“María Ángela es la única inocente”

SEMANA: Sabiendo que la Corte con frecuencia falla en forma 'salomónica', es decir, que en sus fallos suele darle un poco a un lado y un poco al otro, ¿qué impresión le dejó la frase de la canciller?

JUAN DANIEL JARAMILLO: Las decisiones de la Corte pueden predecirse porque la jurisprudencia va evolucionando y dejando criterios claros. Yo estimo que ella se refería a una nueva interpretación del derecho internacional que se ha venido aplicando en sentencias recientes y que se aparta de la jurisprudencia tradicional. Por ejemplo, en el caso entre Guinea y Guinea-Bissau los jueces de La Haya dijeron que las normas del nuevo Derecho del Mar, nacidas en 1982, que crean la figura de la zona económica exclusiva, aplicaban a un tratado anterior. Esa nueva interpretación quizás no sea la más conveniente para las pretensiones colombianas, ni para la estrategia que adoptó el país para su defensa. El riesgo para el país es que sea la aplicada.

SEMANA: ¿Y qué es la zona económica exclusiva?

J.D.J.: Es un área marítima sobre la cual los países tienen derechos exclusivos de exploración y uso de recursos marinos y submarinos. Cubre 200 millas náuticas (aproximadamente 400 kilómetros) desde la costa e incluye mar territorial y el subsuelo del mismo. En otras palabras, los recursos energéticos se encuentran tanto en tierra firme como en el océano, por lo tanto ahí puede haber un valor colosal. Como hay muy poca distancia entre Nicaragua y las islas alrededor de San Andrés, las zonas económicas se traslapan y aquí tenemos el problema.

SEMANA: ¿En qué consiste ese nuevo derecho internacional?

J.D.J.: Los jueces hoy reclaman la facultad de establecer lo que de hecho son fronteras marítimas. Eso no se podía en el pasado. Para eso utilizan herramientas nuevas de demarcación como equidad y delimitación creativa. Esta delimitación creativa tiene bastante de discrecional e involucra un conjunto de factores jurídicos, históricos y políticos. El fallo sobre Colombia tendrá en cuenta estos tres elementos.

SEMANA: Pero ya se sabe que San Andrés y Providencia no están en juego. ¿Qué es lo que queda por definirse?

J.D.J.: Hace cinco años, en 2007, la Corte Internacional en una decisión preliminar manifestó que sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina nuestro país acreditaba títulos plenos. No están por tanto en discusión. Pero dejó para el fallo definitivo el pronunciamiento sobre los cayos Quitasueño, Roncador y Serrana y la delimitación marítima entre los dos países. El reconocimiento de nuestra soberanía sobre San Andrés y Providencia fue presentada en el gobierno anterior como un triunfo colombiano rotundo, difundido por los medios, pero no lo era pues nadie puede proclamar victoria porque le confirmen un título limpio de propiedad. A lo que no se le hizo ningún eco en ese momento fue a que quedaron expuestas para revisión subsiguiente la delimitación y soberanía definitiva de los cayos, que son de enorme valor económico y estratégico.

SEMANA: Los gobiernos colombianos siempre habían dicho que no había lugar a controversias de esta naturaleza. ¿En qué momento se volvió tema de discusión el mar territorial colombiano?

J.D.J.: Le explico. En 1980 el gobierno nicaragüense que presidía Daniel Ortega desconoció formalmente la soberanía colombiana sobre todo el archipiélago, soberanía corroborada por el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. También proclamó la inexistencia de un límite marítimo a través del meridiano 82. Al desconocer ese tratado público e incluir territorio nuestro en sus mapas, Nicaragua cometió un acto ilícito internacional que Colombia debió haber respondido de inmediato demandando a Nicaragua. En lugar de eso, se adoptó una posición pasiva y el gobierno de Julio César Turbay Ayala omitió demandar a Nicaragua. No lo hicieron tampoco las administraciones que siguieron, pese a que Nicaragua repetía su reclamo cada vez más duramente.

SEMANA: ¿Y cuáles son los argumentos jurídicos de Nicaragua?

J.D.J.: Yo tengo una opinión jurídica que incorpora los nuevos desarrollos del derecho internacional, óptica políticamente incorrecta entre nosotros. Había pendiente una delimitación marítima entre los dos países a partir del meridiano 82, pero esta era una pretensión colombiana no contenida en ningún tratado. La administración de Lleras Restrepo quiso concretar esa delimitación y factores políticos internos impidieron sacarla adelante. Se esgrimió la existencia de esa delimitación como un hecho cumplido, pero no lo era. Por eso la Corte de La Haya dijo hace cinco años que el meridiano 82 no fijaba delimitación. Haber sostenido una tesis equivocada durante tantos años y la pasividad colombiana en relación con el reclamo sobre todo el archipiélago de San Andrés y Providencia fue aprovechado por Nicaragua para exigirlo todo, tanto territorio marítimo como insular.

SEMANA: Usted critica a los gobiernos por sus actuaciones antes de la demanda de Nicaragua en 2001. ¿Cómo manejaron las administraciones que vinieron después, es decir, Pastrana, Uribe y Santos?

J.D.J.: Hay que destacar la tarea proactiva que en este sentido adelantó el gobierno de Ernesto Samper, que designó un grupo multinacional de juristas con el objetivo de estudiar todos los escenarios posibles. Cuando se presentó la demanda en el gobierno de Andrés Pastrana, Colombia inicialmente buscó desconocer la jurisdicción de la Corte. Pero después tuvo que retractarse por cuenta del Tratado de Bogotá firmado en 1948. Ese intento de desconocer al juez y luego aceptarlo a regañadientes no ha tenido buena presentación y podría traer consecuencias negativas para Colombia en el fallo definitivo.

SEMANA: ¿Y ese manejo tuvo algún efecto en el proceso?

J.D.J.: Pues claro. Si uno le dice a los jueces: "Ustedes no son competentes para conocer el caso", que fue lo que dijo Colombia cuando presentó la figura jurídica conocida como excepciones preliminares; y luego la Corte responde: "Sí, lo soy", el demandado, en este caso Colombia, arranca con el pie izquierdo. Los abogados extranjeros contratados en el gobierno de Samper habían advertido los riesgos de elegir ese camino. Pero una vez que se tomó esa decisión se incurrió en un error fundamental de estrategia judicial.

SEMANA: ¿Y cuál es la responsabilidad de este gobierno?

J.D.J.: Al gobierno de Santos le presentaron un hecho cumplido. Ya no era posible echar para atrás la defensa que se había diseñado en la década anterior. Lo paradójico es que la única que no ha tenido que ver en todo esto es la canciller María Ángela Holguín, a quien le está cayendo toda el agua sucia por unas declaraciones.

SEMANA: ¿Cómo cree usted que va a ser el fallo? ¿Cuál sería el pedacito que podríamos perder por cuenta de la decisión salomónica?

J.D.J.: Desde la óptica del interés nacional, en el mejor de los escenarios las cosas seguirán como lo han sido. En el escenario menos bueno, y aquí encuentran su razón de ser las palabras de la canciller, la Corte aplicará el principio de equidad y los postulados de Derecho del Mar de 1982. Si esto ocurre, me temo que Nicaragua se salga con la suya y el nuevo límite gire hacia el este en detrimento nuestro. No me atrevería a fijar coordenadas astronómicas al llamado 'pedacito'pero, como la canciller Holguín, pienso que es realista incluirlo dentro de las opciones que quedarían en firme en la sentencia.

SEMANA: Pero usted parece ver las cosas en blanco y negro. Afirma que los gobiernos de Lleras Restrepo y Samper son los buenos y deja la impresión de que todos los otros le parecen malos porque no coinciden con sus puntos de vista.

J.D.J.: El problema aquí no es personal sino estructural. Mis reservas no son en absoluto ante personas, sino frente a instituciones. En Colombia no tenemos todavía una Cancillería verdadera, donde operen criterios técnicos. Siempre improvisamos, a diferencia de Brasil, Perú, Chile o México. La Cancillería sigue siendo la caja menor burocrática de mandatarios y congresistas. Pero también tienen mucha responsabilidad ustedes los medios. Aquí a la política exterior informada nunca se le ha dado la trascendencia que debe tener. Y la academia tampoco se ha querido dar cuenta de un derecho internacional que rige cada vez más nuestros destinos.