“A Trinidad lo quieren de vuelta porque maneja cuentas secretas de las FARC”

Por cuenta de un proyecto de ley del representante antioqueño Víctor Correa (Polo Democrático), se reabrió un debate que parecía superado. El de la extradición a los miembros de las FARC.

Y parecía superado porque nadie espera que los voceros de esa guerrilla, sentados en la mesa de diálogos de La Habana, vayan a firmar una entrega de armas si no se les garantiza que no terminarán en una cárcel de Estados Unidos, como pasó con uno de sus camaradas, ‘Simón Trinidad’, que paga una pena de 60 años de prisión en ese país por el secuestro de los tres contratistas norteamericanos que estuvieron más de cinco años en poder de la guerrilla.

Hoy, todos los miembros del secretariado de las FARC son solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos, sindicados del delito de narcotráfico. Y aunque en La Habana se discutan mecanismos de justicia transicional para que los guerrilleros, una vez desmovilizados, paguen penas alternativas por sus crímenes, no se sabe qué irá pasar con Estados Unidos y las solicitudes de extradición vigentes.

Lo que se presume es que, firmado un acuerdo de paz, el presidente de la República podría negarlas como parte de los acuerdos firmados. Para ello habría que explorar caminos legales, uno podría estar sintonizado con el proyecto del representante Correa, pero discutirlo antes de un acuerdo de paz resulta bastante prematuro.

El proyecto de Correa propone que la extradición de nacionales sea improcedente cuando “(…) se demuestre que existen intereses o derechos de mayor entidad o gravedad que puedan ser afectados como consecuencia de la extradición. Cuando se trate de miembros de la insurgencia, por delitos políticos y/o conexos, o por hechos perpetrados en razón a su pertenencia a la organización al margen de la ley. O para personas beneficiadas con amnistías o indultos o con la aplicación de penas alternativas conforme a disposiciones de justicia transicional” (vea el proyecto de ley).

Según esta redacción, y en caso de ser aprobada una ley de esta naturaleza, pues los miembros de la guerrilla tendrían una garantía legal, una cláusula, de que no serían extraditados.

Sin embargo, la posibilidad de que el Gobierno no autorice la extradición de los miembros de las FARC es un escenario que parece indignar al uribismo. La representante María Fernanda Cabal reaccionó con dureza a la iniciativa del Polo e insistió en que los guerrilleros deben pagar por sus crímenes.

“Aquí parece que mientras más litros de sangre y más barbarie, hay más premios. Ellos (las FARC) son criminales de lesa humanidad y son narcotraficantes. Entonces vamos a terminar clasificando el código penal, si son de las FARC entonces no son delitos porque son conexos al delito político, y si no son de las FARC, entonces sí son delincuentes”, dijo Cabal.

Hay otro asunto que escandaliza al uribismo y es que este mismo proyecto permitiría la figura de la repatriación de extraditados por las mismas condiciones, es decir que 'Simón Trinidad' pudiera ser pedido por el gobierno colombiano. Cabal asegura que ese es el principal objetivo del proyecto y no le sorprende: “Cómo no van a pedir la repatriación de 'Simón Trinidad', él es el que guarda todas las cuentas cifradas donde las FARC tienen millones de dólares. No es por otra cosa”.

El representante Correa también justificó su propuesta en que con la extradición se pueden vulnerar otros derechos como el que tienen las víctimas al esclarecimiento de la verdad y la reparación. Esa ha sido una de las observaciones respecto a la extradicicón de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos, que estaban en el proceso de Justicia y Paz.

Cabal descalifica este argumento e incluso asegura que la prisión en Estados Unidos es la única forma de evitar que los miembros de grupos armados vuelvan a delinquir. “Es un argumento falso. Cuando se extraditaron los jefes paramilitares se evitó que cometieran más crímenes, incluso masacres, porque sabemos que las cárceles de Colombia son permeables a la corrupción. Las únicas cárceles que sirven son las de Estados Unidos. Las víctimas han podido acceder cuantas veces han querido y han viajado hasta Piedad Córdoba, alias 'Teodora Bolívar', e Iván Cepeda a entrevistarse con los paramilitares. Eso es mentira”.

Parecía innecesario pero se revive el debate. Aunque este proyecto del Polo parece que no tiene ambiente entre los partidos de la Unidad Nacional ni en el propio Gobierno, podrá servir para medir la percepción en el país. Si se acepta o no la suspensión de la extradición a cambio de la paz. Por lo menos, en el uribismo, que en las pasadas elecciones presidenciales representó el 46 % de los votantes, hay un rechazo a esta posibilidad.