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| 11/22/2016 11:05:00 AM

En Cauca temen no poder entrar al negocio de la marihuana medicinal

Los alcaldes de Corinto, Caloto, Miranda, Toribío y Jambaló cuestionan que el Ministerio de Salud no proteja a los pequeños cultivadores y productores de cannabis. La cartera dice que no es así.

Desde que en diciembre pasado, el presidente Juan Manuel Santos firmó el revolucionario decreto que reglamentaba el uso de la marihuana medicinal en Colombia, las administraciones de varios municipios del norte del Cauca decidieron sumarse a esa apuesta como fórmula para combatir el narcotráfico en esa región.

Fue así como en julio de este año, más de 50 pequeños productores y cultivadores de cannabis de los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, Toribío y Jambaló se unieron para conformar una cooperativa y buscar legalizar sus plantaciones.

En el lanzamiento de la organización hicieron presencia los ministros de Salud, Alejandro Gaviria; el de Justicia, Jorge Eduardo Londoño; el expresidente del Congreso, Luis Eduardo Velasco y el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla. Y no era para menos. Estos municipios quieren ser los merecedores de la primera licencia de cultivo y semillas por parte del Gobierno. 

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Sin embargo, las cosas no van del todo bien. Ahora los alcaldes tienen un miedo: en el borrador del decreto que expidió el Ministerio de Salud para reglamentar la ley 1787 no se habla, según dicen, de las formas de protección y fortalecimiento a los pequeños productores y cultivadores.

Además de esto, manifestaron, el documento no explica claramente cuál es la posibilidad de sustituir los cultivos ilegales por cultivos legales con fines medicinales.

"La Ley establece que el estado protegerá y fortalecerá a los campesinos e indígenas y pequeños y medianos cultivadores. Con sorpresa revisamos que este nuevo decreto ni siquiera los menciona y nos preocupa que se expida sin saber qué va a pasar con estas comunidades", manifestó el alcalde de Corinto, Edward García. 

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Uno de los puntos que más les preocupa es que en el páragrafo 3 dice que no se otorgarán licencia a personas que pretendan adelantar actividades en parque nacionales, áreas protegidas y sobre cultivos de uso ilícito preexistentes.

Esta última condición es un gran problema para ellos, pues les quitaría -dicen- la posibilidad de legalizar a quienes tenían cultivos ilegales. Justamente el objetivo principal que tenían en mente al crear la cooperativa.

El deseo de pasar a la legalidad las plantaciones, no surge porque sí. El norte del Cauca ha sido una de las regiones que más cultivos ilícitos de coca y marihuana ha tenido en el país, según un informe del año pasado de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

"Pedimos que los cultivos de los pequeños productores que realizan las comunidades campesinas e indígenas sean priorizados a la hora de otorgar las licencias y permisos respectivos. (...) Que las zonas productoras de cannabis ilegal sean las primeras en establecerse programas de sustitución y tengan cupos priorizados, atendiendo la problemática que esto representa en la actualidad", manifestaron los cinco alcaldes en un documento. 

Juan Diego Álvarez, asesor del ministro y una de las cabezas que han estado al frente del proceso de regulación y licenciamiento de la marihuana medicinal, aseguró a Semana.com que comparten con los alcaldes la necesidad de tener una reglamentación con un enfoque incluyente. Sin embargo, aclaró que aunque el documento no los nombra directamente, no hay barreras de acceso para que puedan ingresar al mercado.

Sobre el parágrafo tres, aseguró que lo que intenta decir es que no se legalizarán los cultivos que están actualmente, pues no conocen su procedencia. "Lo que estamos pidiendo es que los erradiquen y cultiven con nuevas semillas cuando tengan las licencias", dijo.

El próximo viernes, representantes de los ministerio de Salud, Justicia y Agricultura se reunirán con los alcaldes para resolver las inquietudes. 

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