Más allá de mí mismo

Esta semana la plenaria del Senado decidirá el futuro de la reforma pensional con la que el gobierno busca ahorrarle al país el 30 por ciento del PIB y sacar al país de la incertidumbre económica. Y las expectativas de muchos sobre la posibilidad de que esta reforma salga, tal y como la quiere el gobierno y antes de que finalicen las sesiones del Congreso, son bastante pesimistas. Y hay una razón tan concreta como fundamental: si el proyecto se aprueba, muchos parlamentarios tendrán que olvidarse de la posibilidad de llegar a disfrutar algún día las exorbitantes pensiones que algunos de sus colegas reciben. El futuro del país recae en este caso en el grado de sacrificio que hagan los congresistas a la hora de recortar sus privilegios.

Los congresistas son uno de los grupos de colombianos privilegiados por el generoso régimen de transición que estableció la ley 100 de 1993. Los senadores y representantes que en abril de 1994 tenían 40 años o más o habían prestado servicios durante mínimo 15 años, mantuvieron las condiciones de pensión anteriores a esa ley. Eso significa que pueden jubilarse a los 55 años -mientras que el resto de colombianos lo hace a los 60- y con una mesada equivalente al 75 por ciento de lo que ganaron el último año de trabajo, que incluye, entre otras prestaciones, los viáticos y las primas de transporte, Navidad y salud.

Quienes ya lograron pensionarse con estos privilegios le salen costosos al Fondo de Previsión Social del Congreso, que paga mensualmente 10.887 millones de pesos a 1.814 ex funcionarios. De ellos, 791 son congresistas con pensiones de 12 millones de pesos en promedio. Cincuenta reciben mesadas superiores a 20 millones. Y como la plata que aportaron los pensionados del Congreso no alcanza, 90 por ciento de lo que paga mensualmente el Fondo sale del presupuesto nacional.

Quienes más presionan por tener pensiones altas son los suplentes y aquellos que no son beneficiarios del régimen de transición. Hasta el momento, el fondo de pensiones ha tenido que pagar sumas millonarias por las 70 tutelas interpuestas por parlamentarios que reclaman que sus pensiones sean equivalentes a las de sus colegas cobijados por la transición. También se dan los casos de quienes han sido congresistas por períodos muy cortos y que reclaman jubilarse con pensiones de legisladores. Son comunes los casos en que parlamentarios se dan, por acuerdo previo con sus cabezas de lista, palomitas de dos y tres meses.

Pero una de las situaciones más graves es la de senadores y representantes que escriben libros a diestra y siniestra para justificar tiempo de servicio necesario para pensionarse, el cual formalmente debe ser de mínimo 20 años. Y es que la ley actual así lo dispone: cada libro que escriben con fines pedagógicos les vale por un tiempo de servicio de dos años. El problema es que para acreditar la calidad de los libros, sólo se necesita el aval de dos profesores.

Para que este tipo de situaciones no sigan sucediendo, es urgente poner en marcha reformas que permitan un equilibrio social y financiero del sistema pensional. No sólo del que afecta a los congresistas, sino del que cobija a todos los colombianos. Y esto precisamente es lo que está en juego esta semana en la plenaria del Senado y más concretamente, en la capacidad de los congresistas de dejar de lado los intereses particulares para favorecer a los de todo el país.