Más vale pájaro en mano...

Sorpresa causo entre los congresistas de la comisión primera del Senado el llamado del ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos, a hundir el proyecto de reforma política que empezaba el pasado miércoles su segunda vuelta reglamentaria. ¿Por qué el gobierno quiere archivar este acto legislativo que fue calificado como "complementario al referendo" por el propio presidente Alvaro Uribe?

Antes de comenzar la sesión el ministro Londoño se reunió con el equipo de senadores más cercano a la administración: Rafael Pardo, Claudia Blum, Mauricio Pimiento y el liberal oficialista Andrés González. El plan de acción: hundir el acto legislativo en su quinto debate. La actitud de los congresistas era consistente con sus posiciones anteriores. El senador Pardo no sólo lidera la campaña del gobierno por el referendo sino que ha sido el contradictor más fuerte de la reforma política dentro de los uribistas. "Ese proyecto es una contrarreforma al referendo", expresó hace unas semanas.

No obstante, el Ejecutivo sí se contradecía. Sólo hacía tres semanas el presidente Alvaro Uribe había convocado a toda su bancada a Palacio para discutir sobre el referendo y el proyecto de acto legislativo. Como ha sido costumbre, los más de 120 asistentes, entre senadores y representantes a la Cámara, querían dos cosas: que el primer mandatario pusiera orden entre ellos y que les diera la línea por seguir. El presidente Uribe fue claro: ambas iniciativas siguen su camino.

Esta decisión presidencial implicaba que los uribistas tenían una doble misión: continuar el trámite de la reforma política en el Congreso y apoyar la campaña pedagógica del referendo en cabeza de los senadores Pardo y González, entre otros. ¿Qué pasó en este intervalo que llevó al gobierno a cambiar de opinión?

El plan B

La hoy amenazada reforma política no fue siempre la Cenicienta. El 20 de julio pasado, día de la instalación del Congreso, los congresistas que apoyaron la candidatura presidencial de Horacio Serpa transformaron sus propuestas de cambio al sistema político en un proyecto de acto legislativo que radicaron. El 7 de agosto el ministro Londoño radicaba, a su vez, el proyecto de ley del referendo. Las discusiones parlamentarias comenzaron con dos proyectos de reforma en la mesa: el referendo uribista y el acto legislativo serpista.

El acuerdo al que se llegó no sólo fue que ambos proyectos continuaran su trámite sino que los serpistas incluyeron los 12 puntos políticos del referendo en el texto del acto legislativo. Así, la reforma política que cursa en el Congreso se convirtió en el 'plan B' para garantizar que los cambios se den a pesar de que el referendo se hundiera tanto en el Parlamento como en el voto popular.

Sin embargo el cálculo de tiempos le falló al gobierno. Hoy el referendo está en la revisión de la Corte Constitucional y las encuestas muestran cómo ha perdido su atractivo ante la opinión pública. La fecha de votación, así como su contenido final, son inciertos y la campaña pedagógica para que los ciudadanos se familiaricen con el instrumento no despega.

Mientras tanto los congresistas cuentan aún con la iniciativa de la reforma política en sus manos. Una aprobación de este acto legislativo probaría que el Congreso es capaz de autorreformarse. Con el referendo el protagonista del cambio es el presidente Uribe; con la reforma política lo serían los congresistas.

Al gobierno no le fue tan mal en esa sesión. Aunque no pudo hundir el acto legislativo, los congresistas entendieron la actitud del gobierno y para salvar la reforma política sacarán los puntos del referendo del texto. No obstante, el Ejecutivo sigue con el problema de tener vivas dos herramientas de cambio, el referendo y el acto legislativo, en los que tanto las consecuencias como los intereses chocan. Al final no eran tan "complementarios" como el gobierno quiso hacer creer.