación y aprovechamiento económico de los naufragios. De igual manera, el gobierno pretende crear una Comisión de cinco miembros que deberán determinar, una vez se finalice la extracción de algún vestigio, qué tanto de lo hallado es patrimonio de la Nación y el valor que tiene. De la parte que consideren que no lo es, el Estado le reconocerá como remuneración al rescatista entre el 10 y el 25 por ciento del valor bruto, dependiendo del monto de lo hallado. Lo contradictorio es que, en caso de que todo sea patrimonio, la ley establece que se le pague al rescatista con cargo a la Nación el mismo porcentaje, pero sobre la totalidad del hallazgo.

Enrique Bautista, presidente de la Sociedad Colombiana de Arqueología, dice si ya existen en la legislación comisiones expertas, como la de Patrimonio, con más personas, con mayor experiencia y más difícil de corromper, no hay razón para que el gobierno cree otra más. "Fuera de que el proyecto atenta contra convenios internacionales firmados por el país y de que se prohíbe valorar o transar el patrimonio de la Nación, lo que está haciendo el gobierno es darle incentivos económicos a la 'güaquería'. Todo lo que está sumergido es patrimonio y no se puede valorar ni vender".

Ahora bien, este criterio puede ser válido para piezas o artefactos únicos, que claramente son patrimonio. El problema está en que para el gobierno nacional y para quienes pretenden sacarlo, en el San José y en otros muchos naufragios habría -según las relaciones de carga- miles de monedas de oro y plata, piedras preciosas y lingotes. Por eso, el proyecto busca que estas especies 'repetidas' se puedan vender (tras guardar una muestra significativa) y generar recursos para preservar la cultura y para las arcas estatales. Este será el tema de mayor discusión.

"Desde hace 30 años el país ha discutido qué hacer con el patrimonio sumergido, y al final quedamos en el peor de los mundos: sin legislación y a merced de los cazatesoros, que con las nuevas tecnologías están cada vez más cerca de los naufragios, si es que ya no los han saqueado. En el proyecto hay temas polémicos, pero creemos que logramos llegar a un punto en el que se protege el patrimonio pero se viabiliza su rescate", dijo la ministra Garcés.

Sin duda, es hora de que el país defina lo que va a hacer con su patrimonio sumergido, lo proteja de los cazatesoros y siente precedentes legales que frenen los intereses de otros países. Todo indica que la iniciativa todavía no convence, ni está completa, ni cierra las puertas a la ambición que llevó al fondo del mar al San José y a otros más. El debate está abierto.
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