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| 8/1/2015 10:00:00 PM

Le llegó la hora al matrimonio igualitario

Todo indica que la Corte Constitucional aprobará muy pronto el matrimonio de parejas del mismo sexo.

Somos una pareja del mismo sexo y estamos aquí convencidas de que tenemos los mismos derechos que cualquier otra pareja en este país”; así comenzó su intervención Sandra Marcela Rojas en la Corte Constitucional el pasado 31 de julio. La ingeniera de sistemas fue a ese alto tribunal con una tarea muy particular: defender su matrimonio. Rojas se casó en 2013 con Adriana González, una trabajadora social con quien comparte su vida hace 26 años. Su caso llegó a la corte por la vía de una tutela porque la Procuraduría pidió la nulidad de su unión. La corte consideró que el tema era tan trascendental para la sociedad que merecía, al igual que decisiones de hondo calado -como las megapensiones y el Marco Jurídico para la Paz-, ser debatido en una audiencia pública.

Rojas y González cuentan que duraron “siete años casándose”. La puerta se les abrió el 20 de junio de 2013 cuando se venció el plazo de dos años que le había dado la Corte Constitucional al Congreso para reglamentar el matrimonio gay. El alto tribunal había establecido que si ese día no se había expedido “la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante juez o notario a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”. Rojas y González así lo hicieron.

La búsqueda no fue fácil porque la ambigüedad de esa expresión dio pie a todas las interpretaciones posibles: que sí se podía, que no se podía o que se podía pero sin el nombre de matrimonio, como argumentaron los notarios. Rojas y González encontraron finalmente a la jueza Luz Stella Agray, quien aceptó casarlas. Por la polémica que había generado la decisión judicial, la jueza les pidió que no entraran vestidas de blanco, ni le contaran a nadie que iban a dar el sí. Ambas se cambiaron al lado del archivador del juzgado, pero unos minutos después llegó un funcionario de la Procuraduría. Antes de que finalizara la ceremonia les pidió que se notificaran de la tutela que buscaba anular su unión.

Rojas y González fueron a la corte a defender “sin máscaras y sin miedos” su matrimonio. Sin embargo, otras parejas que tienen también su caso en ese alto tribunal prefirieron no hacerlo. Dos vendedores ambulantes les pidieron a los magistrados poder dar su testimonio sin mostrar su rostro y contaron su historia de “amor prohibido” desde una sala contigua a la audiencia. Se calcula que desde 2013 más de 40 parejas del mismo sexo se han casado, algunas en el más completo sigilo y anonimato.

El fallo de la Corte Constitucional sobre este tema será fundamental para todas estas parejas: ratificará si sus matrimonios son válidos o por el contrario los anulará. Y en últimas determinará si personas en la misma situación en toda Colombia pueden ir a notarías y juzgados a casarse. Con esta decisión, el país está a punto de entrar en una tendencia global en la que el matrimonio igualitario es inatajable. Por eso, como muchas de las discusiones sobre las libertades, la pregunta no es si se va a aprobar o no, sino qué tan pronto.

Como recordó en la audiencia el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, “el matrimonio es una institución que así como hoy excluye a las parejas del mismo sexo, hasta hace poco tiempo discriminaba a las mujeres y a otros grupos poblacionales”. En la Alemania nazi estaba prohibido por ley que los arios se casaran con los judíos. En Estados Unidos solo en 1967 la Corte Suprema acabó con las restricciones que impedían que los negros unieran su vida a los blancos. Algo similar sucedió en Sudáfrica en donde, hasta la caída del apartheid, era un crimen incluso sostener relaciones sexuales entre personas de diferente color.

Colombia no es ajena a esa segregación. Durante muchos años, con el fin de mantener la pureza y homogeneidad de la raza, estuvo prohibido que los españoles formalizaran una unión con indígenas, criollos o mulatos. Hoy, las nuevas generaciones se sorprenderían al saber que, durante siglos, las mujeres al casarse perdían su autonomía y eran consideradas por el ordenamiento jurídico como “incapaces” al punto que necesitaban de su marido para abrir una cuenta en un banco, acudir a la justicia o, incluso, manejar sus propios bienes. Y que hasta 1973 por cuenta de un concordato entre Colombia y la Santa Sede, los “bautizados” solo podían casarse por la Iglesia; hasta la Constitución de 1991 quienes habían contraído nupcias así no se podían divorciar y hasta 1981, como recordó la congresista Angélica Lozano, la homosexualidad fue un delito.

Como explicó Marcela Sánchez, la directora de Colombia Diversa, el matrimonio no es una figura rígida sino que durante siglos se ha acomodado al avance de la sociedad. “¿Por qué siquiera se atreven a hacernos la pregunta de por qué queremos casarnos? ¿Les parece eso un capricho? La pregunta no es por qué queremos ser iguales sino por qué quieren seguir discriminándonos”, le preguntó Sánchez a la corte.

Todos los vientos soplan a favor de que esta situación cambie pronto. Hay dos razones poderosas para que así sea. La primera es que, como nunca antes en el pasado, el ambiente es favorable para la comunidad LGBTI. El contexto mundial no puede ser más prometedor. El pasado 25 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que el matrimonio entre parejas del mismo sexo debe ser válido en todo el territorio nacional. Ocho días antes de ese fallo, México había tomado el mismo camino, y ocho días después la Corte Europea de los Derechos Humanos condenó a Italia por prohibirles a los gais esa posibilidad.

En la política interna la decisión también cuenta con gran respaldo. Por primera vez un gobierno en Colombia ha apoyado abiertamente no solo el matrimonio igualitario, sino la adopción. A la audiencia de la corte fueron a defender esa figura los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia, Yesid Reyes. El gobierno le ha dado un espaldarazo clave a la comunidad LGBTI y ha dejado claro que apoyará cualquier iniciativa que permita que alcancen la igualdad de derechos. “Por mucho tiempo el Estado colombiano ha acompañado visiones restrictivas de la condición humana. Se planteó un único formato para vivir la vida, para actuar consigo mismo y con los demás”, dijo Reyes en un reciente discurso con la comunidad transexual. El fiscal Eduardo Montealegre también salió esta semana a respaldar un eventual fallo favorable de la corte.

La mayoría de instituciones, organizaciones sociales y universidades se manifestaron por el sí en la corte. Mientras tanto, la posición de la Procuraduría de rechazar la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan casarse apenas tuvo el escuálido apoyo de la Fundación Marido y Mujer y del concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez.

En la Corte Constitucional también hay vientos de cambio. Hasta hace algunos meses estas decisiones quedaban en los más enconados empates. Tanto así, que la discusión sobre la adopción igualitaria tuvo que ser definida por un conjuez. La ponencia del matrimonio igualitario la tiene el magistrado Jorge Pretelt, quien convocó a la audiencia, y según se ha hecho público en diferentes medios su posición es que el tema debe ser resuelto por el legislador. Eso no significa, sin embargo, que el tema esté perdido para la comunidad LGBTI.

La balanza de la corte cambió en mayo pasado cuando el Consejo de Estado restituyó en su cargo al magistrado Alberto Rojas. Así, un voto que había sido conservador, el de la secretaria general de la corte, Martha Sáchica (que estaba en encargo), se cambió por uno liberal. Y lo mismo puede pasar si la decisión se toma después de octubre, cuando Mauricio González termina su periodo. La terna para su reemplazo le toca al gobierno Santos con lo cual es casi seguro que también entra un voto liberal.

En ese contexto lo único que le falta a la decisión sobre el matrimonio igualitario es un poco de tiempo.

La audiencia del pasado jueves legitimó en cierto modo cualquier paso adelante que tome la corte, pero sobre todo le ayudó a recuperar su prestigio, después de la peor crisis de su historia. Como reconoció el exdirector de Colombia Diversa Mauricio Albarracín, el escenario fue “un ejemplo de deliberación constitucional de gran altura y respeto” sobre una decisión que, muy probablemente, no tiene reversa.
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