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Una fotografía de uno de los predios invadidos. | Foto: Cortesía

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Denuncian ocupación de tierras en Capurganá

Más de 130 familias se habrían tomado predios cercanos al aeropuerto local. La Policía responde.

20 de mayo de 2015

Capurganá, corregimiento de Acandí, en Chocó, es un territorio que no aparece regularmente nombrado en la actualidad nacional. Y cuando lo hace, suele ser por sus atributos turísticos.

Pero ese no es el caso en esta ocasión. En la noche del miércoles miembros de la comunidad denunciaron la ocupación de tres predios locales por lo que serían más de 130 familias. “De la nada aparecieron muchas personas e invadieron una propiedad, y luego otra, y así están desde el fin de semana pasado”, contó a Semana.com una fuente que pidió su reserva.

“El daño ecológico también es mucho porque deforestaron los lotes ocupados y están haciendo fogatas de forma indiscriminada”, prosiguió el anónimo. Este portal tuvo acceso a una serie de fotografías que evidencian el avance de las ocupaciones, en las que es claro el levantamiento de viviendas hechizas y la tala indiscriminada de árboles.

“Las autoridades parecen no saber del tema, porque hasta ahora no ha pasado nada con las ocupaciones”, denunció el local. También, añadió que los terrenos ocupados lindan con el aeropuerto y se encuentran a orillas de un río, lo que podría ocasionar, en caso de una creciente, una tragedia similar a la de Salgar.

Semana.com se comunicó con el coronel Raúl Riaño, comandante de la Policía en la región de Urabá, quien afirmó que están al tanto de la situación.

Sobre la aparente ausencia de la Policía, Riaño aseveró: “La Policía sabe de estas ocupaciones, pero hasta ahora no hemos recibido denuncia alguna por la administración municipal o los propietarios de los predios”.

Con esto, mientras no haya una “hoja de ruta” para proceder, la Policía no puede actuar frente a la situación, explicó el coronel. En especial porque deben trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo y el ICBF, procedimiento que coordinan las autoridades locales.

“Tiene que haber una acción administrativa que determine qué personas son, cuántas son, de dónde vienen, si hay niños, etc. Invitamos a la comunidad a que se acerque y denuncie frente a las autoridades pertinentes”, ratificó el coronel Riaño.

Así, mientras no exista una delación formal que permita a la Policía concertar el desalojo, las familias en los predios seguirán construyendo sus vidas en dichos terrenos. Algo que, en últimas, sólo hará que una eventual expulsión sea más difícil.