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| 4/7/2015 9:20:00 PM

La denuncia de la magistrada María del Rosario González

La togada, que acaba de renunciar a la Corte Suprema, pidió a la Fiscalía en el 2013 que indagara posibles actos de corrupción en esa corporación.

Corría junio del 2013 cuando Semana.com reveló una historia de presuntos sobornos que involucraba a, por lo menos, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las graves acusaciones fueron realizadas por Javier Suárez Corzo, cuyo hermano, Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, fue condenado a 27 años de prisión por un asesinato.

Se trató del homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez, ocurrido en el 2003, quien de asesor del despacho del entonces alcalde pasó a ser un duro contradictor. El crimen fue perpetrado finalmente por paramilitares y Ramiro fue señalado como el autor intelectual. Tras varias instancias, el caso finalmente le fue fallado en contra por la Corte Suprema.

Luego de la condena, Javier hizo una explosiva denuncia. Manifestó que, a través de un intermediario, pagó 800 millones de pesos con destino a los magistrados María del Rosario González, Leonidas Bustos y Javier Zapata para que se exonerara de toda culpa a su hermano.

Entonces, el 16 de mayo del 2013, los tres togados mencionados pidieron al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que estableciera las responsabilidades derivadas de este bochornoso asunto y que se llegara hasta las últimas consecuencias.

Pero hasta hoy, casi dos años después, nada ha sucedido. En la más reciente edición de SEMANA, la columnista María Jimena Duzán se refirió a ese proceso denunciado por Semana.com. “Aunque se pretenda tapar, algo muy grave está por estallar en la Suprema”, escribió la periodista.

Detrás de esto hay otro asunto que estaba en reserva y que ahora cobra total vigencia. Se trata de una denuncia que a título personal interpuso la magistrada González el 30 de mayo del 2013, en la que pide que se investigue a fondo el supuesto pago de coimas a funcionarios de la Corte Suprema.

En un escrito de cinco páginas conocido por este portal, la magistrada pone de presente al fiscal general Montealegre y le urge “la necesidad de investigar hechos graves que involucran la pulcritud de la administración de justicia en relación con su imparcialidad y su honorabilidad respecto a los fallos que emite”.

Pide la togada al ente acusador que llegue “hasta las últimas consecuencias respecto a las afirmaciones del ciudadano Javier Suárez Corzo, las cuales afectan mi nombre y mi honorabilidad al estar 35 años al servicio de la justicia de mi país”.

La magistrada -en una de su teorías que califica “la peor y más desastrosa para el país”- dice que “funcionarios de la administración de justicia estarían cobrando dinero a particulares usando mi nombre, lo cual sería supremamente grave”, según consigna en la denuncia.

De la misma forma, la jurista plantea también que todo el tema se pudo tratar de una retaliación contra la Corte Suprema por las sentencias que esa corporación ha proferido contra las bandas criminales sucesoras del poderío paramilitar. La magistrada, además, expone otra posibilidad en la que el asunto habría sido una maniobra para evitar que ella fuese la ponente en el recurso último de casación interpuesto por Ramiro Suárez Corzo.

“Es probable que exista un complot gestado para marginarme como ponente del caso del exalcalde, incluso por la decisión adoptada por mi despacho el 9 de junio del 2008 donde a petición del fiscal 28 de Derechos Humanos, se cambia de radicación y se ordena el traslado de Cúcuta a Bogotá del proceso por homicidio agravado contra Suárez Corzo. Lo cual originó que el Tribunal Superior de Bogotá lo condenara a 27 años de prisión”, dijo en el texto.

La magistrada solicitó al fiscal general que se asignara un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. También, avisó que “pongo a su despacho mi historial bancario a fin de que se investigue el origen de mis recursos y mi patrimonio durante todos los años que he sido magistrada de la Corte Suprema”.

Por último, González solicitó la vigilancia especial de la Procuraduría y se constituyó como víctima en el proceso, con lo que buscó estar al tanto de las actuaciones de la Fiscalía. Las mismas que todavía no han avanzado.

Con todo, muchos se preguntan por qué esta denuncia no avanzó en su momento y qué hay detrás de los hechos. Un nuevo escándalo en la justicia estaría asomando las orejas y, como escribió María Jimena Duzán, “algo muy grave está por estallar en la Corte Suprema”.
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