Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1988/06/27 00:00

MARCHISMO-LENINISMO

La violencia en las marchas campesinas está agotando su validez como legítimo mecanismo de protesta.

MARCHISMO-LENINISMO

El presidente Virgilio Barco se encontraba trabajando en un hotel de la ciudad portuguesa de Faro con su equipo de colaboradores, preparando las intervenciones públicas de la gira por Europa y Estados Unidos que acababa de comenzar. Muy lejos de este oasis de fin de primavera, el ministro de Gobierno César Gaviria -a la sazón ministro delegatario en funciones presidenciales- pasaba en vela la noche del miércoles al jueves, siguiendo paso a paso los informes que le llegaban de distintas regiones del país, con los alarmantes datos sobre la forma como se deterioraba la situación de orden público.
A Gaviria y al consejero presidencial para la rehabilitación Rafael Pardo, les quedaba difícil decidir a qué problema dedicarle más atención. La verdad es que había de dónde escoger. Más de media docena de marchas campesinas en Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre y los Santanderes, generaban mucha más tensión de lo que se había esperado. Una de esas marchas, detenida en Barrancabermeja, encontraba una ciudad encendida por disturbios originados en el asesinato de un dirigente de la USO, el sindicato petrolero. Los campesinos de otra marcha, detenida en Sincelejo, eran desalojados con cierta violencia por las autoridades de la sede de la arquidiócesis de esa ciudad. En Ocaña, Norte de Santander, cerca de donde marchaba otro nutrido grupo de campesinos, el ELN volaba puentes y quemaba buses intermunicipales. Mientras tanto en Cali, más de 10 bombas eran desactivadas por la policía, pero una más estallaba y quemaba los cuatro pisos del almacén "La 14", uno de los más grandes de la ciudad. En Medellín también habia bombas y, para completar, eran hallados cinco cadáveres como aparente resultado de una vendetta. Bogotá misma no se salvaba: medio centenar de barrios del sur de la ciudad se lanzaban a la protesta para exigir agua potable, y estudiantes de la Universidad Nacional se tomaban la Embajada de México, para solicitar respeto a las marchas. Como si todo esto fuera poco, se revelaba el hallazgo de dos fosas comunes, una en el Huila y otra en Caquetá, con más de 20 cadáveres en total. Un panorama, en fin, que debió hacer que el ministro Gaviria deseara no haber aceptado nunca la delegación presidencial.
Aunque no todos estos hechos podían relacionarse unos con otros más que como diferentes expresiones de la misma guerra de guerras que vive actualmente Colombia, un buen número de ellos correspondía sin duda alguna a un plan preconcebido. Plan que encajaba, algo más que coincidencialmente, con las marchas campesinas que venían siendo preparadas en el norte y el nororiente del país desde hacía varias semanas. Y plan que, a pesar de ser nacional, el gobierno trató equivocadamente de enfrentar como si se tratara de distintas expresiones de protesta regional. Encargó por ello a los gobernadores del manejo de los diferentes problemas, sin tener en cuenta que muchas veces, uno de ellos tenía que resolver una marcha que sin haber comenzado en el territorio de su departamento, había terminado por llegar a él. Como si fuera poco, en Santander, uno de los departamentos con mayores problemas, había un gobernador saliente y uno recién nombrado y aún no posesionado, y ninguno de los dos parecía dispuesto a tomar las riendas de la situación. De ahí que durante esa noche de pesadilla del miércoles al jueves, Gaviria haya tenido que recomponer los pedazos de un rompecabezas y, desde Bogotá, asumir el mando para enfrentar la grave situación.
Mientras el gobierno repetía por todos los medios de comunicación que la situación se hallaba bajo control, la oposición reflexiva, en un arranque de lo que algunos calificaron de oportunismo, arreció las críticas contra el gobierno y el propio Misael Pastrana, en tono vehemente, dijo: "El país está angustiado y vive momentos de zozobra y no es lógico que el jefe del Estado este ausente en una misión que no tiene la importancia, la trascendencia y los requerimientos de inmediatez que pudiera demandar su presencia fuera de la nación".
La respuesta del Presidente a estas críticas no fue más afortunada: "La situación es perfectamente normal. Los brotes de violencia y las dificultades siempre han existido durante los últimos 30 años. Eso es parte de la guerra sicológica que pretende obstaculizar el viaje". Si bien es cierto que este tipo de alteraciones del órden público no son excepcionales por estos días, lo que se hizo evidente era que respondían a un plan premeditado y no se podía esperar, como parecía ser la pretensión oculta, que el Presidente le hiciera juego y regresara al país.
LA GRAN MARCHA
El reto no era insignificante. Gran parte de lo sucedido se explicaba en una decisión del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Ante las acusaciones que siempre se le han hecho de ser una organización aislada de las masas y de que sus actos terroristas no tienen nada que ver con las luchas populares, el cura Manuel Pérez, jefe de este grupo, optó por hacer una demostración de su capacidad de movilización de campesinos. En una operación coordinada en siete departamentos, los "élenos" organizaron una serie de marchas campesinas, inspirados en la Gran Marcha impulsada por Mao y que culminó con el triunfo de la revolución china. Si bien el objetivo del ELN no era precisamente la revolución colombiana, la capacidad de perturbación no se podía despreciar.
Perturbación que, como era de esperarse, no se limitó a poner a los campesinos a recorrer grandes distancias, sino que incluyó voladuras de puentes y torres y saboteos al poliducto que abastece de gas a Bucaramanga, así como el enfrentamiento a tiros con el Ejército en el sitio La Fortuna, en el Magdalena Medio, en el que perdieron la vida un cabo, un soldado y dos campesinos, y en el que no se supo quién había sido más irresponsable, si el Ejército o el ELN, al mezclarle bala a una concentración multitudinaria de campesinos. Este tipo de acciones violentas que acompañaron las protestas campesinas, ofrecieron al gobierno argumentos suficientes para responder más con pulso firme que con mano tendida, y al diario El Tiempo, los elementos para calificar las movilizaciones como "marchas hábilmente organizadas que se están quitando la careta para mostrar su faz netamente política".
Pero aunque sin duda algo de esto había, algo había también de profundo descontento por el abandono del Estado a ciertas regiones y particulamente, por la sangrienta respuesta que se le estaba dando en algunas zonas a las intenciones -muchas veces legítimas- de los campesinos de protestar. El gobierno, consciente de ello, no sólo respondió con medidas policivas y militares. "Cuando se encarcela a un dirigente de un paro cívico o de una marcha campesina, por el solo hecho de organizarla -dijo a SEMANA el consejero Rafael Pardo- automáticamente estamos creando una persona para la subversión o la ilegalidad. Mientras que cuando la convertimos en interlocutora del Estado cuando negociamos, estamos reafirmándola en su condición democrática y civil".
EFECTO BUMERANG
Todas estas reflexiones del gobierno, son el resultado de la experiencia adquirida por una administración a la que le ha tocado afrontar 42 marchas campesinas desde septiembre de 1986. Según análisis del propio gobierno, un 70% de ellas ha sido impulsado por organizaciones campesinas, un 18% por organizaciones políticas y un 12% por grupos guerrilleros. Las demandas han abarcado desde el arreglo de vías hasta la desmilitarización de zonas, pasando por puestos de salud y escuelas, protección contra incursiones guerrilleras, denuncias por matanzas, etc.
Los resultados para sus organizadores han sido muy relativos. Tanto, que en el caso de la Unión Patriótica, sus dirigentes han decidido revaluar su efectividad. Para esta agrupación, las marchas en las que intervino de cerca resultaron claramente contraproducentes en materia electoral. En efecto, en La Macarena, Saravena, Arauca y San Juan de Arama, por ejemplo, que fueron escenario de grandes movilizaciones, la UP perdió las elecciones en marzo. Es evidente que una marcha campesina termina por enrarecer las relaciones del grupo organizador con los campesinos, agota a esos campesinos y, por sobre todo, exacerba los sentimientos de los grupos de extrema derecha: de los promotores del paro del nororiente, de junio del 87, 12 han sido asesinados. Además de ello, cuando ha sido claro que la movilización viene acompañada de acciones guerrilleras o abiertamente terroristas, el gobierno -como sucedió la semana pasada- termina por darle rienda suelta a la represión. Basta recordar la frase de un discurso presidencial del año pasado, que difícilmente podría ser válida ahora: "El verdadero reto de las instituciones colombianas no es cómo evitar los paros reprimiéndolos, sino cómo evitarlos tramitando las reivindicaciones por los canales de la institucionalidad. Hoy lo que está exigiendo el pueblo colombiano es protagonismo. Que no sea un convidado de piedra en las decisiones que más lo afectan y quiere; en estos paros y marchas que el Estado sea su interlocutor".
No deja de ser una lástima que estos conceptos ya no sean tan aplicables. La culpa de esto hay que repartirla entre varios: la guerrilla, por querer obtener todos los dividendos de estas protestas, y el gobierno, por incumplir muchas de sus promesas, regalándole así espacio a la penetración guerrillera del movimiento campesino. Este es un sintoma más de la forma como se han ido deteriorando las relaciones entre el Estado y la población colombiana: las protestas populares -que en otros países son un elemento más de la vida democrática- en Colombia están en tela de juicio, no porque sistemáticamente se las reprima con violencia, sino porque cada vez más claramente, son utilizadas para algo diferente a exigencias y reivindicaciones. Lo grave es que al perder su validez como vía de protesta, las marchas campesinas pueden estar labrando su propia tumba, con lo cual los campesinos tendrán que ir pensando en hacer sus peticiones por otras vías.

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