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| 10/29/2013 12:00:00 AM

Las razones por las que marcha el sector salud

Con batas blancas y cintas negras, el gremio exige que se modifique el proyecto de reforma a la Ley 100.

La reforma a la Ley 100 de 1993 no termina de convencer a los estudiantes de especializaciones clínicas, a los internos, a los hospitales, a los médicos, enfermeros, salubristas y al sector salud en general. Así se demuestra en las marchas que se realizarán en las principales ciudades del país en la mañana de este martes. 

Además, también se suspenden de manera indefinida las consultas externas en casi 400 hospitales públicos de toda Colombia, excepto la atención de urgencias vitales, como otra manera para exigir la modificación o el retiro inmediato de la llamada reforma a la salud.

¿Qué es lo que incomoda? Desde cuando comenzaron los debates en el Congreso sobre la reforma, diferentes sectores del gremio se han expresado en contra de lo propuesto, pues aseguran que esto mantiene y fortalece el negocio que se ha creado en torno a la salud, contrario a lo que sostiene el ministro Alejandro Gaviria.

Pero el punto que más molesta al gremio es la propuesta de Gaviria sobre las especializaciones médicas. El ministro ha dicho que para acabar con esta “mafia”, término que ha utilizado para referirse a los especialistas, es necesario permitir que sean los hospitales y no las universidades las que formen a los residentes para lograr que las elecciones sean a dedo. 

El capítulo con esta información fue agregado a la reforma a finales de agosto y, desde entonces, la inconformidad con el proyecto de ley ha aumentado. A esto se suma que hace dos semanas fue aprobado por el Senado y pronto será debatida por la Cámara de Representantes.

El ministro defiende la propuesta argumentando que hay muy pocos especialistas en el país y que uno de los obstáculos es la manera en la que las universidades escogen a los residentes, que son los estudiantes de especializaciones médicas.

“No hay que ser muy suspicaz para pensar estos pocos especialistas cobran mucho por su trabajo (hasta 25 millones de pesos, sin ser de planta) y, aparte, son un eslabón en esa cadena que no deja entrar a más gente”, determinó Gaviria. 

En entrevista con Semana.com, el senador Armando Benedetti aseveró que apoya al ministro y la reforma, pues considera que esta modificación está relacionada con el tema financiero. 

“Es para que los médicos tengan mayores funciones públicas y para pagarles mejor. Eso no es un cartel, es una mafia con la que se busca acabar porque las juntas de médicos deciden cuántos y cuáles son quienes entran a los programas. Vamos a democratizar el sistema y a hacer que todos tengan los mismos derechos”, aclaró Benedetti. 

Sin embargo, lo que le preocupa a este gremio es que al ser las instituciones prestadoras de salud quienes tengan las especializaciones y no las universidades, se pierde la formación teórica y ética. 

Carolina Corcho, presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), explicó que el modelo se tiene que pensar entre el hospital y la universidad. “No es posible concebir el uno sin el otro ya que debe ser un hospital universitario el que brinde el servicio. En los pocos casos, cuando sólo lo hace el hospital, la calidad es menor. Hace cien años, (Abraham) Flexner dijo que ese modelo fracasa y que se debe hacer en conjunto con las universidades, pero en Colombia queremos retroceder cien años”, agregó. 

Por esto es que marcharán, pero no sólo los estudiantes de la salud o de las especializaciones, sino también los hospitales. El Comité Nacional de secretarios de salud y de gerentes de hospitales anunció que apoya la jornada nacional de protestas, al igual que movimientos sindicales y sociales. 

La advertencia de la SuperSalud

La Superintendencia Nacional de Salud le recordó a quienes cesen sus labores que la seguridad social es un servicio público obligatorio y que el Código Sustantivo del Trabajo prohíbe "la huelga en los servicios públicos prestados por establecimientos sanitarios de toda clase, tales como hospitales y clínicas", como lo anunció mediante un comunicado

Aunque la Supersalud no habló explícitamente de una prohibición, instó a las personas e instituciones encargadas de prestar servicios de salud para que acaten los fundamentos constitucionales y eviten "conductas que impidan, obstruyan, retrasen o alteren el acceso a la prestación normal de todos los servicios de salud, en especial aquellos cuya desatención podría afectar el derecho a la salud y la vida de los ciudadanos".

El Movimiento Social por una Salud Digna en Colombia le respondió a la Superintendencia y explicó que precisamente con estas acciones lo que buscan es salvaguardar la salud y la vida de los pacientes.

Agregó que no habrá alteración en la prestación de los servicios de salud, en especial de aquellos que son considerados servicios vitales. Es decir, urgencias, ginecología, pediatría, neonatología, hospitalización y UCI.

"Se aclara que los servicios no vitales y/o ambulatorios contaran con la prestación del servicio en condiciones de calidad a fin de evitar retrasos y falta de atención a la población, así mismo se realizarán jornadas de consulta de medicina general y asesorías especializadas durante la marcha, que contará con la colaboración de todos los profesionales de la salud de las distintas aéreas que asistan", concluye la organización.

Lo que piensa la ANIR
La ANIR reiteró los argumentos para marchar, mediante un comunicado en el que los internistas y residentes de Colombia expresan su preocupación sobre la reforma a la Ley 100. Semana.com reproduce los cinco puntos.

1. Esta propuesta mantiene y fortalece el negocio de salud, empeora la Ley 100, permitiendo la transformación de las EPS en Gestoras de Salud, otorgándoles un papel dominante en el sistema, legalizando la apropiación de recursos públicos de la salud a manera de utilidades a costa de la atención de los pacientes y de la remuneración digna de los trabajadores del sector salud. 
 
2. El texto agrava de forma irremediable la atención en salud limitando aún más el plan de beneficios y dejando en manos de la sostenibilidad fiscal la inclusión de procedimientos, medicamentos y tecnologías, lo cual se suma a las dificultades que tendrán los pacientes para presentar tutelas instrumento que fue limitado en la Ley Estatutaria de Salud aprobada por el Congreso en el primer semestre de 2013. 
 
3. Intenta realizar una contrarreforma laboral al otorgar facultades extraordinarias al presidente para afectar el régimen de contratación de las Empresas Sociales del Estado. 
 
4. Pretende pauperizar la formación y el ejercicio de las especialidades médico quirúrgicas, al otorgar la facultad a los hospitales de titular, en contravía de lo establecido en la ley 30 de 1992. 
 
5. Con preocupación observamos como las mayorías del Senado han aprobado de manera irresponsable un texto de 98 artículos en dos días, sin realizar el debate pertinente para la toma de una decisión trascendental para el país.
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