Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2003/09/15 00:00

Masacre gota a gota

Durante el último año el municipio de Soacha se ha transformado en el escenario de una supuesta 'limpieza social' que ya superó las víctimas fatales.

A las 2 de la tarde del pasado 20 de agosto la muerte empezó a rondar por un establecimiento de juegos electrónicos en el barrio Villa Mercedes, en Cazucá, sector del municipio de Soacha, aledaño a Bogotá. En el lugar unos 10 jóvenes entre 13 y 19 años de edad se divertían con unos precarios aparatos de juegos de video. Afuera dos hombres de chaquetas de cuero negro se paseaban por la calle y ocasionalmente se detenían en la entrada de "las maquinitas" para observar al desprevenido grupo. Presintiendo lo que iba a ocurrir los vecinos del local comenzaron a encerrarse en sus casas.

Durante toda la tarde el ruido electrónico acompasó la zozobra. Hacia las 7 de la noche una mujer se asomó al local y anunció: "Aquí va a haber limpieza". Después desapareció. Algunos jóvenes entendieron la advertencia y salieron rápidamente del establecimiento. Otros, más confiados, se quedaron para terminar sus turnos en los juegos. Una hora después los dos hombres que merodearon durante la tarde se pararon en la única entrada del establecimiento de cuatro metros cuadrados. Desenfundaron dos pistolas y comenzaron a dispararles a los cinco muchachos que permanecían en el sitio. Cuando estaban en el suelo los remataron con disparos en la cabeza. Un par de minutos más tarde en el lugar quedaron los cuerpos de un niño de 13 años, dos adolescentes de 16 años y dos hermanos de 18 y 19 años.

Después de cometer el crimen los asesinos salieron caminando lentamente por la mitad de la polvorienta calle con las pistolas en la mano. A los vecinos que se atrevieron a asomarse a curiosear los homicidas los amedrentaron apuntándoles con las armas y gritándoles: "¡Cuidado con abrir la boca. Esto es en serio!". La ronda macabra no acabó esa noche. Dos días más tarde otros dos adolescentes fueron asesinados con disparos de pistola en la cabeza en una calle del barrio San Mateo, a menos de un kilómetro del local de juegos de video en Villa Mercedes.

Los siete jóvenes asesinados a sangre fría en menos de 48 horas se convirtieron en las más recientes víctimas de un fantasma que ha desvelado a los 364.000 habitantes del municipio de Soacha: el resurgimiento de un tenebroso grupo de supuesta 'limpieza social' que comenzó a sembrar el pánico desde el año pasado. Hoy las investigaciones de las autoridades señalan a este desalmado grupo de haber cometido 34 asesinatos comprobados. Al matar a sus víctimas a cuentagotas han evitado despertar reacciones, pero son los responsables de una de las peores masacres en un país donde es difícil batir el récord en esa materia. Las pesquisas oficiales aún no terminan pues, a juzgar por los testimonios que han recogido las autoridades -y que coincidieron con los que escuchó SEMANA en la zona-, la cifra puede ascender al doble. La triste historia se remonta a comienzos del año pasado.

Terror encapuchado

El 21 de marzo de 2002 los habitantes del barrio Julio Rincón se sorprendieron cuando a plena luz del día dos hombres y una mujer, frente a más de una docena de testigos, les dispararon en la cabeza a dos muchachos de 17 y 18 años. Algunos pensaron que podía tratarse de una vendetta ya que los dos asesinados eran reconocidos vendedores de basuco. Sin embargo, a partir de ese día y hasta el pasado 20 de agosto, empezaron a ocurrir asesinatos de jóvenes entre 14 y 20 años de edad en por lo menos 10 de los barrios más pobres de Soacha. "Como solamente aparecían uno o dos muertos por semana nadie le puso mucho cuidado al asunto, explica un líder barrial. Las autoridades nos decían que eran muertes aisladas y que como la mayoría de los muchachos asesinados estaban metidos en venta de basuco o bandas de atracadores seguramente se trataba de venganzas".

A mediados del año pasado un grupo de dirigentes sociales denunció que entre marzo y septiembre ocurrieron ejecuciones extrajudiciales de cerca de 50 jóvenes entre 16 y 20 años, principalmente en los barrios Julio Rincón, Loma Linda, Villa Mercedes, La Esperanza, Luis Carlos Galán, La Capilla, Carlos Pizarro y Villa Sandra. Afirmaron también que, además de los asesinatos, en los Altos de Cazucá hombres vestidos de civil ingresaban arbitrariamente a las viviendas y sometían a los moradores a atropellos, retenían vehículos de transporte público y hacían descender a sus ocupantes para confrontar sus nombres con los de una lista que llevaban. Revelaron también que en algunos sectores esos encapuchados decretaban toques de queda desde las 6 de la tarde para los jóvenes. Quienes no lo cumplían eran asesinados.

A pesar de que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana sobre los Altos de Cazucá, aun desde antes de estas denuncias, fue muy poco lo que las autoridades locales hicieron en su momento por ponerle freno a la situación. Como el número de víctimas nunca superó los tres asesinatos en el mismo día la versión de que se trataba de ajustes de cuentas aislados fue acogida con facilidad por algunas autoridades. Sin embargo una investigación adelantada en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General dejó recientemente al descubierto la escalofriante realidad de lo que realmente se escondía detrás de las aparentes muertes aisladas.

La investigacion

La Fiscalía, apoyada por miembros de la Sijin que conocían bien el lugar, se dedicó a estudiar cada uno de los asesinatos que venían ocurriendo en el municipio. Como resultado de su investigación se estableció que había elementos suficientes para determinar que todos los homicidios tenían algo en común. El arma utilizada siempre era la misma, una pistola calibre nueve milímetros. Todas las víctimas eran asesinadas con impactos de bala en la cabeza. La mayoría tenían el mismo perfil: jóvenes, algunos de los cuales tenían problemas con la ley o eran señalados de pertenecer a bandas de delincuentes menores. Mientras las autoridades unían estas piezas del rompecabezas, apoyadas en los dictámenes de Medicina Legal, oficiales de la Sijin se dedicaron a buscar a los testigos.

"La gente tenía mucho miedo y nadie quería hablar, dijo a SEMANA uno de los oficiales investigadores. A finales del año pasado llegamos hasta una niña de 17 años que pertenecía a una de las pandillas más reconocidas de Cazucá. Ella nos dio los primeros nombres de varios de los hombres que habían participado en uno de los asesinatos". Con esa información la Policía logró capturar a finales de noviembre del año pasado a los primeros dos asesinos. Estos no sólo confesaron algunos de los homicidios sino que comenzaron a delatar a sus cómplices. Entre diciembre de 2002 y enero de este año Policía y Fiscalía detuvieron a 19 personas y las vincularon como los responsables de 26 asesinatos.

Se logró determinar que los sindicados formaban parte de un mal llamado grupo de 'limpieza social' el cual era, presuntamente, financiado por algunos comerciantes de la zona. "Se hacían llamar los 'paracos' y decían que eran parte del frente capital de las autodefensas", afirma uno de los oficiales del caso. Sabían que esto generaría mucho temor. Sin embargo de los 19 capturados sólo uno, aparentemente, tiene relación con grupos paramilitares. Los demás eran delincuentes que conformaron bandas que eran contratadas para realizar 'la limpieza social'.

El proceso que adelanta la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, del que hacen parte los 19 capturados y las 26 víctimas iniciales, no ha concluido. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Gobierno de Soacha, entre enero y agosto del año pasado 105 personas fueron asesinadas con armas de fuego en ese municipio. "Creemos que cerca de 90 de esas muertes fueron causadas por los grupos de limpieza social. La investigación para determinar eso plenamente aún continúa", dice el oficial.

La incertidumbre sobre la cifra real de víctimas de esta matanza es generalizada ya que no hay exactitud sobre el número de asesinatos. Todas las instituciones, Secretaría de Gobierno, Policía, Fiscalía, Defensoría y Medicina Legal, manejan estadísticas muy diferentes. "Eso se debe a que algunos cuerpos no aparecen, pero existen las denuncias de los testigos de los muertos. Otros son llevados a municipios vecinos. Además hay zonas en las que ha sido imposible realizar los levantamientos debido a que no hay seguridad para llegar allí. En lo poco que hay consenso es en que la cifra de muertos puede llegar al centenar", dijo un funcionario de la morgue municipal.

Las autoridades esperaban que las 19 capturas pararan el desangre. Pero en los últimos tres meses los asesinatos selectivos han regresado. "Se ha establecido que existe relación entre las muertes de los últimos meses con las del año pasado", dice el secretario de Gobierno de Soacha, Ricardo Ladino. Al igual que con las víctimas de 2002, no hay certeza sobre el número real de homicidios ocurridos durante 2003. Las cifras han vuelto a ser escandalosas y la Fiscalía ha tenido que empezar de nuevo la investigación. Pero sin la ayuda de las autoridades nacionales, y ante el silencio de dirigentes y medios, será difícil que pueda avanzar lo suficientemente rápido para alcanzar a proteger a las futuras víctimas, niños y adolescentes que han crecido en la peor pobreza, con zapatos rotos amarrados con alambre, sin ninguna oportunidad. Y la 'limpieza social' que necesitan con urgencia es una que les dé unas condiciones de vida más dignas y seguras.

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