Marchan contra decretos de salud implantados en Colombia

Unas 10.000 personas marcharon el jueves por las calles de Bogotá en protesta por medidas que adoptó el gobierno para paliar la crisis económica que vive el sector de la salud y que han desembocado en uno de los más recientes dolores de cabeza para la administración de Alvaro Uribe.

En la marcha participaron líderes y miembros de organizaciones sindicales y ciudadanas que se apostaron en diferentes puntos de la capital para caminar hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad para exigir la "derogación total" de los 14 decretos expedidos por Uribe el pasado 23 de diciembre.

Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia (CGT), una de las organizaciones que convocó a la protesta, dijo que los decretos "tienen colapsada a la salud en Colombia".

Las medidas expedidas bajo una figura constitucional de excepción conocida aquí como "emergencia social" permiten al gobierno emitir decretos con fuerza de ley, sin pasar por el trámite en el Congreso. Ellas han causado en los últimas semanas protestas de gremios médicos y sindicatos que aseguran que las medidas, entre otros perjuicios, reducen la autonomía de los doctores y con ello merma la calidad del servicio de salud.

El gobierno, presionado por las críticas, ha dado marcha atrás en varios de los artículos de los decretos, entre ellos el que disponía la creación de un comité técnico para regular qué medicinas o tratamientos podía recetar un médico y que si se incumplía, los doctores debían pagar una multa de unos 25,7 millones de pesos (alrededor de 13.900 dólares).

La creación del comité sigue en vigencia, pero las multas fueron derogadas.

El gobierno mantiene que el sector salud, como los hospitales públicos, tiene una millonaria deuda con proveedores, por ejemplo, y que era necesarios ajustar costos y la prestación de servicios.

Esperanza Morales, vocera de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, dijo que el paquete de medidas "atenta contra el derecho de la salud" porque discrimina entre quienes tienen o no dinero para pagar el servicio.

Los usuarios también se pronunciaron en contra pues temen verse perjudicados.

Por ejemplo, Agustín Moreno, un jubilado de 63 años, manifestó su preocupación porque en uno de los decretos figura la posibilidad del cierre de un hospital que no sea viable financieramente.

"Si desaparecen ¿qué vamos a hacer los usuarios?", dijo Moreno.

AP.