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| 4/2/2012 12:00:00 AM

Mayor protección del Gobierno para líderes de tierras pide la Procuraduría

El ente de control condenó los asesinatos de Manuel Ruiz y de su hijo de 15 años, ocurridos la semana pasada en Chocó.

La Procuraduría le pidió al Gobierno que elabore el “Plan de Protección y Prevención” para los líderes que están participando en el proceso de restitución de tierras, especialmente en el departamento de Chocó.

El ente de control recordó que en repetidas ocasiones le ha solicitado al gobierno nacional la elaboración del “Plan de Protección y Prevención”, en cumplimiento a lo ordenado en los autos proferidos por la Corte Constitucional, los cuales buscan la protección individual y colectiva, además de urgente y necesaria, para los habitantes de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, y especialmente para los líderes que participan en el proceso de restitución de los territorios colectivos ordenadas judicialmente.

Así mismo, la Procuraduría condenó el asesinato del señor Manuel Ruiz Torregrosa y su hijo Samir Ruiz, líderes de las comunidades negras de Apartadorcito, en la cuenca del rio Curvaradó, Chocó, y miembros del Comité de Censo que actualmente determina quiénes han sido las personas que históricamente conforman la población afrodescendiente de esta región.

En el mismo sentido, la Procuraduría exhorta a las distintas instituciones del Gobierno que les atañe el tema, para que presenten y pongan en marcha el plan provisional urgente de prevención de desplazamiento y protección individual y colectiva para estas dos comunidades y que atiendan de manera inmediata e integral las necesidades más apremiantes de seguridad, conforme lo ordenó la Corte Constitucional.

La Procuraduría continuará su labor de acompañamiento al censo de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó, en el marco del cumplimiento de la función preventiva en materia de Derechos Humanos de los grupos étnicos y evaluará las medidas adoptadas en el plan de protección urgente ordenado por la Corte Constitucional, buscando que se garanticen la seguridad para la asamblea de consejo comunitario y la sostenibilidad del proceso de restitución material de los territorios colectivos a las comunidades negras mencionadas.
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