Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/08/10 15:30

Otra cara del fallo de Piedad Córdoba

La Procuraduría deberá pagar a la excongresista una indemnización por daños y perjuicios. La suma podría superar los $1.000 millones.

Piedad Córdoba, exsenadora del Partido Liberal Foto: Archivo Particular

Cuando Piedad Córdoba recurrió al Consejo de Estado para tumbar el fallo con el que el procurador Alejandro Ordóñez la destituyó e inhabilitó por 18 años, seguramente nunca pensó en los dividendos económicos que le significaría una decisión a su favor. Por el contrario, su objetivo no era diferente al de recuperar sus derechos políticos, afectados con una decisión respaldada por muchos, controvertida por otros.

El 27 de septiembre del 2010, Piedad Córdoba fue señalada por el procurador Ordóñez de ser ‘Teodora Bolívar’, colaboradora de las FARC, y lo sustentó en correos electrónicos archivados en el computador de alias Raúl Reyes, y al señalar que se extralimitó en sus funciones como facilitadora de paz, la destituyó e inhabilitó por 18 años. Nunca antes, un dirigente político colombiano había recibido una sanción disciplinaria tan severa. Parecía la muerte política definitiva para esta dirigente que ha empuñado las banderas de la paz y los derechos humanos.

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Meses atrás, en marzo, Piedad había sido elegida senadora, por el Partido Liberal, con 40.653 votos. Se posesionó el 20 de julio del 2010 y permaneció hasta el 3 de noviembre, cuando se hizo efectiva la destitución del procurador. Desde ese momento inició una auténtica batalla jurídica, que la llevó por varios tribunales nacionales e internacionales, para recuperar sus derechos políticos. Varias de sus demandas fueron negadas.

Pero el martes pasado, el Consejo de Estado le regaló un triunfo a Piedad Córdoba. Tumbó el fallo con el que el procurador la había señalado de auxiliadora de las FARC, aunque la decisión no fue completa para la exsenadora, pues sus efectos no la habilitan para la política electoral, donde se ha desenvuelto durante dos décadas, ni recuperar el lugar que alguna vez tuvo en el Congreso.

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Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado obliga a la Procuraduría a indemnizar a la exsenadora “por los daños ocasionados” por su decisión. Esto no se refiere a otra cosa que al pago del salario que Piedad Córdoba dejó de percibir.

Cuando Piedad se posesionó como senadora, el 20 de julio del 2010, el salario de los congresistas era de $ 21.045.628 (sueldo básico, gastos de representación, prima de salud, prima de localización y vivienda). El 19 de julio del 2014, cuando terminaba el periodo para el cual fue elegida, el salario era de $25.915.432.

Según las cuentas, la Procuraduría, por haber destituido a Piedad Córdoba sustentado en pruebas invalidas para la justicia (el computador de Raúl Reyes), deberá pagar por los 44 meses de salario  que Córdoba dejó de percibir. La suma superaría con facilidad los $1.000 millones.

Mientras tanto Piedad espera que el Consejo de Estado tumbe una segunda destitución disciplinaria, la misma que hoy le impide regresar a la arena política electoral, precisamente en una época donde muchos espacios políticos se van a abrir, por cuenta del tránsito de las FARC de organización armada a movimiento político. Por eso, la millonaria indemnización, no deja tranquila a Piedad.  

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