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| 10/7/2017 4:25:00 PM

Primeras piezas del rompecabezas de la masacre en Tumaco

Al terminar la necropsia de los cinco cuerpos que llegaron a la morgue, Medicina Legal determinó que recibieron disparos provenientes de fusil. Las investigaciones avanzan y ponen sobre el tablero a alias Cachi como el narcotraficante que amenazó a los campesinos para que protestaran.

¿Quién es el responsable de la masacre de los campesinos en Tumaco? Para responder esta pregunta es clave el dictamen de Medicina Legal. Precisamente este se conoció 48 horas después de sucedidos los hechos en el Alto Mira y Fronteras, cuando terminaron las labores de necropsia e identificación de los seis cuerpos que llegaron a la Morgue –las organizaciones sociales de la zona han advertido que el número de decesos puede ser mayor porque hubo personas que fueron trasladadas a Ecuador-.

Aldemar Gil Guachetá, de 25 años; Diego Escobar Dorado, de 31 años; Nelson Chacuendo Calambas, de 29 años; Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26 años; Jaimen Guanga Pai, de 45 años; y Alfonso Taicús Taicús, de 32 años de edad. Así fueron identificadas las primeras víctimas mortales.

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La Fiscalía y otras fuentes en Tumaco aseguraron que entre los muertos se encontraba un menor de edad, sin embargo, ninguno de los cuerpos identificados por Medicina Legal corresponde a esta característica. “Nosotros solo tenemos conocimiento de los cuerpos que llegaron, no podemos dar fe de que hay un menor de edad entre los muertos”, explicó a SEMANA Carlos Valdés, director de Medicina Legal.

Dato importante del dictamen es que los cuerpos fueron impactados por un fusil. “Los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad, según el análisis de los médicos, odontólogos, radiólogos y técnicos forenses que se desplazaron a la zona”, aseguró Medicina Legal.

Además, se reveló que los expertos en balística determinaron que “los disparos no fueron hechos a corta distancia”, es decir no fueron tiros de gracia ni tampoco  a “menos de tres metros”, según Valdés.

Cuadro tomado del artículo ‘Distancia de disparo y su interpretación frente a la conducción de hostilidades en el conflicto armado colombiano‘, de Luis Eduardo Anturia, Jhon Norvey Zambrano y Nelson Espinosa Blanco.

Sin embargo, lo que aún no se ha esclarecido es quién disparó. “Eso lo tiene que determinar la Fiscalía”, aseguró el director del Instituto. De hecho el dictamen no nombra nada acerca de los “cilindros bomba” que según el Ejército y la Policía fueron lanzados a la multitud por las disidencias de las Farc.

Alias Cachi

Recién salieron a la luz los asesinatos en Tumaco, la Policía y el Ejército pusieron como principal responsable a alias Guacho y su grupo de GAO residual de la columna Daniel Aldana de las Farc. Sin embargo, tal como advirtió SEMANA, en la comunidad se habla de Cachi como un hombre de 27 años que tiene el control del negocio del narcotráfico en la zona y sería quien amenazó a los campesinos para que salieran a protestar contra la erradicación de cultivos ilícitos.

“La figura de un criminal que a partir de este momento queda convertido en objetivo de alto valor para las autoridades conocido como alias Cachi, según se nos ha dicho y hay evidencia es el responsable de estar presionando y amenazando a las comunidades (…) son organizaciones de traficantes, de crimen organizado”, explicó el vicepresidente Óscar Naranjo, quien se encuentra en Tumaco investigando los hechos.

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Según dijeron personas de la zona a SEMANA, Cachi realizó varias reuniones para presionar a la comunidad con el fin de que aceptaran su “plan de trabajo” contra la erradicación. "La propuesta era sacar 30 personas por comunidad para ir a pelear con la fuerza pública. Tocaba dormir, cocinar y acampar en el monte. La comunidad que decidía no ir, tenía que pagar una sanción de 50.000 pesos diarios y si no iban les quitaba las fincas, les minaba los cultivos y los caminos", les dijeron a más de 400 asistentes que el 19 de septiembre se reunieron en la vereda Puerto Rico.

La situación en Tumaco es preocupante, el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, aseguró que en este momento hay 16 integrantes del consejo comunal amenazados. Además, explicó que “el programa de sustitución no se ha iniciado porque requiere que haya propiedad de la tierra, quienes están cultivando la coca no la tienen. La autoridad legítima, que es el consejo comunitario, pues tiene una parte del terreno”.

El negocio es simple: mientras las autoridades intentan sacar adelante los planes de sustitución con los pequeños campesinos dueños de una o dos hectáreas, atrás, en las profundidades del territorio, sigue floreciendo el negocio que no tiene cara de desaparecer. Cultivos industriales es como identifican las autoridades las grandes extensiones de tierra de hasta 100 hectáreas donde los narcotraficantes siguen haciendo de las suyas. Los campesinos son el escudo mientras que los grandes productores protegen su siembra con cercas de minas antipersonales y pequeños grupos de hombres armados.

“Nos están diciendo en todos los idiomas los campesinos: ‘queremos dejar la coca, acompáñenos gobierno para poder avanzar’, y eso es lo que haremos”, aseguró Naranjo.

Precisamente la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también condenó los hechos y los calificó como "crímenes". Además, recordó que reiteradamente han advertido "los riesgos que para la vida de las personas del Alto Mira y Frontera significa esta tensión, unida a la aparición de diferentes grupos interesados en las economías ilícitas". La ONU explicó que después de un análisis concluyeron que las muertes de los campesinos se dieron en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz. "La Oficina urge a que se investigue lo ocurrido y a que se juzgue y sancione a sus responsables", aseguraron por medio de un comunicado.

Cabe recordar que hay versiones encontradas sobre la autoría de los hechos. La Policía y el Ejército han dicho que las disidencias son las responsables, mientras que las organizaciones sociales aseguran que los disparos provinieron de la fuerza pública.

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