Lunes, 16 de enero de 2017

| 2005/02/20 00:00

Máxima alerta

Un fallo del Consejo de Estado pone en evidencia la necesidad de hacer cambios urgentes en el sistema electoral.

Máxima alerta

Después de casi dos años de demoras, el Consejo de Estado emitió un falló sobre el fraude electoral llevado a cabo en las últimas elecciones parlamentarias. La noticia fue recibida con beneplácito, porque podría significar que están llegando a su fin prácticas irregulares que han perdurado durante años en materia de escrutinios. Pero también ha suscitado preocupaciones porque significa que los colombianos todavía no saben quiénes componen el Senado que eligieron en marzo de 2002. Es decir, quiénes son los que legítimamente representan sus intereses.

Pocas semanas después de que se efectuaron las elecciones, la Procuraduría General de la Nación denunció que en varias regiones del país los jurados y los funcionarios electorales habían suplantado firmas, cédulas y nombres de votantes, alterando el 4 por ciento de la votación en aras de favorecer a algunos de los candidatos al Senado. Ante estas denuncias, el Consejo Nacional Electoral excluyó del escrutinio varias mesas de votación ubicadas en 11 departamentos, anuló 180.000 votos y después promulgó el listado oficial de miembros del Congreso de la República.

Pero la Comisión de Asuntos Electorales de la Procuraduría insistió en que eran 400.000, como mínimo, los votos que debían anularse. Y para argumentar sus denuncias, sus funcionarios recorrieron todo el país, recogieron prueba por prueba, sumaron nuevamente los datos de cada mesa electoral y completaron un expediente de más de un millón de páginas con el que solicitaron al Consejo de Estado declarar la nulidad de las elecciones a Senado.

La petición entró al Consejo de Estado en octubre de 2003, y un mes después el caso le fue asignado al magistrado Reynaldo Chavarro, que junto con un equipo de más de 20 personas se dio a la tarea de estudiar las tachaduras, enmiendas y borrones de las planillas electorales. Después de una demora de 14 meses -superior a los seis meses que establece la ley para tramitar solicitudes de nulidad electoral- que él justifica por el tamaño del expediente, el magistrado se pronunció: se debe anular el escrutinio de la elección de Senado y hacerse de nuevo con los votos válidos.

En términos formales, esta decisión implica que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral tendrán que liderar un nuevo conteo de los votos, aun si -como se espera- se aplica un derecho de súplica que llevaría el caso a la plenaria de la corporación. Y si se considera que al anular los resultados de 5.655 mesas en todo el país cambia el cuociente electoral (número de votos válidos dividido por el número de curules a proveer), la composición del Senado variaría.

Lo anterior no supone que el Senado tenga que dejar de funcionar. Tampoco que los proyectos que hayan presentado los senadores que tienen en riesgo su curul dejen de ser tramitados. Pero sí implica que las fuerzas políticas en el Congreso pueden cambiar.

En donde hubo mayores irregularidades fue en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Atlántico y Bolívar. Por lo tanto, los senadores más afectados por el fallo del Consejo de Estado y que están en la cuerda floja son aquellos que tienen sus caudales electorales en estos lugares. Entre ellos se encuentran varios con poca votación pero con alto reconocimiento, representantes de la política tradicional y líderes de la oposición. Y aunque sólo cuando se calcule el nuevo cuociente electoral se podrá saber exactamente cuántos perderán su curul, los primeros cálculos señalan que al menos 10 tendrían que dejar el cargo. Entre ellos estarían Jairo Clopatofsky (Movimiento Cívico Independiente), Piedad Córdoba, Aurelio Irragorri, José Renán Trujillo, Bernardo Guerra, José Álvaro Sánchez (Partido Liberal), José Raúl Rueda (Ciudadanos por Boyacá), José María Villanueva (Partido Nacional Cristiano) y Gabriel Acosta (Movimiento Nacional).

De los cinco senadores que perdería el Partido Liberal, la salida de José Renán Trujillo y Piedad Córdoba sería la que más implicaciones políticas tendría. En últimas, ambos representan los dos extremos del espectro político que se dibuja hoy en día en el país. Trujillo, porque estando en la comisión primera del senado se convirtió en uno de los aliados más fuertes del uribismo y, además, porque el año pasado anunció con bombos y platillos su vinculación a Cambio Radical, el partido político de Germán Vargas. Córdoba, porque es una de las representantes más combativas de la oposición al gobierno y porque lidera las eventuales alianzas entre el liberalismo oficialista y el Polo Democrático para buscar un candidato presidencial que compita con el presidente Álvaro Uribe.

Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado no necesariamente significa que quienes eventualmente tengan que dejar el Senado no puedan volver a ser elegidos en un futuro. Y esto se debe a que no se puede demostrar la responsabilidad de ningún parlamentario en la realización del fraude.

Pero más allá de la composición del cuerpo legislativo, lo sucedido con este fraude electoral y la manera como se tramitó dejan varias enseñanzas políticas para el país. La primera de ellas, y la más evidente, tiene que ver con las fallas de los tribunales judiciales y administrativos para resolver temas tan cruciales para la democracia como son los electorales. No tiene ningún sentido que después de tres años de posesionados los congresistas se determine que algunos de ellos no deben mantenerse en la curul. Mucho menos, que el Consejo de Estado haya tardado tanto en pronunciarse. Sobre todo si se considera que buena parte de las demoras se debieron a un gesto de desconfianza institucional: el despacho del magistrado Chavarro se dedicó a repensar y a repasar durante meses las pruebas que ya le había entregado la Procuraduría. Por la lentitud para fallar, muchos de quienes debían estar en el Senado estarán sólo por un año y algunos que no tenían el derecho legítimo de estar se mantuvieron tres.

La otra moraleja que deja este caso se refiere a la necesidad de realizar cambios institucionales que favorezcan la transparencia política. Colombia siempre se ha preciado de tener una organización electoral eficiente, pero lo que pasó en las últimas elecciones o las demoras que se dieron en 2003 para anunciarle al país los resultados sobre el Referendo dejan en claro la urgencia de modernizar los procedimientos electorales. Contar con un censo electoral confiable, avanzar en la renovación de cédulas -que actualmente se encuentra suspendida- y regular el nombramiento de los jurados de votación son algunos de los logros que podrían alcanzarse si el Congreso avanza en la discusión del Código Electoral que entra a segundo debate.

Por eso, y aunque más vale tarde que nunca, el fallo del Consejo de Estado sobre el fraude electoral no es para alegrarse. Nada más grave para una democracia que llegar al punto en el que su sistema electoral no funcione. El propio procurador general, Edgardo Maya, ha reiterado que bajo la precariedad del actual sistema electoral, el país no está en condiciones de enfrentar una nueva contienda política. Más que una advertencia, el fallo del Consejo refuerza el dramático diagnóstico de Maya. Sobre todo, cuando las próximas elecciones para el Congreso se harán con nuevas reglas de juego. Un escenario que, sin los correctivos necesarios, podría generar una grave crisis institucional en el hipotético caso de una competencia reñida por la Presidencia de la República o alguna de las principales alcaldías. Y no hay mucho tiempo para actuar.

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