Emilio Tapia se despide de parte de su fortuna

El controvertido empresario Emilio Tapia está pasando un duro momento. Después de disfrutar de las mieles del éxito, mujeres, viajes, escandalosas rumbas y riqueza, ahora se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá por presunto lavado de activos y ve cómo la Fiscalía lo despoja de su fortuna.

La Fiscalía le ocupó 24 propiedades en distintas ciudades del país que pasarán a ser administradas por el Estado. En total los bienes a nombre de Emilio Tapia y de sus presuntos testaferros, entre ellos sus familiares más cercanos, están avaluados 40.633 millones de pesos.

Se trata de tres apartamentos en Bogotá, dos fincas en Sahagún (Córdoba) una conocida como Criadero Rancho la Fe (donde tenía sus preciados caballos) y un lote en Tabio (Cundinamarca). También la Fiscalía frenó el accionar de 12 sociedades, algunas de las cuales sirvieron para canalizar los anticipos de las obras civiles en Bogotá sobre las que él tuvo el control y desde donde se giraban coimas a servidores públicos.

En el caso de otras empresas como Temach Equipos y Temach Groups, la Fiscalía encontró que si bien eran sociedades que no figuraban a nombre de Tapia, las pruebas demuestran que sí eran manejadas por el excontratista.

La Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio también confiscó costosos vehículos y dineros en efectivo por 2.700 millones de pesos, producto del embargo de las cuentas de Temach.

La operación para localizar los bienes de Tapia inició desde abril de 2013 cuando arrancó la extinción del derecho de dominio a 14 personas vinculadas con el ‘carrusel de contratos’, desde la administración del entonces alcalde Samuel Moreno y algunos contratistas.

Tapia está en la cárcel desde el 25 de febrero de este año luego de ser capturado por la Fiscalía. El ente investigador ha dicho que el excontratista desde el 2008 en diferentes regiones del país de manera permanente invirtió en las empresas y les dio apariencia de legalidad a dineros a través de sociedades creadas a nombre de Carlos Augusto Joly Herrera y Jesús Davis Herrera.

El ente investigador dijo que el excontratista ha administrado el dinero recibido producto de la actividad ilícita, para luego ser llevado a cuentas en el exterior, o que también se entregaba a diferentes funcionarios de las administración de Bogotá de manera irregular.