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| 1/18/2014 12:00:00 AM

Masacre de La Rochela, 25 años sin respuestas

Familiares de las víctimas dicen que no se ha hecho justicia y que todo sigue en la impunidad. La historia.

“Lo recuerdo como si fuera ayer, pese han que han pasado 25 años”, con esas palabras el hoy fiscal especializado Wilson Humberto Mantilla, habla sobre cómo hace más de dos décadas logró salir con vida de la masacre de La Rochela en Simacota (Santander). Allí murieron 12 de sus compañeros.
 
Mantilla pese a lo traumático de la situación decidió seguir su carrera en la Fiscalía. En el marco de la conmemoración de un aniversario más, que se cumple este sábado 18 de enero, recordó la manera en que lograron, junto a dos de sus compañeros, escapar de las balas de los paramilitares que los atacaron, cuando iban a investigar otra masacre ocurrida días atrás.
 
Con la tranquilidad del peso de los años, Mantilla revive la forma en que se realizó la masacre.

Según él de uno de sus compañeros lo salvó, debido a que la masa encefálica y la sangre de quien iba a su lado le cayó encima. Esto le ayudó a hacerse el muerto. Su boca también estaba llena de la sangre de su amigo y al ser golpeado por uno de los atacantes la arrojó, por lo que el paramilitar dio la orden de que lo dejaran tirado. Una vez se marcharon los paramilitares , logró soltar las ataduras de las manos y salir del lugar.
 
“Dentro de los vehículos nos masacraron. Después de que dispararon procedieron a sacarnos de los carros. Y al que se moviera le disparaban un tiro de gracia en la cabeza”, señaló.
 
El fiscal, quien hace 25 años se desempeñaba como investigador y recibió algunos disparos, explicó por qué fueron hasta esa zona del país, en donde los atacaron indiscriminadamente para investigar una serie de crímenes.
 
“Una comisión de Bogotá fue designada para investigar unos homicidios en el Magdalena Medio. Era el caso de 19 comerciantes que venían de Cúcuta y que fueron desaparecidos en esta región”, dijo al recordar cuál era la misión que no les permitieron cumplir los paramilitares.
 
Como secuela de lo ocurrido, Mantilla aseguró que hasta el año pasado tenía un esquema de seguridad que lo cuidaba, pero que le fue retirado por considerar que el riesgo ya no era alto.
 
El fiscal Wilson Humberto Mantilla y Manuel Fernando Díaz, el otro sobreviviente de la masacre.

Hijo del fiscal
 

El fiscal especializado de derechos humanos Daniel Ricardo Hernández, es hijo de Luis Fernando Hernández Muñoz, una de las víctimas de la masacre. Pese a que su padre falleció en cumplimento de su deber, el amor por el trabajo que desarrollaba su progenitor lo llevó a estudiar derecho y a vincularse al ente investigador desde hace 11 años.  
 
“En cierta parte mi papá era el más antiguo en la comisión judicial. Tenía 29 años, pero llevaba ya mucho tiempo en la parte de Derechos Humanos. Venía de la Procuraduría General. Él tuvo las investigaciones de las masacres ‘bananeras’, yo leía esos expedientes a escondidas y desde ahí le fui cogiendo el gusto al derecho”, dijo.
 
Hernández pese a que dice querer la entidad donde trabaja, no puede evitar criticar el hecho de que la masacre siga en la impunidad tantos años después, en los que muchos de los responsables ya podrían estar muertos.
 
“Hay una impunidad completa, me duele decirlo porque es una entidad que amo. La Fiscalía me ha dado todo lo que tengo, pero hay una injusticia total frente al caso. Solo se ha emitido una condena como es la de alias ‘Vladimir’ autor material de los hechos y jefe de los ‘Masetos’ para esa época, pero no se han logrado condenar o llevar a juicio a los determinadores del hechos que son funcionarios o que trabajaban con el Estado, llámese Policía, Ejército, Congreso”, dijo.
 
Este viernes durante la misa desarrollada en el Complejo Judicial de Paloquemao, en la que se recordó a cada una de las víctimas el fiscal dijo que “tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenar al Estado para que se reabriera el caso y aun así no se han dado frutos. Esa condena es del 2007 y estamos en el 2013 y no se ha llevado a juicio”, explicó.
 
Hernández añadió a su denuncia que hay varias familias de las víctimas amenazadas, incluida la suya, y que a él en lugar de ampliarle el esquema de seguridad se lo redujeron a una sola persona.
 
Jomary Ortegón, abogada de las familias de las víctimas de la masacre denunció que el Estado colombiano ha incumplido con la mayoría de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que lo revelarán ante ese organicismo.
 
“En audiencia privada, el 4 de febrero representantes manifestaremos este incumplimiento, falta de justicia y ausencia de medidas de reparación integral, aquellas que tienen relación con la memoria de las víctimas”, dijo.
 
La masacre
 
El 18 de enero de 1989, los 15 funcionarios judiciales llegaron al corregimiento La Rochela, en Simacota (Santander), para investigar los misteriosos asesinatos y desapariciones que estaban sucediendo desde hacía meses en el sector.

El grupo se encontraba en una zona de tensión y recibía testimonios de campesinos cuando de un momento a otro, aproximadamente 40 hombres con fusiles aparecieron en la zona identificándose como guerrilleros.

Según testimonios, los hombres les dijeron a los funcionarios que se acercaba una guerra con el Ejército y les ordenaron abordar unos carros para salir del lugar. Después de recorrer un corto trayecto, los carros se detuvieron.

De inmediato el grupo judicial vio como 15 hombres comenzaron a disparar. La intención era clara, lograr que los delitos cometidos por los paramilitares en la zona quedaran en la impunidad. Solo tres personas sobrevivieron, simulando estar muertos.

Mucho de lo que actualmente se conoce es por la labor del Grupo de Memoria Histórica. Ellos descubrieron reuniones donde estuvieron presentes militares, mafiosos y políticos que habían sentenciado la muerte de los funcionarios judiciales desde antes que llegaran. Todos los asistentes a las reuniones clandestinas argumentaban que lo mejor era matarlos.

El grupo de Memoria indicó que por ejemplo, Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar temían que la visita del grupo judicial descubriera los cultivos de coca que tenían en el municipio de Puerto Parra. La masacre fue solo el comienzo de un duro periodo para la rama judicial.

La labor fue intensa, pero en menos de un mes se capturaron a casi todos los autores materiales y en agosto de 1989 cayó alias ‘Vladimir’, el líder del grupo asesino. Luego de las capturas se dispararon las amenazas y los asesinatos.

Después de trasladar el proceso a Pasto y de tener el gran problema de que en ese entonces las autodefensas eran amparadas por la ley y promovidas por el Estado, el proceso quedó dormido hasta cuando la Fiscalía lo retomó.

Desde ese año hasta el 2009 cada juez ha clasificado los delitos de diferente forma haciendo que el proceso se acerque a la prescripción. Todo un huracán de obstrucciones e impunidad ha tenido que soportar el caso de La Rochela a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al país por este hecho.
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