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| 3/12/2011 12:00:00 AM

Más demandas

Tras las pretensiones millonarias de los políticos que fueron secuestrados por las Farc hay un debate crucial: ¿dónde está el punto de equilibrio entre el legítimo derecho de las víctimas a reclamar y un Estado que no tiene plata?

Alan Jara y su familia piden al Estado 8.072 millones de pesos -más de cuatro millones de dólares- por los perjuicios sufridos en los siete años y medio que el exgobernador del Meta estuvo secuestrado por las Farc. El Estado falló en protegerlo -falló hasta en el estudio que determinó, antes del secuestro, que su nivel de riesgo era bajo; y no le pagó a su familia su salario mientras estuvo cautivo, como sí se hizo con los congresistas-, alegan. El Estado, pues, debe pagar. Con este argumento, tan legítimo como demoledor para el fisco, Jara y otros cinco políticos secuestrados y liberados por las Farc exigen una suma que, por lo que se sabe, ronda los 38.000 millones de pesos. Y podrían enarbolarlo cientos de miles de víctimas del conflicto armado. ¿Qué hacer?

Las cifras son exorbitantes, pero la respuesta menos inteligente es la histeria que siguió a la primera de esas demandas millonarias -los 15.431 millones que exigieron Íngrid Betancourt y su familia, en julio-. Poner en la picota pública a los secuestrados, además de volver a victimizarlos, no atiende al fondo del asunto. Algunos han recibido insultos por correo electrónico y hasta amenazas. Un país como Colombia, inundado de víctimas del conflicto (los secuestrados son una pequeña minoría), está en mora de hacer un debate sereno, de fondo, sobre lo que hay tras estas reivindicaciones y cómo atenderlas, no solo sobre su monto. La ley de víctimas, hoy en el Congreso, es la ocasión.

Lo primero que hay que reconocer, dice Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre, que lleva veinte años en el tema, es "el derecho legítimo de cada víctima a reclamar". Treinta mil personas secuestradas desde fines de los ochenta hacen evidente no solo la responsabilidad primaria de los perpetradores, sino que el Estado ha fallado sistemáticamente en proteger a los ciudadanos (contra el secuestro y muchos otros delitos ligados al conflicto armado, los cuales, además, tienen un carácter especial, pues no es lo mismo demandar al Estado porque a uno le roben el carro que porque lo desplacen de su tierra los grupos armados).

La responsabilidad del Estado es básica en el derecho internacional y la reconoce, por ejemplo, el Decreto 1290 de 2008, que creó el programa de Reparación por Vía Administrativa para las Víctimas: "Cuando el responsable de la violación no pueda o no quiera cumplir con sus obligaciones, los Estados deben esforzarse por resarcir a la víctima", reza. Eso es lo que busca, por ejemplo, Luis Eladio Pérez, con una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los gobiernos de Pastrana y Uribe por sus más de siete años de cautiverio, pero no busca reparación monetaria.

Estas demandas evidencian una vez más que en Colombia hay secuestrados (y víctimas) de primera y de segunda. Unos pocos dirigen a la Procuraduría o a los jueces pedidos de ocho o nueve ceros; la mayoría, según Gómez, demanda verdad y justicia. Es un reflejo de la discriminación en el acceso a la información y a la justicia. Un puñado de secuestrados conoce sus derechos y tiene manera de pelear por ellos, pero la mayoría no sabe de las ventajas legales, como las que tienen mientras están cautivos, ni, por ejemplo, que el Decreto 1290 contempla una indemnización de cuarenta salarios mínimos mensuales (unos 21,5 millones de pesos) por secuestro. Claudia Rujeles, esposa de Jara, dice que un objetivo central de su proceso es "que se genere debate y las víctimas sepan qué pueden hacer, pues no conocen sus derechos". Su esposo, además de reclamar equidad, pues no cree justo que a los congresistas les pagaran sus salarios y a él no, quiere que se debata la responsabilidad del gobierno Pastrana en lo que pasó en el Caguán, cerca a donde fue secuestrado, durante las negociaciones con las Farc.

Sin embargo, la suma cuenta. Lo que piden los seis políticos va en 38.000 millones de pesos, pero no es claro si todos incluyen lo que piden sus familiares, lo cual podría elevar notablemente la cifra.

Basta imaginar que los 30.000 secuestrados (y los cuatro millones de desplazados, y las víctimas de minas antipersonales, de actos terroristas, de 'falsos positivos', de desapariciones forzosas, de violaciones) demanden al Estado por tales sumas. "Les pagamos a Alan, a Consuelo, a Íngrid, ¿y el resto de las víctimas qué?", pregunta Gómez. Cien demandas de ese calibre y Acción Social se quedaría sin con qué atender a cientos de miles de víctimas. La responsabilidad del Estado es tan innegable como el derecho de las víctimas, pero la capacidad de reparación del fisco colombiano es muy limitada.

Algunos demandantes dicen que "el abogado advierte al secuestrado que acude: si no exagera las pretensiones, no dan nada". Pero ante unas pocas víctimas que exigen miles de millones de pesos mientras las otras desfilan en silencio por las oficinas públicas, la reacción, mediática y de opinión, llega a ser virulenta, como sucedió con Betancourt.

Hay no pocas preguntas espinosas en esta discusión: ¿tiene el mismo derecho a la reparación quien fue rescatado por el Gaula, quien fue liberado y quien pagó rescate? En el caso de Betancourt se discutió profusamente su eventual responsabilidad en un secuestro que muchos le anunciaron de antemano; ¿habría, pues, un rasero distinto para reparar a quien fue secuestrado por 'imprudencia'? ¿Quién y cómo determina esa 'imprudencia'? ¿Es siquiera concebible tal concepto? ¿Cómo cuantificar el daño?

La ley de víctimas ha abierto un espacio institucional para la discusión. La cual está cruzada por choques sobre temas muy complejos como hasta dónde llega la responsabilidad del Estado o si es legítimo obligar a las víctimas que opten por la reparación administrativa a que no pidan luego a la justicia indemnización individual, lo que para algunos coartaría el derecho constitucional a la justicia y para otros abriría un barril sin fondo que ningún Estado puede cubrir.

Este es el fondo de la discusión. Encontrar un "punto de equilibrio", como lo llama Gómez, en el que la reparación sea incluyente y efectiva pero sin excesos en lo que el Estadoreconozca a cada individuo. Esta es a la vez la gran necesidad y la gran dificultad de un debate que Colombia está en mora de llevar a buen término.

Si bien no es justo poner en el mismo saco las exigencias de reparación de los secuestrados con demandas como las de las víctimas de las pirámides, quienes hoy piden miles de millones en compensación por su secuestro deben ponerse en los zapatos de las víctimas comunes y corrientes: ¿"para mí sí, y para los demás, qué"?

Así como el Estado tiene la obligación de reparar, una cosa es hacerlo en Dinamarca y otra, en Cundinamarca. Si la justicia fallara a favor de reparaciones de ese tamaño, ni una economía de primer mundo alcanzaría.
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