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José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, recibió en abril del año pasado el mandato de los presidentes del hemisferio para redactar un informe sobre el negocio de las drogas y sus consecuencias. | Foto: Andrés Piscov / SIG

DROGAS

Más allá de la legalización

Por primera vez, los gobiernos del hemisferio analizan en alternativas distintas a la represión en la guerra contra las drogas.

18 de mayo de 2013

“Abordar la complejidad del problema de las drogas requiere consultar muchos puntos de vista distintos y permitir que las ideas fluyan en el ambiente más abierto posible”. Con esas palabras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, le entregó al presidente Juan Manuel Santos un informe sobre el problema de las drogas en el continente. El mandatario colombiano, por su parte, dijo que el contenido del estudio constituía “una mirada fresca e innovadora a la problemática”.

El informe de la OEA es un capítulo más en el giro reciente que ha venido experimentando el debate hemisférico sobre la política de drogas. La combinación de varios fenómenos, desde el incremento del consumo local hasta la disparada de violencia en un mayor número de países, ha elevado la urgencia de discutir el tema en las más altas esferas de los gobiernos. La comisión para realizar este estudio nació precisamente de un mandato surgido en la Cumbre de las Américas de Cartagena del año pasado que Santos, como vocero de los presidentes americanos, le transmitió a la OEA.

Las conclusiones del informe, escrito con el apoyo de especialistas en salud, autoridades y expertos, se insertan plenamente en las tendencias que piden una revisión a la estrategia antidrogas actual. Dividido en dos partes –una analítica y otra de escenarios– el informe ofrece tanto un estudio técnico del consumo, producción, tránsito y comercio del negocio, como un abanico de posibles “futuros” de esta política en el continente. El análisis parte de la premisa de que no existe “un solo problema asociado con las drogas, sino múltiples problemas” asociados a la diversidad de cada país de la región. 

Bajo este prisma, mientras los retos provenientes del consumo de las sustancias ilícitas afectan la totalidad del hemisferio, los fenómenos ligados a fases como la producción o el cultivo impactan a unas naciones más que a otras. Esa diferenciación, que ha sido anteriormente resaltada en otros estudios y por parte de intelectuales y de líderes políticos, conduce a un portafolio de políticas públicas que van más allá de la tradicional represión.

La OEA, por ejemplo, invita a contemplar inversiones sociales para atender la violencia e inseguridad asociada a la venta de estupefacientes en las barriadas urbanas. A su vez, a la violencia que parte del tráfico de organizaciones criminales, el estudio ‘receta’ un mayor fortalecimiento institucional y una mayor presencia estatal. 

Una de las áreas donde la OEA se alinea más claramente con los aires reformistas es el abordaje al consumo. “El consumo de drogas requiere un abordaje de salud pública en todos nuestros países con más recursos y más programas”, recomiendan los autores. “Un adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción sino recibir tratamientos adecuados”. En resumen, el informe que recibió el presidente Santos integra la “descriminalización del consumo de drogas” y propone alternativas de política como tribunales de drogas, reducción de las penas y más énfasis en la rehabilitación.

En materia de escenarios el reporte contempla cuatro “futuros” posibles con base en las decisiones que gobiernos y políticos tomen hoy. Los pivotes sobre los cuales se construyen esos escenarios son el fortalecimiento institucional, la experimentación con cambios legales y la capacidad de reacción desde la comunidad. 

Mientras ‘Juntos’, el primer escenario, enfatiza en un aparato estatal más fuerte que garantice la seguridad ciudadana, ‘Caminos’, el número dos, insiste en adoptar alternativas creativas en materia jurídica y regulatoria. El tercer escenario, ‘Resiliencia’, adopta un análisis que desde el tejido social de las comunidades y actores sociales mejore la salud pública y la seguridad ciudadana. 

En cuarto lugar, el posible ‘futuro’ llamado ‘Ruptura’ implicaría que algunos Estados americanos, que hoy enfrentan altos costos económicos y sociales en la actual ‘guerra contra las drogas’, adopten unilateralmente estrategias alternativas para mitigar estos daños y minen la capacidad del continente de actuar globalmente ante el problema. 

De acuerdo a los autores, una combinación de estos cuatro escenarios podría reflejar la realidad de la lucha contra las drogas en el futuro cercano. 
Para el presidente Santos, el informe de la OEA es un resultado tangible de casi dos años de declaraciones públicas, entrevistas y mensajes sobre la política antidroga. La actual estrategia represiva, cuyo gran pilar es Estados Unidos, se ha convertido en un tabú que, poco a poco, se ha venido rompiendo. 

Lo que antes eran llamados de intelectuales, exmandatarios, académicos y expertos en salud pública, hoy son documentos redactados para los gobernantes de los países del continente y bajo el sello de organismos internacionales. Este informe, que bien podría ser bautizado ‘Santos’ por quien lo inspiró, abre otro frente de debate dentro de las distintas alternativas para enfrentar el negocio de la droga en sus distintas etapas, lo mismo que las consecuencias de su consumo.