Mató al tigre...

Un auténtico tornado político provocó el martes 19 de septiembre el juez cuarto penal municipal de Barranquilla, Jafet Puello Gutiérrez, cuando ordenó "imponer medida de aseguramiento de detención preventiva intramural" al alcalde Guillermo Hoenigsberg, al ex alcalde Bernardo Hoyos y al interventor Alcibíades Bustillo. Son acusados de los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos. Al explicar su decisión, el juez dijo que, "si Guillermo Hoenigsberg como secretario del despacho había sido capaz de una maniobra que había dañado el patrimonio público, como alcalde será capaz de mucho más".

Han transcurrido 13 años desde el momento en que se interpuso la primera denuncia y ya la ciudadanía no albergaba ninguna ilusión de que se hiciera claridad por los presuntos sobrecostos en que se habría incurrido al contratar la remodelación del edificio de la Alcaldía por 1.400 millones de pesos y por el que se terminaron pagando 7.000 millones de pesos. Por eso, la medida del juez fue tan sorpresiva como lo fue la del fiscal que en enero había ordenado inicialmente la medida de aseguramiento. En ese momento, tanto Hoenigsberg como Hoyos estuvieron 61 días presos y cuando salieron, se repartieron rayos y centellas. El Alcalde alcanzó a hacer un acto de contrición y Hoyos se refugió con sus simpatizantes en unas de las zonas más pobres de Barranquilla.

Pero tomada la decisión de ponerlos tras las rejas sin ningún beneficio, lo que esperaba la ciudadanía, abogados y políticos era saber en qué momento serían detenidos Hoenigsberg, Hoyos y Bustillo. "El juez se equivocó", dijeron algunos; "está prevaricando", dijeron otros; "Es un abuso"; gritaron en otra, orilla; "ya era hora de que se hiciera justicia", o "al fin un juez se atrevió", señalaron los más críticos del Alcalde.

Como no se trata de dos acusados del común, la decisión provocó crispación en la ciudad en momentos en que se discuten proyectos de importancia impulsados por la administración Hoenigsberg.

Las horas que sucedieron a la tarde del martes con su larga noche y todo el miércoles fueron horas de alaridos e incertidumbre. Amigos y ciudadanos desconocían el paradero del Alcalde y del sacerdote. Comentaristas expertos y primíparos brincaron a repartir banderillas y hacer conjeturas sobre el desenlace de esta tormenta. El juez había sido claro en su decisión: "Imponer medida de aseguramiento. Líbrense las órdenes de captura".

Pero como el derecho es como es, surgieron dudas sobre si era posible detener al Alcalde en esta etapa del proceso. "No, dijeron algunos, porque de lo que se trata es de preservar la buena marcha de la administración y su continuidad". "Si estaba acusado, no debió aspirar, así nos habría evitado todo esto", dijo por su parte el actor popular Gaspar Hernández, impulsor del proceso. Los temas de discusión al final se redujeron a si la medida había quedado en firme o si había que esperar que el juez resolviera los recursos al reanudarse el caso el próximo lunes 2 de octubre.

El juez en su despacho del undécimo piso del edificio Lara Bonilla, recibía la tormenta en silencio: el miércoles se presentó en su despacho un recurso presentado por el abogado del Alcalde, Carlos Gálvez, quien le pidió abstenerse de solicitar al Presidente la suspensión del Alcalde. Esa petición del abogado Gálvez terminó despejando el panorama, pues el juez resolvió esperar hasta el 2 de octubre antes de hacer efectiva la medida contra el Alcalde. Pero para el cura y el interventor, que ya no son funcionarios, las boletas de captura sí fueron expedidas y se espera que en las próximas horas se entreguen o los capturen. Al alcalde Hoenigsberg le quedan ochos días de tensión. ¿Se equivocó el juez o se asustó con el cuero?