07 enero 2012

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Matar al mensajero

LIBERTAD DE PRENSAHugo Chávez y Rafael Correa encabezan una ofensiva contra una de las instituciones más representativas del sistema interamericano, que protege la libertad de expresión.

Matar al mensajero. El presidente ecuatoriano Rafael  Correa es quien está más interesado en ponerle una mordaza  a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que ha cuestionado la guerra jurídica que él ha emprendido contra periodistas ecuatorianos.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa es quien está más interesado en ponerle una mordaza a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que ha cuestionado la guerra jurídica que él ha emprendido contra periodistas ecuatorianos.

Uno de los instrumentos más eficaces para proteger la libertad de expresión en América Latina está en peligro. Se trata de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La oficina, dirigida por la exmagistrada colombiana Ca
talina Botero, está en la mira de algunos gobiernos de la región, encabezados por Hugo Chávez, de Venezuela y por Rafael Correa, de Ecuador.

Chávez y Correa promueven un proyecto que, si se aprueba, debilitaría a la Relatoría y la dejaría sin dientes para cumplir su función. La fecha clave será el próximo 25 de enero cuando, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, los representantes de los países miembros acogerán o descartarán el texto.

La Relatoría ha sido muy activa en los últimos años. Fue la última de las siete relatorías de la CIDH en crearse –en 1997– y ha publicado informes extensos y descarnados sobre las amenazas que se ciernen sobre la libertad de prensa en la región. Bajo la dirección de Botero ha conseguido recursos financieros no solo en América Latina sino en la Unión Europea, para pagar los gastos de funcionamiento. La oficina se ha convertido en la puerta que tocan los periodistas del continente que ven en peligro su libertad.

El lío es que, por sus actitudes críticas, el despacho se ha granjeado la enemistad de Hugo Chávez y, especialmente, de Rafael Correa. Es comprensible: mientras que la Relatoría busca que se eliminen como delito la injuria y la calumnia contra los funcionarios públicos –porque se trata de personas expuestas a un mayor escrutinio de la sociedad– Chávez ha clausurado numerosas emisoras de radio y canales de televisión. Y Correa, por su parte, ha llegado al extremo de demandar por varios millones de dólares al diario El Universo, de Guayaquil, que pese a ser el de más circulación en Ecuador podría irse a la quiebra si en los próximos días se confirma el fallo de julio pasado que señala que la honra del jefe de Estado fue afectada por un artículo del periodista Emilio Palacio, que debió exiliarse en Estados Unidos.

El caso es que, molestos con la Relatoría y la CIDH, un grupo de países miembros de la OEA, encabezados por Ecuador y Venezuela, crearon a finales de julio un Grupo de Trabajo para analizar el futuro de la Comisión que a mediados de diciembre, minutos antes de salir de vacaciones, hizo una serie de recomendaciones que deben ser consideradas por el Consejo Permanente de Embajadores de la OEA. En opinión de los defensores de derechos humanos, el problema es que, si se acogen esas iniciativas, la libertad de prensa se vería seriamente desprotegida.

¿Por qué? La idea del Grupo de Trabajo es, en primer término, que la Relatoría no publique por separado su informe anual, últimamente de unas 400 páginas, sino que lo haga con las demás relatorías y con una extensión semejante, lo cual opacaría su visibilidad y debilitaría su impacto. En segundo lugar, se pretende que la Relatoría no pueda buscar financiación en otros lugares sino que reciba la misma cantidad de dinero que las demás, lo cual limitaría su capacidad de acción. Y, finalmente, se quiere que los integrantes de esa dependencia se ajusten a un ‘código de conducta’, lo que equivaldría a que en ciertos momentos no puedan emitir siquiera un comunicado. “En ese sentido, sería bueno que el 25 de enero los países que son más receptivos a la causa de la libertad de expresión dejen claro que las recomendaciones deben interpretarse de manera constructiva y no hacia el debilitamiento de la Relatoría”, le dijo a SEMANA el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Pero, ¿lo harán? No está claro. Colombia, que es uno de los pocos Estados miembros de la OEA que le dan fondos adicionales a la CIDH, dice que las recomendaciones del Grupo de Trabajo “son menos drásticas de lo que se había propuesto inicialmente”, según el embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, quien asegura que el país “respalda totalmente la libertad de los medios”. Y Brasil, un auténtico peso pesado de la región, ha guardado silencio, pues se ha sentido ofendido por ciertos pronunciamientos del sistema de protección a los derechos humanos del hemisferio, al que también pertenece la Corte Interamericana que sesiona en San José, Costa Rica. Argentina tampoco ha dicho ni ‘mú’, menos aún cuando la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anda de bronca con los dos grandes diarios bonaerenses, Clarín y La Nación.

La andanada más reciente de Rafael Correa contra la Relatoría tuvo lugar el pasado 2 de diciembre, en la cumbre inaugural de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), dirigida por el presidente venezolano Hugo Chávez, que ejercía de anfitrión. En ese momento, Correa se fue lanza en ristre contra la OEA, contra el sistema regional de protección de los derechos humanos y sobre todo contra la Relatoría.

También la emprendió contra lo que denominó “los poderes fácticos” de la prensa ecuatoriana y lanzó dardos envenenados contra la Relatoría. En este aparte puso un video con una serie de polémicas declaraciones de algunos periodistas contra su presidencia. En él quedaba constancia, por ejemplo, de que Emilio Palacio, quien fuera jefe de opinión de El Universo de Guayaquil, lo ha llamado “aspirante a tirano”. Asimismo, aparecía el periodista Caros Vera, que lo trata en tono burlón y enseguida lo califica de “farsante” y de “neonazi”.

Y respecto de la organización, fue clarísimo en su apuesta: “Necesitamos un nuevo sistema interamericano, porque la OEA ha sido capturada por una visión norteamericana que la vuelve ineficiente y poco confiable”. Después, señaló lo que a su juicio es una incongruencia: que mientras la CIDH funciona en Washington, Estados Unidos no acata sus pronunciamientos. “Estados Unidos financia unos organismos para que nos controle desde allá. ¿Hasta cuándo tanta burla?”, preguntó, para inmediatamente criticar lo que bautizó, en alusión a las ONG, como el ‘oenegismo’.

Es posible que Correa logre algunos apoyos para sus polémicas posiciones. Pero la CIDH, con todo y sus falencias, ha servido de foro para aclarar la suerte de miles de desaparecidos durante las dictaduras militares de Argentina y Chile, y les ha puesto el micrófono a personas que no podían hablar en sus países. Y en cuanto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el presidente ecuatoriano debería considerar lo que alguna vez manifestó Thomas Jefferson cuando afirmó que “entre un Estado sin prensa y con gobierno y uno con prensa y sin gobierno, prefiero lo segundo”.
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