MAS VALE TARDE...

Como si se tratara de un partido de tenis, la semana pasada el gobierno y las Farc se pasaron la pelota mutuamente para definir la suerte de los 67 soldados que desde hace cuatro meses están en poder de esa organización alzada en armas.Así, el pasado miércoles, tres días después de que el Ejército divulgara un video en el que por primera vez aparecían los soldados, el gobierno tomó una drástica determinación para presionar a los subversivos para que los dejen en libertad: retirar las tropas en un área de 14.000 kilómetros cuadrados, al centro del Caquetá, en un período comprendido entre el 6 y el 16 de diciembre venidero. Esta había sido una exigencia de la guerrilla, con el argumento de que si había patrullas militares en la zona los insurgentes no tendrían tiempo de entregar a los soldados y regresar a sus campamentos sin ser interceptados por el Ejército.Lo que llevó a esta decisión fue la divulgación de las dramáticas imágenes de los soldados y el punto muerto en que se encontraban las gestiones humanitarias adelantadas hasta ese momento. El frente sur de las Farc _que secuestró a los militares tras el violento ataque a la base Las Delicias, donde además murieron 30 uniformados_, solo había hecho exigencias y la negociación se convirtió en un interminable ir y venir de mensajes que no conducían a nada, porque el punto central era el despeje de la zona de operaciones. La estrategia del Presidente de coger el toro por los cuernos tenía como propósito dejar la pelota, por primera vez en cuatro meses, en el terreno de la guerrilla. Retirar la fuerza pública de cualquier zona geográfica es un episodio espinoso políticamente. Hace algo más de un año se habló de 'ruido de sables' cuando los militares, a través de un memorando del comandante del Ejército, general Harold Bedoya, al ministro de Defensa, Fernando Botero, se opusieron a la desmilitarización de la Uribe como requisito para adelantar las negociaciones de paz con las Farc.En esta ocasión y tras el anuncio de Samper, los militares asumieron una posición neutral y calificaron la orden de traslado de las patrullas a las cabeceras municipales de Montañita, Cartagena del Chairá y Remolinos del Caguán, como una decisión político militar asumida por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. "Lo que se necesitaba era una decisión política de fondo para definir esto de una vez por todas y por eso estamos de acuerdo", le dijo a SEMANA el general Bedoya.Esta complacencia de las fuerzas militares obedece al reconocimiento de que el secuestro de los soldados no puede prolongarse indefinidamente. Con espectáculos emotivos, como las marchas de las madres, cada día que pasa aumenta la sensación de que el gobierno no está manejando el problema.Pero el viernes en la noche la guerrilla devolvió la pelota al terreno del gobierno y las ilusiones parecieron desinflarse nuevamente. En un memorando, el bloque sur de las Farc aceptó el despeje de la zona pero condicionó la entrega de los soldados a una verificación rigurosa del repliegue militar. En fuentes oficiales trascendió que esa respuesta puede traducirse en un nuevo empantanamiento del proceso de entrega y, si los guerrilleros así lo quieren, esa verificación podría hacerse interminable.Los pronósticos sobre la posibilidad del regreso de los soldados a su casa son todavía reservados. Los movimientos subversivos siempre están interesados en dialogar aunque este diálogo no conduzca a nada. Es simplemente una estrategia que les permite ganar terreno político. Sentarse en una mesa de negociación no significa entregar nada. Pero siempre que se inicia un diálogo y luego fracasa hay un costo alto.Es de prever que, aun en la eventualidad de que la iniciativa de Samper tenga éxito, la liberación de los soldados no le saldrá gratis al gobierno. Primero, porque la decisión presidencial causó alboroto y no faltaron quienes afirmaran que el despeje de una zona tan grande equivalía a un "triunfo de las Farc con show incluido". Sin embargo, en amplios sectores de opinión quedó claro que ante todo había que preservar la vida de los soldados por encima de cualquier consideración. Por otro lado, lo ocurrido demuestra una vez más que el gobierno tiene una gran facilidad para decir que sí después de que ha dicho enfáticamente que no. Basta recordar lo ocurrido en los paros campesinos del Putumayo y Guaviare a mediados de año.Pero quizá la principal consecuencia de la decisión de replegar a los militares en el Caquetá es que al parecer los guerrilleros obtienen una victoria en su estrategia, hasta ahora fallida, de lograr reconocimiento como fuerza beligerante. Lograr que el Estado desaloje una amplia zona selvática para transitar por ella libremente, con la veeduría de testigos provenientes del extranjero, es algo que en el ámbito internacional puede cambiarle la cara al tradicional conflicto colombiano entre militares y subversivos.En justicia habría que reconocer que el desalojo de 14.000 kilómetros de territorio se había convertido en una decisión inevitable. El Presidente trató de evitarlo pero las circunstancias se lo impidieron. El problema que enfrenta ahora es que mucho más grave que ceder en este aspecto es haberlo hecho sin que los soldados regresen a sus casas. Si esto llega a suceder el problema puede llegar a adquirir características de catástrofe.