Más de $13 billones se han entregado en adiciones irregulares: Contraloría

Más de 13 billones de pesos se han entregado en adiciones de manera irregular en contratos de concesiones viales, según el análisis que ha hecho la Contraloría General de la República. Estos pagos, superan los 11 billones de pesos, que se suman a los valores iniciales de estas obras de infraestructura.
 
“Estamos hablando de adicionar contratos por encima de lo que la ley permite, lo cual es abiertamente ilegal. Esto afecta la planeación, el presupuesto adicional y las vigencias futuras”, explicó el contralor delegado para la infraestructura, Nelson Izáciga, durante el foro Colapso de la contratación pública, organizado por la Revista Semana y la Universidad Sergio Arboleda.
 
Este fue uno de los ejemplos que el funcionario destacó dentro de los problemas de contratación pública que contribuyen al detrimento de los recursos estatales. Según Izáciga, estas irregularidades en concesiones viales serán analizadas el próximo semestre para determinar en qué condiciones se entregaron estos recursos adicionales, que en algunos casos elevaron el precio de una obra inicial hasta un 1.000 por ciento.
 
Los grandes incrementos en el valor final de las obras no es lo único que llama la atención de la Contraloría, también las adiciones en tiempo que superan el 60 por ciento que permite la ley, y que en algunas concesiones llega hasta el 121 por ciento y el 175 por ciento de tiempo adicional, situación ilegal a la luz de la ley 1150.
 
Uno de los casos que hizo públicos la Contraloría es la obra de concesión vial Santa Marta - Paraguachón, cuyo valor inicial era de 125.000 millones de pesos y que tuvo una adición de 1 billón de pesos. Este es uno de los contratos que estudiará el ente de control.
 
Para Izáciga, este tipo de problemas se presentan por las malas prácticas que se fueron acumulando con los años. Resaltó los casos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en el país, siete en total, los cuales ninguno cumplió con los cronogramas y no se impusieron multas ni sanciones. Sólo en el caso de Bogotá, el detrimento patrimonial supera los 200.000 millones de pesos.
 
Para el director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Héctor Jaime Pinilla, en el país se volvió cada vez más común plantear obras con pocos recursos, sabiendo desde el principio que va a tener adiciones. “Así no hay presupuesto que aguante. Estamos llevando al Estado al desorden administrativo y financiero”.
 
El funcionario distrital reconoció que, al menos en Bogotá, los contratistas son los mismos y éstos a su vez subcontratan impidiendo que el Distrito pueda hacerle seguimiento a los contratos y a la ejecución de las obras. Pinilla reconoció durante el foro que un contratista que maneja obras por más de 300.000 millones “se está saliendo del control del interventor, del Estado y de todo el mundo”.

Las adiciones en dinero y tiempo demoran las obras, que en el caso de la capital del país son evidentes. Una de ellas es la de Transmilenio sobre la Carrera Séptima que, para Pinilla, es una “irresponsabilidad” comenzarla sin terminar las troncales de la carrera décima y la Calle 26.
 
Pinilla propuso la necesidad de que exista democratización en la contratación pública. Esta idea la comparte Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, quien resaltó que en los municipios el 85 por ciento de los contratos los tienen las pequeñas y medianas empresas que se verán afectadas por la intención del Ministerio de Transporte de reducir los anticipos de las obras al 10 por ciento.
 
Sigue debate por anticipos
 
Este fue uno de los puntos más discutidos durante el encuentro. El ministro de Transporte, Germán Cardona, defendió su posición de reducir los anticipos al 10 por ciento, que según él soluciona los problemas presentados por obras inconclusas y recursos que se pierden o son mal manejados por los contratistas.
 
Caicedo Ferrer hizo públicos los problemas que ya tienen las pequeñas y medianas empresas para acceder a créditos de la banca, para tener el músculo financiero que les permita contratar con el Estado, y agregó que los pagos, por ejemplo en el INVÍAS, se retrasan.
 
“Quiere decir que estamos concentrando los anticipos en empresas que no los necesitan”, recalcó Caicedo Ferrer.
 
Para la Contraloría, es importante que el Estado vuelva a tener control de esos anticipos, por ejemplo, a través de cuentas compartidas con el contratista (como ocurrió en el pasado).
 
“La mayoría de las obras que presentan retrasos es por la inaplicabilidad de los anticipos de obra, que se han perdido o los contratistas se han declarado en intervención económica o en quiebra. El rezago o descalabro en infraestructura está íntimamente ligado al manejo de los anticipos en los últimos años”, destacó Nelson Izáciga, contralor delegado para la infraestructura.