Los ‘blancos’ de Hurtado y Moreno

Una de las conclusiones del fallo que condenó al exsecretario de la presidencia Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, es que esa agencia de inteligencia del Estado se convirtió, en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, en una especie de policía política que terminó espiando a cinco personajes de la vida nacional, y que por ese entonces, se estaban convirtiendo en muy incómodas para el Gobierno.

La Corte Suprema de Justicia sentenció este viernes que Moreno y Hurtado fueron los responsables de haber ‘chuzado’ a una excongresista que fue aliada del presidente Álvaro Uribe, la conservadora Yidis Medina; el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro; el entonces director de Noticias Uno y columnista de Semana, Daniel Coronell; además del magistrado César Julio Valencia Copete y su abogado, Ramiro Bejarano, paradójicamente exdirector del DAS.

Las investigaciones sobre este escándalo han demostrado que ellos se convirtieron en ‘blancos’ de investigación ilegal para el DAS y que la información que de ellos se recaudó fue entregada directamente a Bernardo Moreno en la Casa de Nariño.

El motivo por el que el DAS terminó espiándolos no aparece en la sentencia. Pero nadie duda que todos ellos, de alguna manera, terminaron convirtiéndose en personajes incómodos para el Gobierno de esa época.

Yidis Medina será recordada por haber levantado su mano en el Congreso, en el año 2004, para votar afirmativamente la reelección presidencial. Con su voto, ayudó a que Uribe pudiera ser el primer presidente colombiano en ejercicio en reelegirse para un segundo mandato.

Años después, Medina confesó en una entrevista que el gobierno le había ofrecido puestos a cambio de votar por la reelección. La entrevista se la concedió a Daniel Coronell, quien en ese entonces revelaba varios escándalos que salpicaban al presidente Uribe.

La denuncia de la excongresista, y el reportaje de Coronell, se convirtieron en la evidencia fundamental del mayor escándalo de corrupción política que salpicó a Uribe, y que incluso alcanzó a amenazar la estabilidad de su administración.  

Tras estos hechos, se conocieron informaciones que vinculaban a Yidis Medina con un caso de secuestro y de tener presuntos nexos con la guerrilla del ELN. A Coronell le aparecieron versiones de un presunto vínculo de una de las empresas de la que era socio con César Villegas. Ambos señalamientos nunca prosperaron.

Gustavo Petro, entre 2006 y 2010, sin duda se convirtió en el principal referente de la oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Como senador levantó una auténtica controversia por los tres debates que hizo sobre los nexos del paramilitarismo. Primero, destapó los vínculos de políticos de la Costa Caribe con las Autodefensas. Los congresistas a los que señaló fueron los primeros en caer en el proceso de la parapolítica. Debate que anunciaba Petro en el Congreso, debate que generaba reacción del gobierno. El segundo de ellos, sobre la relación de las propiedades de la familia de Uribe con paramilitarismo, motivó a una extensa alocución de Uribe desde la casa de Nariño.

La historia entre el expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete y el gobierno de Uribe también está vinculada con el proceso de la parapolítica. El magistrado, en una entrevista a El Espectador, aseguró que el presidente Uribe lo llamó para preguntarle por la suerte del proceso en contra de su primo, el entonces senador Mario Uribe.

Uribe rechazó tales afirmaciones y el enfrentamiento agudizó los problemas de las que ya eran tensas relaciones entre el ejecutivo y la rama judicial. Como Valencia se ratificó en sus afirmaciones sobre la existencia de la llamada, Uribe asesorado por el abogado Jaime Lombana, llevó el asunto a los estrados judiciales, bajo la acusación de injuria y calumnia contra el magistrado.

La denuncia fue interpuesta ante la Comisión de Acusaciones donde el magistrado Valencia fue representado por el exdirector del DAS Ramiro Bejarano, quien en ese entonces era uno de los columnistas que criticaba con dureza al gobierno de Uribe. Bejarano terminó siendo otra de las víctimas de las chuzadas según la Corte Suprema de Justicia.

Uribe insistió que durante su gobierno hubo garantías para el ejercicio de la oposición, que redujo el homicidio a periodistas. La Corte Suprema de Justicia al condenar a Bernardo Moreno, su secretario en Casa de Nariño, y María del Pilar Hurtado, la directora del DAS, demostró que la central de inteligencia fue utilizada para perseguir a personalidades que estaban siendo incómodas para el Gobierno y en algunos casos con el propósito de desprestigiarlos.

Ahora, a este polémico episodio de la historia reciente del país, le falta saber si el presidente de la República de entonces dio la orden para estos espionajes. La respuesta la tiene la Comisión de Acusaciones, que el próximo mes de julio podría ser eliminada.