Más allá del Guatapurí

Desde la década de los 70, cuando se dio el esplendor de la bonanza algodonera en el departamento del Cesar, no se tenía una expectativa como la que hoy tienen sus habitantes. Esta vez, los protagonistas de la reactivación de la economía son el boom del carbón y los incentivos en el terreno agrícola. Este año la producción del mineral superó a la de La Guajira y se calcula que, en los próximos 10 años, los cinco municipios y el departamento recibirán por concepto de regalías más de 10 billones de pesos. En los últimos años sólo la Jagua de Ibirico, uno de los municipios productores del mineral, ha recibido 133.000 millones por concepto de regalías. Sin embargo, como lo reconoció el contralor general de la Nación, Antonio Hernández Gamarra, buena parte de estos dineros no han beneficiado a la comunidad. Una cifra que debe ser invertida en su mayoría en salud, educación y saneamiento básico, y que podría sacar de la pobreza a un departamento que tiene uno de los más altos índices de analfabetismo del país, con 20 por ciento de la población estudiantil por fuera del sistema educativo. En este sentido, la Gobernación del Cesar ha dado los primeros pasos: ordenar la casa fiscalmente, solucionar el problema del agua potable, blindar el sistema hospitalario, reorganización y búsqueda de mejores índices de calidad en el sistema educativo. Sin embargo, en materia competitiva son varios los problemas que enfrenta el Cesar: el primero, que el factor de capital humano es el más bajo en toda la costa Caribe, lo que se refleja en una de las más altas tasas de desempleo en todo el país. En parte por el lastre que tuvo el desastre económico provocado por la caída de la producción algodonera y por el recrudecimiento del conflicto armado, que ha provocado un éxodo masivo de campesinos hacia los cordones de miseria de ciudades como Valledupar, Santa Marta y Barranquilla. La alta tasa de deserción escolar es una de las mayores preocupaciones. Sólo en 2003 salieron del sistema 15.000 alumnos. En 2004 la cifra disminuyó a 6.000 y se crearon 5.400 nuevos cupos. El secretario de Educación del departamento, Gonzalo Quiroz, explica que la situación es más crítica en el sector rural, en especial en la serranía del Perijá y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde el conflicto armado ha obligado a muchas familias a desplazarse hacia los centros urbanos, lo que implica que los niños dejen de estudiar. La violencia también ha dejado a algunas poblaciones sin docentes, que salen de la región por temor a los grupos armados. Según la Secretaría de Educación, 40 maestros del departamento han sido amenazados y sólo este año con la firma de un convenio con la diócesis de Valledupar se comenzará a suplir las vacantes. En palabras del padre José Ignacio Zuleta, la Iglesia "va a hacer una presencia continua porque los actores armados nos respetan por ser neutrales en el conflicto". El mayor impacto que ha causado la deserción escolar y la violencia ha sido el desempleo: muchos estudiantes han dejado sus estudios para ayudar en sus casas y poder sobrevivir. Alrededor de 20.000 niños están por fuera del sistema educativo. Esto se ve reflejado en la tasa de analfabetismo del Cesar, que es del 16,8 por ciento, una de las más altas del país. El secretario de Educación considera que esto también se debe a un fenómeno cultural; "muchos padres consideran que la educación no es necesaria, en especial en el sector rural". Para combatir toda esta problemática, la gobernación ha enfocado energías y recursos a dos ejes principales: uno es la educación gratuita. Con una inversión de 4.000 millones de pesos se atienden 150.000 alumnos, 40.000 de ellos en Valledupar. Además se les entregó a 80.000 estudiantes una dotación escolar con la edición del libro El Cesar aprende. El segundo, la problemática de la desnutrición. En ese frente se están aportando 45.000 raciones alimenticias por 115 días a niños de escasos recursos, alimentos que se compran en los mismos municipios y con lo que además se genera una cadena productiva en las poblaciones. No obstante, según estadísticas del Hospital regional Rosario Pumarejo, cuatro niños mueren al mes por desnutrición. Una de las grandes debilidades del sistema educativo es que nunca se preparó a los jóvenes frente al desarrollo del departamento. Según Quiroz, "hoy seguimos con un dilema: no se prepara a la gente de la mano con el contexto; por ejemplo, para el desarrollo se ha tenido que buscar mano de obra de otras regiones porque aquí seguimos pensando que es mejor tener doctores". En el sector educativo la visión pertinente y que está tomando fuerza es que la formación profesional y técnica se mueva alrededor del agro y la minería. En concordancia con esta política, las instituciones educativas están haciendo convenios para establecer las competencias laborales del departamento, para de esta manera lograr que las empresas no tengan que buscar profesionales y técnicos en otras regiones del país. El director del centro de investigaciones de la Universidad Popular del Cesar, Huges Sánchez, explica que en el último año se han dado pasos importantes: "Tenemos los peores índices en lo que se refiere a cubrimientos de servicios públicos, desarrollo agrícola, producción de alimentos, capacidad empresarial, desarrollo científico, desnutrición infantil, baja calidad en la educación y un agudo conflicto armado. El hecho de que sean las mismas entidades gubernamentales las que nos den estos datos es un importante paso para lograr que estos índices se reviertan". Agua que falta Otro de los temas que más preocupan en el Cesar es el del agua. Su capital, Valledupar, tiene reservas para 20 años debido al debilitamiento del cauce del río Guatapurí. Pero en condiciones más críticas están 24 de los 25 municipios del departamento, que no tienen agua potable de manera continua. Para solucionar esta problemática se contrató un estudio con la Universidad Industrial de Santander, que debe evaluar cuál es la mejor opción para seis municipios. En el caso de Valledupar ya se ha puesto a andar el proyecto de la represa de Los Besotes, que además de servir de reserva para la ciudad controlará el riego y será una fuente de energía para la región. Además se están buscando alternativas para hacer viables las empresas de acueducto y alcantarillado en poblaciones que tienen dificultades para funcionar, a través de modelos de asociación. Oportunidades productivas En el agro, el gobierno nacional ha puesto en marcha políticas, programas e incentivos para la reactivación como el Pran, que permitió el arreglo de la cartera morosa de origen agropecuario y por ende, la habilitación del productor al crédito; el ICR (Incentivo a la Capitalización Rural), que le hace un aporte hasta del 40 por ciento en dinero a los proyectos de inversión en riego, maquinaria y algunos otros rubros; el FAG (Fondo Agropecuario de Garantías), que avala créditos hasta en 80 por ciento a aquellos productores que carecen de garantía o la tienen insuficiente (que generalmente son los pequeños), así como los Esquema Asociativos de Producción (ideales para pequeños productores), que estructuran la economía de escala y la producción previamente contratada. De esta manera se han reactivado cultivos como el algodón y la palma. En especial este último, que ha contado con el apoyo del gobierno nacional y que en 2004 sembró más de 70.000 hectáreas. Una de las experiencias ha sido la Misión Animar, que busca combinar el desarrollo del campo con un trabajo social para que las familias campesinas no se desplacen y dinamicen el sector agrícola. El proyecto nació a mediados de los 90 con la intención de erradicar la pobreza asociada a la violencia y la improductividad de los campos en la región. Con la asociación del Comité de Cafeteros del Cesar y La Guajira, Fenalco y cuatro empresarios se creó una entidad para apoyar a pequeños campesinos. El proyecto fue presentado a Fonade y cuenta con el apoyo económico del Fondo de Inversiones para la Paz. Su objetivo principal, explica el empresario Rodolfo Campo Soto, es buscar alianzas con la empresa privada para garantizar la compra de la producción. Con Animar se ha logrado sembrar cerca de 3.000 hectáreas de palma y cacao, y se tiene un proyecto de bosques comerciales que ha logrado involucrar a 897 familias de 10 municipios del Cesar y La Guajira. En el Cesar saben que deben aprovechar esta oportunidad. Primero, porque con el desarrollo de la producción minera se está buscando mejorar la infraestructura que permita un mejor despegue. En este sentido, las inversiones para el mejoramiento de las vías apuntan a un triple desarrollo: carbonífero, agrícola y turístico. En general se está trabajando en la adecuación física del departamento para el desarrollo empresarial. José Calixto Mejía, secretario de Infraestructura, dice que se van a utilizar 60.000 millones de pesos para adecuar parte de los 4.000 kilómetros de las vías que tiene el departamento, conectar los centros productivos que por las dificultades no pueden sacar sus productos y mejorar las condiciones de sitios turísticos aún sin explotar. "Lo que se busca es que se traduzca en mejorar la calidad de vida de los habitantes", dice el funcionario. Ante la meta del desarrollo de la región, tanto el sector privado como el público se han puesto a trabajar en una estrategia de recuperación del terreno perdido, una oportunidad que los cesarenses saben que no pueden perder.