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| 11/8/1993 12:00:00 AM

MAS PORRAZOS

El precandidato presidenaal Rodolfo González y el parlamentario Julio Bahamón, los últimos afectados por los debates éticos de la campaña electoral.

A CINCO MESES DE LAS elecciones parlamentarias y de la consulta popular, la campaña sigue ardiendo, pero no precisamente por el fervor con el que los candidatos defienden sus tesis y programas, sino porque las acusaciones sobre supuestas violaciones éticas y morales continúan copando buena parte de las noticias de las páginas políticas.
La semana pasada salieron a flote dos casos nuevos. En el primero, el precandidato liberal y ex contralor general, Rodolfo González García, fue condenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a pagar, de manera solidaria con la Contraloría y con su ex asesor Aquiles Torres, ocho años de salarios de un funcionario que habría sido despedido de la Contraloría en tiempos de González por motivos que el Tribunal califica de "torcidos".
El otro caso es menos novedoso, pues es una especie de segundo capítulo del llamado "porrazo" que definio la salida de la campaña presidencial de Ernesto Samper, de los congresistas Melquisedec Marín, Rodrigo Turbay y Jorge Eduardo Gechem, quienes fueron acusados de participar en un acto político en la Casa del Amazonas, en Leticia, hace tres semanas, en el cual compartieron la tribuna principal con Evaristo Porras, el protagonista de la celada tras la cual fue asesinado Rodrigo Lara en 1984.
El nuevo capítulo del "porrazo afecta al representante a la Cámara Julio Bahamón, quien aceptó que 20 días antes del acto de Turbay y Gechem, dictó una conferencia en la Casa del Amazonas a la cual también concurrió Evaristo Porras. Bahamón envió una carta al fiscal ético de la campaña samperista, Jorge Valencia, el mismo que recomendó la salida de Gechem, Turbay y Marín, en la cual le pidió que se pronunciara sobre el tema. En la comunicación, Bahamón aseguró que no conocía personalmente a Porras y que, al llegar al acto, no sabía que se encontraba allí.
Para Bahamón, se trata de un caso especialmente delicado, no tanto por lo sucedido en Leticia, como porque en vida de Rodrigo Lara éste fue su socio político por excelencia, hasta tal punto que fue Bahamón quien, al lado de Luis Carlos Galán, ocupó la primera fila de cargueros del ataud del asesinado ministro de Justicia, durante las exequias en Neiva el primero de mayo de 1984 (ver foto).
El fiscal ético se pronunció sobre el caso el jueves pasado, en el sentido de que la situación de Bahamón es diferente a la que afrontaron Turbay y Gechem. "De todos estos hechos, agregó Valencia, lo que se concluye (...) es que el doctor Bahamón debe abstenerse en lo sucesivo, de mantener o fomentar cualquier relación política" con Melquisedec Marín o con Porras. Esta absolución con advertencia parece dar por concluido el caso, pero puede significar que Bahamón se vea obligado también a romper sus lazos políticos con su aliado el senador Gechem, quien ya fue obligado a renunciar al samperismo.
EL CASO DE GONZALEZ
A diferencia de lo sucedido con Bahamón, el desenlace del caso del ex contralor González puede no ser tan feliz. Para empezar porque no se trata tanto de un debate de tipo moral, como de una decisión judicial de primera instancia por la cual el precandidato santandereano fue condenado.
La historia, divulgada ampliamente por El Tiempo en su edición del miércoles, comenzó en 1984, cuando los investigadores de la Contraloría, Felipe Guerra y Alberto Gómez, establecieron una serie de irregularidades en los contratos para la adjudicación de las obras del metro de Medellín. Según los funcionarios, en el curso del proceso de adjudicación de la obra se podían haber configurado delitos como falsedad, fraude procesal y otros contra la administración pública. Guerra y Gómez remitieron sus conclusiones a la Procuraduría y a la justicia penal, lo que, conforme al fallo del Tribunal de Cundinamarca, originó una enérgica intervención de González y de su asistente Torres. El problema parecía radicar en el hecho de que el Contralor acababa de refrendar un empréstito internacional por 650 millones de dólares para el metro de Medellín, y ello resultaba contradictorio con las conclusiones del informe de Guerra y Gómez.
Según el fallo del Tribunal, aparte de oponerse al informe de los dos investigadores, la Contraloria de González "jamás expresó la intención de indagar oportunamente sobre la veracidad de las irregularidades denunciadas". El episodio se agravó en octubre de 1985, cuando el Contralor declaró insubsistente a Guerra. Este procedió a interponer una demanda administrativa, que el Tribunal falló en favor de Guerra hace pocos días. Según la ponencia del magistrado Alvaro León Obando, "si bien Guerra era un funcionario de libre nombramiento y remoción, no podía ser retirado del servicio sino por necesidades y con fines de buen servicio público", exactamente lo que el Tribunal cree que no hubo. Según el fallo, la salida de Guerra sólo se explica "en móviles torcidos" relacionados con el malestar que les produjo a González y a Torres el informe de los dos investigadores. De ahí que el Tribunal considere que la Contraloría debe reintegrar a Guerra, y que el ex contralor y su entonces asistente deben pagar por partes iguales con la Contraloría los ocho años de salarios causados desde entonces.
Si se tiene en cuenta que lo hecho por González, en términos concretos, fue declarar insubsistente a un funcionario que de libre nombramiento y remoción, habría que decir que es posible que el fallo haya sido demasiado severo. En un comunicado divulgado al finalizar la semana, González aclaró, entre otras cosas, que los contratos del metro fueron investigados por el Procurador de entonces, Carlos Jimenez Gómez, quien no encontró méritos para cuestionarlos, y que, cuatro días después de que Jimenéz tomara esta decisión, los dos investigadores presentaron las conclusiones de su informe. Adicionalmente, González asegura que, para el momento de los hechos, la empresa del metro de Medellín, mitad del municipio y mitad del departamento de Antioquia, no podía ser objeto de investigación por parte de la Contraloría General de la República, que se ocupa de las entidades del orden nacional. Finalmente, el ex contralor puntualiza que la decisión del Tribunal es de tipo administrativo, y no disciplinario o penal, y que eso debe ser tenido en cuenta.
El problema para González es que el asunto está vinculado a un tema -el metro de Medellín- frente al cual ha habido numerosas denuncias y una costosísima paralización debida, en buena parte, a que los expertos han considerado que hubo defectos en la redacción de los contratos. Y aunque es posible que las irregularidades denunciadas por Guerra y Gómez en el año 84 no estén relacionadas con los problemas que tuvo luego la ejecución de la obra, el hecho de que el Tribunal Administrativo falle en contra de González, por haber removido a un funcionario que denunció irregularidades al respecto, es algo que golpea duramente la imagen del ex contralor, cuya campaña, por lo demás, aun antes del pronunciamiento del Tribunal parecía tener problemas para arrancar. Si en este período preelectoral ha habido ya varios casos de dirigentes descalificados por cuestionamientos de tipo ético sin consecuencias jurídicas, es previsible que igual o peor suerte política y de opinión corra quien, como González, ha resultado afectado por la decisión de un Tribunal.
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