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Detrás de la decisión de santos hay un legítimo interés de seguridad nacional y un táctico interés electoral

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Matrimonio por conveniencia

Por qué Juan Manuel Santos puso contra la pared al Presidente y por qué Álvaro Uribe no le pidió la renuncia.

7 de marzo de 2009

Juan Manuel Santos, a quien le fascina que lo asocien con la imagen de un jugador, esta vez se volvió trapecista. Porque lo que hizo, más que un cañazo, fue un triple salto mortal sin red. Sobre todo sabiendo que la geopolítica fronteriza está más delicada que nunca y que sus relaciones con el presidente Álvaro Uribe no están en luna de miel.

Desafiar en la misma semana a Hugo Chávez y a Rafael Correa, y luego poner al Presidente contra la pared, no es cualquier cosa. Y eso fue lo que hizo Santos. La explicación radica en una mezcla de un legítimo interés nacional y de un táctico oportunismo electoral.

Interés nacional, porque en su insistencia de que Colombia tiene el derecho de ir por los terroristas que atacan al país, estén donde estén, involucra conceptos tan importantes como soberanía nacional y legítima defensa. Ningún Estado serio puede permitir que a un kilómetro de sus fronteras esté instalado en forma permanente el comando central del grupo subversivo que intenta derrocarlo. Y a pesar de que el gobierno colombiano no lo dice en público, tiene la convicción y la evidencia de que la mitad de los miembros del Secretariado están refugiados al otro lado de la frontera, principalmente en Venezuela.

Pero esta realidad militar se enfrenta con la realidad política de que ningún Estado serio tampoco puede permitir que un país vecino se le meta en las fronteras cuando lo considera necesario. Y si no fuera porque existe la sospecha de que Chávez y Correa han sido tolerantes y hasta condescendientes con las Farc, se esperaría que los gobiernos de Venezuela y Ecuador persiguieran a esos guerrilleros.

Porque tanto el computador de 'Raúl Reyes', como las confesiones del ex viceministro ecuatoriano José Ignacio Chauvín, han dejado razones suficientes para desconfiar de esa actitud. Aun así, una operación militar como la que se llevó a cabo contra 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano tiene que ser excepcional y, en ningún caso, puede considerarse como norma general o como un derecho adquirido.

La Operación Fénix, como fue denominada, acabó siendo un gran éxito. No sólo por el golpe sicológico de haber dado de baja al número dos de las Farc sino, sobre todo, por haber encontrado el computador de 'Raúl Reyes', que acabó siendo la caja negra y el archivo de la guerrilla y donde estaban consignados, palmo a palmo, todos los tentáculos políticos, logísticos y militares de la misma.

Pero al lado de la valiosa información y del golpe moral a las Farc, se presentó el problema del rompimiento de relaciones con Ecuador, la cuasideclaratoria de guerra de Chávez y la posible gestación de pleitos contra el Estado colombiano por los extranjeros que murieron en el ataque. No hay que descartar que Ecuador demande a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, aunque algunos han considerado que esto es inviable porque se necesitaría que ambos gobiernos reconocieran la competencia de ese tribunal y Colombia renunció a ello en vísperas de la demanda de Nicaragua por el diferendo sobre San Andrés.

Lo cierto es que en los últimos días varios congresistas de México visitaron Ecuador para averiguar sobre los cuatro mexicanos muertos en el operativo, con miras a entablar una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Con todos estos antecedentes, pretender que la incursión de un país vecino sea una doctrina oficial o ventilar públicamente el tema como lo hizo Santos es una gran imprudencia. La real politik, como la ropa sucia, se lava en casa. Montar el espectáculo de un mano a mano con el Canciller de la República por el tono diplomático que éste le da al tema, y posteriormente alinear a los generales para que obliguen al Presidente a respaldar al Ministro de Defensa no es sólo una imprudencia sino, como lo han advertido algunos observadores, una encerrona al Jefe de Estado.

La estructura castrense es un mundo de órdenes y no de debates públicos. Y las órdenes son de arriba para abajo con el Presidente como jefe supremo. Por desacuerdos entre el estamento militar y el Jefe de Estado han sido llamados a calificar servicios generales como Álvaro Valencia Tovar, bajo Alfonso López Michelsen, y ministros de Defensa como Rodrigo Lloreda bajo Andrés Pastrana. Como se recordará, este último apoyó a los militares que consideraban que ese gobierno le estaba entregando el país a las Farc en el despeje del Caguán, y esta opinión, que resultó profética, le costó su puesto.

Algo parecido se podría interpretar con los hechos promovidos por Juan Manual Santos la semana pasada. Sin embargo, sucede que el presidente Uribe, aunque no asume actitudes desafiantes con los jefes de Estado vecinos, considera que no se le puede cerrar la puerta a la opción de perseguir a uno de los jefes de las Farc si es ubicado en el extranjero.

Esta doctrina de legítima defensa enfrenta dos conceptos de soberanía diametralmente opuestos. El que se acordó en la tensa cumbre de República Dominicana donde terminaron abrazándose Uribe, Chávez y Correa, en la cual todos los países de América Latina reiteraron de forma categórica que las fronteras son inviolables.

Y el otro concepto, enormemente impopular, pero necesario en ocasiones excepcionales, es el de guerra preventiva, doctrina practicada con estruendoso fracaso en Irak por el gobierno de George W. Bush después del 11 de septiembre de 2001 y con amargos resultados por Israel en Líbano Esta doctrina de seguridad nacional, por lo tanto, no puede ser enarbolada oficialmente como la política de Estado de Colombia, sino que tiene que ser guardada en un cajón, como último recurso y en circunstancias extremas.

Por eso el episodio de la carta del Ministro de Defensa y sus generales al presidente Uribe para convocar a un Consejo Superior de Seguridad y Defensa creó un revuelo nacional e internacional y puso en peligro la permanencia de Juan Manuel Santos al frente de la cartera de Defensa. ¿Qué lo llevó a una acción tan arriesgada? ¿Por qué el Presidente no lo destituyó?

Juan Manuel Santos, que considera reales los riesgos de demandas internacionales y el peligro de tener santuarios de subversivos en las selvas de los países, ha visto con preocupación la política de 'apaciguamiento' de la Cancillería. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, quien ha tratado de mejorar las relaciones con Venezuela y reactivar las de Ecuador, ve que la posición del Ministro de Defensa puede terminar por echarle leña al fuego de unas relaciones de por sí muy tensas. Para limar estos roces y "unificar criterios" se dio una reunión la semana pasada entre el Canciller, el Ministro de Defensa y el alto mando de las Fuerzas Militares.

Pero muchos consideran que al lado de la evidente preocupación de la seguridad nacional hay un interés electoral. En vísperas de su salida del Ministerio, Santos logró monopolizar las noticias de la semana al posicionarse como contradictor de dos presidentes extranjeros, y como contraparte de su jefe, Álvaro Uribe. En otras palabras, quedó nivelado por lo alto. Como contraparte, no del Canciller, sino del Presidente.

Para la opinión pública quedó como un hombre con pantalones y no hay duda de que esa percepción le va a dar un impulso importante en las encuestas que, después de muchos años, le empiezan a favorecer en intención de voto.

Este pantallazo, no obstante, tiene sus costos. Que Chávez y Correa lo llamen "amenaza" o "factor desestabilizante" para la región, hace anticipar que la proyección de su candidatura, si bien le da votos, agudiza la crisis con los países vecinos y genera un ambiente de hostilidad en el área ante la eventualidad de que llegue al poder. En algunos sectores empresariales, que viven de las exportaciones entre Venezuela y Ecuador, las apuestas machistas de Santos son vistas con bastante angustia.

Otra consecuencia de la carta de los generales es que agrieta más la relación entre Uribe y Juan Manuel. A pesar del comunicado en el cual se respalda su gestión es claro que el Presidente, a quien le gusta tener a sus subalternos juiciosos en el redil, considera a Santos un ministro indomable. Y no le podía pedir la renuncia porque eso sería entregarles a Chávez y a Correa, en bandeja, la cabeza de su Ministro de Defensa.

Las relaciones entre Uribe y Santos son en la actualidad un matrimonio por conveniencia. Comparten la misma filosofía sobre la seguridad nacional y los éxitos militares de la misma, pero se tienen desconfianza mutua no sólo por diferencias de temperamento sino por ambiciones electorales. Y como todos los matrimonios por conveniencia, la relación en la vida diaria es muy cordial. Uribe es paternal con Santos y lo regaña menos que a sus otros ministros.

A corto plazo, Santos indudablemente emergió como el ganador en ese río revuelto. Pasó de estar desautorizado y casi destituido por Uribe, a respaldado, ratificado y con una posición de liderazgo que no tenía antes. Por otra parte, se proyecta ante la opinión pública como un dirigente con autonomía y no como una ficha más del ajedrez uribista. Sin embargo, todos sus actos como Ministro son interpretados como jugadas electorales y esta es una posición insostenible. Tendría que renunciar para ser candidato a finales de mayo, es decir dentro de dos meses y medio. Pero en el ambiente político actual y con la seguridad nacional del país de por medio, eso es una eternidad. n