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| 2/18/2012 12:00:00 AM

¡Mátame!

¿Cómo logró el CTI de la Fiscalía establecer que dos sacerdotes pagaron a unos sicarios para que los asesinaran? Detalles desconocidos de un crimen sin antecedentes.

Hace un año el país se estremeció con la noticia de que dos sacerdotes habían sido asesinados en el occidente de Bogotá. Se trataba de Rafael Reátiga (dos balazos de revólver calibre 38 en el cráneo) y Richard Píffano (tres impactos de munición 7.65 en la cabeza y en el cuello). Era el 26 de febrero de 2011. Los humildes habitantes del barrio El Triunfo, en Ciudad Kennedy, dieron aviso a las autoridades de la balacera y de un carro abandonado junto a un caño.

Poco antes de las nueve de la noche el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegó al lugar. Los investigadores encontraron un sedán Chevrolet Aveo con el motor, las luces y el radio encendidos. La puerta trasera del costado derecho estaba abierta. En su interior yacían acribillados los párrocos en traje de civil. Reátiga ocupaba el asiento del conductor y a su derecha estaba Píffano, quien tenía en sus manos una camándula. Ambos parecían haber expirado mientras oraban.

El hecho produjo consternación, en particular en Soacha y Kennedy, donde los curas eran capellanes. La Conferencia Episcopal de Colombia repudió el crimen, pidió justicia y recordó que 74 sacerdotes habían sido asesinados en el país desde 1984. La Policía ofreció una recompensa. Todo ello hizo que el caso se apreciara mucho más que un crimen común y fue así como cayó en manos de una fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo.

Se trataba de Ana Patricia Larrota, quien conformó un grupo de investigación especial. Lo primero que hicieron fue inspeccionar minuciosamente el carro en busca de huellas y más rastros, luego lo llevaron a la escena del crimen y reconstruyeron lo ocurrido con la máxima exactitud posible. Ubicaron el vehículo en el lugar y la hora de los hechos. En la reconstrucción de la escena participaron balísticos, topógrafos, perfiladores y fotógrafos. También recogieron testimonios.

"Determinamos la dinámica de los hechos. El sitio del crimen sugería un posible conocimiento del lugar por parte de los agresores. Se obtuvo que participaron dos homicidas, uno de ellos, zurdo, actuó sentado en la parte de atrás del carro desde donde accionó el arma. La posición de los cuerpos nos sugirió que los curas habían estado en oración justo antes o durante los disparos. Nos llamó la atención que no fue un robo ni hubo forcejeo. Entendimos que se trataba de una ejecución. Era un caso evidente de sicariato, pero, ¿por qué?", le dijo a SEMANA uno de los investigadores.

A partir de entonces la misión avanzó en dos sentidos: construir un perfil amplio de las víctimas para identificar de dónde provino la amenaza y seguir el rastro de sus teléfonos celulares, los únicos elementos que se llevaron los homicidas.

"Los celulares no estaban. Quizá los delincuentes calcularon que era mejor llevarse esa evidencia que los podía vincular con los sacerdotes". Averiguaron los números de las líneas de telefonía celular de los sacerdotes y el tipo de aparato que usaban. "El análisis de la escena nos indica que los sicarios eran tipos de clase media baja, tener un teléfono de ese tipo (gama alta) es todo un lujo, no iban a deshacerse de elementos como esos, seguramente los conservarían. Ese fue su error. Así comenzó la cacería electrónica". Mediante la compañía operadora obtuvieron los códigos de matrícula de los aparatos (Imei) así como los de las tarjetas (sim card). Y de esta forma pudieron rastrear satelitalmente los primeros e interceptaron las segundas.

Al mismo tiempo, los investigadores empezaron a entrevistar a familiares y conocidos para establecer quiénes eran los sacerdotes. El análisis de diversas fotos indicó que el padre Rafael no era un cura convencional: aparecía "demasiado alegre", bebiendo cerveza en bares. También encontraron que los dos sacerdotes eran muy unidos: estudiaron juntos, se ordenaron juntos, nunca perdieron contacto y casi a manera de ritual se encontraban un día a la semana.

Al cruzar los números de las llamadas hechas por los sacerdotes en sus últimos días de vida con las que hacían quienes se llevaron sus teléfonos, los agentes del CTI encontraron que, en uno y otro caso, había llamadas a los mismos números. La ubicación de los aparatos, seguidos por satélite, indicaba además que estaban cerca uno de otro, y la zona donde estaban coincidía con el lugar a donde se dirigieron algunas de las últimas llamadas hechas por los sacerdotes.

Lo que escuchaban los investigadores a través de las líneas interceptadas daba cuenta de dos individuos integrantes de una banda de estafadores y falsificación de dinero. Cuando acumularon suficiente evidencia llamaron a declarar a uno de los interceptados: Isidro Castiblanco, más conocido como Gallero.

Castilbanco, de 42 años, quien dice ser jardinero, atendió la citación y confesó que tenía que ver con la muerte de los sacerdotes. Dijo que no podía más con el peso de su conciencia y reveló algo que dejó estupefactos a los investigadores: los propios religiosos fueron quienes le pidieron contactar a unos sicarios para que los mataran.

Gallero contó que el pacto de muerte se cerró el mismo día del homicidio a cambio de 15 millones de pesos que recibió Gilberto Peñate, alias Gavilán, quien sería uno de los gatilleros. La razón para contratar su propia muerte era que padecían una enfermedad terminal y no querían que las familias sufrieran. Gallero aseguró que los religiosos dijeron que habían fracasado en el intento de suicidarse aparentando un choque fatal en el Cañón del Chicamocha, Santander. La confesión era tan increíble que los investigadores sospecharon que Gallero buscaba proteger a alguien.

Pero a medida que hacían verificaciones el testimonio se fortalecía. Con la historia clínica se pudo establecer que al padre Reátiga le habían diagnosticado sida y que su salud venía en franco deterioro. El dictamen se confirmó con el testimonio de una médica y con el análisis de muestras de sangre que se conservaban en Medicina Legal. Una serie de testimonios revelaron que el sacerdote frecuentaba bares gay. Su foto fue identificada por varias personas que trabajan en esos lugares. Los sacerdotes viajaron juntos por tierra a Santander -pasando por el Chicamocha- para visitar a su familia. Se estableció también que poco antes de morir el mismo cura había trasladado varios CDT a nombre de su madre Helena Rojas de Reátiga. Varios feligreses dijeron que les pidió orar mucho por él. Liliana Otálora, madrina de ordenación del padre, dijo que la última vez que habló con él, el 19 de enero de 2011, el religioso le dijo que a él le gustaría "morir de un balazo, porque esa es una muerte linda". Rubí Mora, encargada del coro de la capilla de Soacha, contó que el sacerdote le pidió -un día antes del crimen- que en su entierro cantaran determinadas canciones y le entregó un listado con los títulos.

Por su parte, el padre Píffano estuvo con Reátiga de tiempo completo en sus últimos días, y horas antes del asesinato vació su cuenta bancaria para girar un cheque con el que saldó una deuda.

El día del crimen ambos religiosos advirtieron en sus iglesias que buscaran sacerdote porque no irían a oficiar la misa de 6:30 de la tarde Según Gallero, un poco más tarde, en la intersección de la carrera 86 con la Avenida Ciudad de Villavicencio, al occidente de la capital, habrían recogido al sicario. A las 8:28 de la noche los agentes de la estación 100 de Policía contactaron al CTI para reportar la muerte de dos hombres acribillados dentro de un vehículo.

Esta semana la Fiscalía llevó ante un juez a Gallero y a Isidro Castiblanco, Gavilán, quien ya estaba detenido por porte ilegal de armas y está señalado como uno de los presuntos autores materiales. El primero, acusado de complicidad en homicidio agravado, dijo: "Señor juez, con todo respeto, acepto los cargos". Castiblanco no los aceptó y su abogada solicitó que se le enjuicie, pero por el delito de inducción o ayuda al suicidio. El juez rechazó la petición y envió a la cárcel a los dos.

La Fiscalía está aún tras la pista de otras dos personas que también habrían participado en el homicidio. Pero, por lo pronto, sus hallazgos han convertido este en uno de los casos más insólitos de la Justicia colombiana, que tiene perplejos hasta a los más curtidos investigadores.
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