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| 11/12/2016 10:00:00 PM

Más de 17.000 menores de edad aprehendidos en flagrancia en lo que va del año

Mientras las pandillas se enquistan en las urbes y los ciudadanos interponen cientos de miles de denuncias contra menores, hay casi total impunidad y los programas de resocialización se quedan cortos. A las autoridades se les salió el problema de las manos.

Fronteras invisibles en los barrios, balas perdidas, asaltos en las esquinas y peleas campales mientras llueve. Ese es el día a día de las pandillas que convulsionan la seguridad de las ciudades en Colombia. Hace pocos días un helicóptero debió custodiar el sepelio de una niña de 13 años asesinada en Barranquilla en una riña pandillera. Y aunque muchos podrían considerar exagerado el cordón de seguridad del cortejo fúnebre, lo cierto es que la tensión del orden público se cortaba con cuchillo. Varios jóvenes sostenían armas blancas mientras colgaban la foto de su compañera muerta en sus pechos.

Pero el caso no es aislado. Medicina Legal reportó casi 1.000 jóvenes muertos en 2015 por armas de fuego o arma blanca, y solo en lo corrido de este año la Policía ha aprehendido 17.626 menores, un promedio de 50 diarios. Desde 2010, se suman 170.000, el 96 por ciento en flagrancia. Pero los datos parecen ser más graves. En los últimos años, los ciudadanos han interpuesto más de 300.000 denuncias contra menores de edad. Claramente se relaciona con las pandillas, compuestas por jóvenes entre 9 y 28 años, particularmente de estratos bajos, con baja escolaridad y provenientes de familias disfuncionales.

Sin embargo, las entidades encargadas solo han reportado 30.000 niños y adolescentes que pasaron por los Centros de Internamiento Preventivo (CIP) y de Atención Especializada (CAE) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Entonces, si solo el 10 por ciento de los jóvenes denunciados pasa por la resocialización del ICBF, la pregunta es qué ocurre con el 90 por ciento restante. Sobre todo si se tiene en cuenta que el índice de reincidencia supera el 20 por ciento, y que en los últimos diez años, además de que se han fugado de los centros de reclusión más de 2.200 menores privados de la libertad, se estima que uno de cada cuatro jóvenes que entra a una cárcel del Inpec ya había estado en un centro de atención del ICBF.

La magnitud del pandillismo hizo que cobrara reciente interés entre los políticos, sobre todo ad portas de un eventual posconflicto. Por este motivo, la Comisión Séptima del Senado realizó la semana pasada un debate sobre el fenómeno que carcome las ciudades. No obstante, una política pública transversal para erradicarlo está lejos de hacerse realidad. “La mejor prueba de esto es que todas las entidades tienen una estadística distinta. Según la Policía hay unas 150 pandillas en el país; según las Secretarías de Gobierno, 537; y mientras tanto el viceministro de Justicia dice que las pandillas no tienen nada que ver con la criminalidad”, dijo a SEMANA el senador Antonio Correa, organizador del debate.

Llama la atención lo disímiles que son las cifras, pues, como si fuera poco, un estudio del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud de 2009 afirmó que para ese año en Bogotá había más de 800 pandillas con 12.000 integrantes aproximadamente. Y la cosa empeora con el hecho de que el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, prohíbe las bases de datos de menores como sujetos activos del delito. Esto significa que lo único que tendría que hacer un joven con orden de aprehensión en Medellín es trasladarse a otra ciudad, donde las autoridades no tendrían la información judicial.

La situación es realmente preocupante. El informe de competitividad global 2016-2017 del Foro Económico Mundial, publicado en el diario inglés The Independent, presentó a Colombia en el quinto puesto de los 12 países más peligrosos del mundo por pandillas, detrás de El Salvador, México y Guatemala, donde las temibles maras son un flagelo transnacional. Y las pandillas colombianas no están lejos de repetir el fenómeno. Estos grupos juveniles no se consideran bandas criminales ni organizaciones delincuenciales. Sin embargo, frente al aumento del consumo de estupefacientes y de la rentabilidad del narcomenudeo en el país, el crimen organizado ha buscado beneficiarse del control territorial de las pandillas, lo que convierte a los menores de edad en verdadera carne de cañón.

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