MAS CHEQUES DEL 8.000

El lunes pasado, en las horas de la tarde, el fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, citó a una rueda de prensa para dejar en claro que el proceso 8.000 no había sido sepultado. Armado de fólderes repletos de documentos, Gómez Méndez se presentó ante los periodistas. Sin rodeos, fue directo al grano. Señaló que en las últimas semanas una Comisión de investigadores del Cuerpo Técnico Investigativo CTI) había identificado 37.000 cheques procedentes del narcotráfico por un monto cercano a los 500 millones de dólares y que éstos fueron a parar a las cuentas de reconocidos políticos, deportistas y periodistas.
El Fiscal agregó ese día que con base en esas investigaciones su despacho había ordenado la conformación de un equipo de 15 expertos para que iniciara la investigación y determinara la responsabilidad jurídica de quienes recibieron esos dineros. Antes de finalizar la rueda de prensa Gómez Méndez se sacó el clavo por las críticas de las que había sido objeto, al señalar que de esta forma la Fiscalía le estaba demostrando al país que el proceso 8.000 no había sido enterrado. "Por el contrario, lo hemos desenterrado".
De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA esos cheques habían sido descubiertos en los primeros allanamientos que se realizaron a partir de 1994 cuando el tesorero del cartel de Cali, Guillermo Pallomari, fue detenido y en uno de sus maletines se encontró la documentación de algunas de las empresas de fachada que sirvieron para financiar las campañas políticas de los aspirantes al Congreso, así como la presidencial de Ernesto Samper en 1994.

Los cheques
¿Qué descubrieron los investigadores de la Fiscalía? En primer lugar un inventario que arroja 36.925 cheques procedentes de 90 cuentas bancarias. Las sumas que se movieron en esas transacciones son del orden de los 500 millones de dólares. Esos giros se realizaron entre 1989 y 1996.
Los hombres de la Fiscalía también lograron comprobar que aproximadamente 8.000 de esos cheques fueron pagados por ventanilla por un valor cercano a los 95 millones de dólares. El excedente del gran total de los 500 millones de dólares corresponde a consignaciones realizadas en bancos y corporaciones en 13.000 cuentas. Un alto porcentaje de esos depósitos fueron hechos a cuentas de políticos, dirigentes deportivos y periodistas. Igualmente, las investigaciones permitieron construir una base de datos con los nombres de nuevos políticos que también se alojaron en el Hotel Intercontinental de Cali y cuyas cuentas fueron sufragadas por inversiones Ara.
Para desenredar la telaraña de esta segunda parte del proceso 8.000 los investigadores tuvieron que meterse de cabeza en los libros contables y en los microfilmes de bancos y corporaciones con el fin de seguirle la pista a los cheques. El laberinto del testaferrato logró sortearse con éxito por parte de los hombres de la Fiscalía y así poder llegar a los verdaderos beneficiarios de los dineros donados por los hermanos Rodríguez Orejuela.
También los investigadores contaron con una buena dosis de suerte. Hace cerca de un año agentes del CTI detuvieron a Salomón Prado, quien en el mundo de la mafia ha sido conocido como 'El negro Chalo'. Durante una época fue funcionario de Inravisión y posteriormente terminó trabajando para los Rodríguez. Hay quienes afirman que es el otro Pallomari del cartel de Cali. Sin embargo los organismos de seguridad lo ubican como un hombre de mando medio que tenía a su cargo el manejo de las cuentas domésticas de los Rodríguez Orejuela. Su detención se produjo a raíz del hallazgo de cuentas a su nombre, en las que se movían millonarias sumas de dinero. Durante ocho meses 'El negro Chalo', al igual que los demás detenidos en el proceso 8.000, se mantuvo en silencio. Pero al verse atrapado por las investigaciones que había adelantado la Fiscalía y que sus coartadas eran cada vez más débiles, Chalo decidió solicitar sentencia anticipada para buscar rebaja en su condena. A cambio de ello colaboró con los fiscales en la identificación de algunas cuentas de las cuales se giraron dineros para algunos personajes de la vida nacional.
Cuando 'El negro Chalo' decidió aceptar los cargos que la Fiscalía le imputaba, en los corrillos del proceso 8.000 se especuló con la teoría de que los hermanos Rodríguez Orejuela estaban dando vía libre a sus más cercanos colaboradores para que contaran lo que había ocurrido en las campañas políticas de 1994. Sin embargo los más escépticos consideraron que se trataba más de una jugada estratégica de los jefes del narcotráfico para bajarle la presión a las investigaciones por parte de la Fiscalía, que en ese momento había cogido la sartén por el mango.

Los investigados
La pregunta que estuvo en boca de los colombianos la semana pasada fue quiénes eran los beneficiarios de los aportes del cartel. El fiscal, Alfonso Gómez Méndez, no respondió esa pregunta en la rueda de prensa el lunes pasado con el argumento de que mientras no finalizaran las investigaciones no era conveniente entregar nombres a la opinión pública.
Sin embargo SEMANA logró tener acceso a una serie de documentos y cheques en los que están comprometidas 12 personas, la gran mayoría de ellas políticos, que hacen parte de la apertura de las investigaciones que ordenó la Fiscalía la semana pasada.
Entre los políticos que serán investigados por el ente fiscalizador están, entre otros, Hugo Castro Borja, Miguel Motoa Kury, Oscar Vélez Marulanda, Alvaro Araújo Noguera, Jaime Arizabaleta Calderón, Humberto González Narváez, Guillermo Panchano, María Cristina Rivera de Hernández, José Luis Arcila Córdoba. Todos ellos, según las investigaciones, recibieron dineros procedentes de las empresas fachada del cartel de Cali.
En el caso del senador Castro Borja la Fiscalía encontró tres cheques del Banco de Colombia, sucursal principal de Cali, por un valor de nueve millones y medio de pesos.Castro había sido detenido en noviembre de 1996 sindicado del delito de enriquecimiento ilícito. En ese entonces Guillermo Pallomari aseguró que la cuenta 'Hugo C' pertenecía al senador. En febrero del año pasado, después de haberse acogido a la figura de sentencia anticipada, un juez regional de Cali condenó a Hugo Castro a 40 meses de prisión y una multa de 150 millones de pesos. Luego de permanecer siete meses en prisión fue dejado en libertad por los beneficios que recibió por parte de la justicia.
Los cheques para Castro, encontrados por los investigadores, fueron girados a nombre de Luis Angel López. Este los endosó para que fueran cobrados por Hugo Castro Borja, quien los consignó en varias cuentas, entre ellas las números 274012160 y 274011329 del Banco Ganadero de la sucursal La Estación en Cali.
En el caso de Miguel Antonio Motoa los investigadores tienen en su poder varios cheques. Uno de ellos por valor de 10 millones de pesos girados directamente a él en marzo de 1994. Otro de un 1.450.000 pesos, también a su nombre, en abril de 1994. Esos dineros fueron consignados en dos cuentas correspondientes al Banco de Colombia y al Banco de Bogotá.
Otra de las investigaciones que se adelantan es contra Guillermo A. Jaramillo, quien en el período de 1991 fue elegido senador de la República por el Tolima. En total recibió 15 millones de pesos, los cuales fueron girados por Jesús Zapata, capturado junto con Miguel Rodríguez Orejuela. Esos dineros fueron consignados, una parte en una cuenta del Banco de Bogotá y la otra en el Banco de Occidente en Ibagué.
Pero no sólo la Fiscalía encontró aportes del cartel de Cali para los políticos. Esos dineros también alcanzaron a llegar a hombres como el ex guerrillero del EPL Bernardo Gutiérrez Zuluaga. Según las investigaciones Gutiérrez, quien en 1991 se convirtió en senador de la República, recibió varios aportes hechos por Guillermo Pallomari. Uno de ellos por cinco millones de pesos, que fueron donados en 1993. El dinero fue consignado en una cuenta de Davivienda en Bogotá.
De acuerdo con las fuentes consultadas por SEMANA, otro de los beneficiarios del cartel de Cali fue Fernando Landazábal Bernal, hijo del general Landazábal, asesinado meses atrás. Los investigadores detectaron cinco cuentas correspondientes a la Caja Agraria, Banco del Estado, Banco Popular y Banco de Colombia. Landazábal señaló que esos aportes obedecían a sus oficios como abogado y a su trabajo como piloto comercial de helicópteros. SEMANA intentó comunicarse con algunas de las personas investigadas por la Fiscalía, pero no fue posible conocer su punto de vista.
Todos estas investigaciones están en una etapa preliminar y en las próximas semanas serán llamados los beneficiarios de esos dineros por la Fiscalía con el fin de que expliquen las razones de esos ingresos en sus cuentas bancarias. Con este arsenal de documentos el Fiscal General de la Nación y su equipo tomaron la decisión de entregarle a un grupo de fiscales sin rostro las primeras 10 investigaciones con el fin de que se inicien las indagaciones correspondientes. En los próximos días se abrirán otras 40 más, y así sucesivamente, para establecer las responsabilidades de cada una de las personas a las cuales les llegaron los aportes del cartel de Cali. Con el material probatorio que tiene el ente acusador se podrían abrir otras 3.000 investigaciones. En otras palabras, como dijo el propio Fiscal, el 8.000 se multiplicó. Cerca de 8.000 cheques fueron pagados por un valor de 95 millones De dólares Con la documentación que tiene la Fiscalía se podrían abrir otras 3.000 investigaciones. En otras palabras, como dijo el propio Fiscal, el 8.000 se multiplico.