Ponencia pide condenar a Hurtado y Moreno

La expectativa es grande. Es una de las decisiones más significativas de los últimos tiempos por lo que implica y por tratarse de quien se trata: María del Pilar Hurtado. Este miércoles, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema seguirán la discusión acerca de la eventual condena a la exdirectora del DAS y al exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno por el caso de las ‘chuzadas’.

No obstante el hermetismo, Semana.com tuvo acceso a apartes de la ponencia que se discute y en la que hay una cosa clara: la exdirectora del organismo investigador, así como Moreno, serán condenados. Sin embargo, no todo está dicho, puesto que esta ponencia sólo representa la mirada del magistrado Fernando Castro, quien la proyectó.

Allí se le da plena credibilidad a los testimonios de exfuncionarios del DAS como William Romero, y a los capitanes Fernando Tabares y Jorge Lagos, exdirector de Inteligencia y exjefe de contrainteligencia, respectivamente, así como a Martha Leal y Alba Luz Flórez Gelves -la ‘Mata Hari’-, quienes le manifestaron a la Corte Suprema que recibieron órdenes directas de la entonces directora del DAS para realizar seguimientos ilegales.

En la ponencia, con más de 300 páginas, se consignan los detalles de las acciones desplegadas por el hoy desmantelado organismo de inteligencia para obtener información reservada.

Hay un análisis de las primeras órdenes impartidas por María del Pilar Hurtado, consistentes en interceptar las comunicaciones de los magistrados Alfredo Gómez Quintero, José Leónidas Bustos, Jaime Arrubla, Camilo Tarquino, Augusto Ibáñez, Javier Zapata y Francisco Ricaurte, quienes tuvieron entre sus manos procesos contra varios congresistas, entre ellos Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente, Álvaro Uribe.

Otro de los capítulos está relacionado con seguimientos ilegales de los que fueron objeto la exsenadora Piedad Córdoba; el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el periodista Daniel Coronell, en donde, según las pruebas, hubo una orden expresa del Gobierno para investigarlos.

Igualmente, dentro de los apartes conocidos por Semana.com, el magistrado Castro realiza un análisis cronológico del momento que vivía la justicia en esa época y las acciones realizadas por los organismos de inteligencia como el DAS, que abiertamente eran contrarias a la ley.

Respecto de Bernardo Moreno, para la Corte es claro que tuvo una importante participación dentro de las órdenes impartidas y ejecutadas en el DAS para esos seguimientos. Todo esto basado en las declaraciones contundentes de Lagos y Tabares, quienes han sido enfáticos en señalar que las órdenes eran impartidas desde la Casa de Nariño, a través de Moreno, y ejecutadas por Hurtado.

También queda claro que el exsecretario presidencial de Álvaro Uribe no era el único que sabía lo que ocurría. En el abanico de posibles conocedores del tema han sonado los nombres del secretario jurídico Edmundo del Castillo, el secretario privado del presidente Jorge Mario Eastman, el jefe de Prensa de la Presidencia César Mauricio Velásquez y el polémico asesor José Obdulio Gaviria.
 
La discusión

Hasta la fecha se han realizado dos salas donde se ha discutido a fondo la ponencia. El tema principal de los siete magistrados y dos conjueces es la calificación del delito de concierto para delinquir agravado, que fue imputado por la Fiscalía a los exfuncionarios.

El análisis ha rondado en si esta conducta, que supone una estructura criminal organizada como lo planteó la Fiscalía en su momento, tiene toda la base jurídica.
 
En lo que sí no habido mayores diferencias es en los otros delitos imputados a los exfuncionarios. En el caso de Bernardo Moreno son concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.

En cuanto a Hurtado, son concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Aún está pendiente un eventual acuerdo de la exfuncionaria con la Justicia para contar lo que sabe acerca de las ‘chuzadas’.

Fuentes del tribunal aseguran que, sobre la tasación de una eventual pena no se ha discutido nada. Según especialistas, por la gravedad de los delitos y los agravantes los funcionarios podrían pagar una condena de hasta 20 años de cárcel.

La discusión que seguirá teniendo lugar este miércoles se prevé larga y las consecuencias de lo que allí se decida serán de gran calado. Esto será un acontecimiento transcendental no sólo en el ajedrez judicial, sino también en el político, donde no se descarta que caigan algunas fichas.

* Por Felipe Quintero, periodista de Semana.com