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| 11/9/2013 1:00:00 AM

El poder de la participación ciudadana

Foros Semana dio una mirada nacional e internacional al estado actual y los retos de los mecanismos de participación democrática que los colombianos tienen a la mano.

La oleada de protestas de los ciudadanos en países norteafricanos y del Cercano Oriente, conocida como la primavera árabe, puso en primer orden mundial la capacidad de la gente de hacerse escuchar. Meses atrás, durante la Copa de las Confederaciones, los brasileños –más que celebrar los goles de su selección– dijeron estar presentes en una sociedad y expusieron su contrariedad ante la gestión de sus gobernantes.

Frente a estas manifestaciones, el papel del ciudadano en un Estado cobra más protagonismo en la actualidad y el pasado 25 de octubre se hizo un repaso latinoamericano y nacional a los mecanismos que tiene para participar en las decisiones de un país.

Durante el foro titulado ‘El papel del ciudadano en el fortalecimiento de la Democracia’ –organizado por SEMANA, la Federación Nacional de Departamentos y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap)– se visibilizaron los principales mecanismos de participación ciudadana. 

Según Francisco Javier Estévez, profesor de la Universidad de Chile, “la participación ciudadana cuando es real modifica las relaciones de poder”. Explicó que cuando esta acción se desarrolla favorece el empoderamiento de las personas, permite el control social de la gestión pública, favorece la transparencia de los actos del gobierno y le da vida a la idea del gobierno abierto.

Aseguró que si bien la institucionalidad crea mecanismos de participación, no siempre la ciudadanía los sigue. Esta situación, según explicó, crea una tensión entre la voluntad política del gobernante y el ejercicio de participación del gobernado. De ahí parte la discusión entre los derechos y los deberes, y aseguró que en América Latina son primero los derechos.

Zully David Hoyos, subdirectora de Proyección Institucional de la Esap, valoró la participación ciudadana como un “derecho” que produce resultados en una sociedad. La académica preguntó si hay o no inclusión social en una sociedad globalizada marcada por el mercado y la movilización de capitales. La respuesta a este cuestionamiento requiere, según planteó, definir el tipo de sujeto y su contexto. “Hay un trabajo muy importante que adelantar sobre la necesidad de generar y construir un proceso que nos conduzca a crearnos como sujetos políticos”, subrayó la funcionaria de la Esap.

En construcción
Para el caso nacional, de acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), en Colombia “no hay una tradición” de participación ciudadana y explicó que la acción del ejercicio de la ciudadanía es un proceso que “estamos construyendo” y se “aprende”.

Reseñó que, antes de 1991, la participación de los colombianos se redujo a unos ejemplos concretos como el Cabildo Abierto y el Plebiscito de 1957, que aprobó la participación de la mujer y el Frente Nacional. Desde hace 22 años se abrió el panorama de las opciones y ahora existen siete mecanismos para que las personas puedan expresarse en la sociedad nacional. 

“Son nuevos escenarios a los que se le invita al ciudadano que opine”, explicó la directora de la MOE y concluyó señalando que, por lo menos a la fecha, “son efectivos”.

Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional de Estado Civil, señaló que la Constitución vigente busca que haya mecanismos y vías para que la ciudadanía “se desbloquee” y aseguró que las normas e instituciones, por más fuertes que sean, no pueden “encapsular a la sociedad”.

A partir de esta premisa, aseguró que en Colombia los mecanismos de participación han generado una utilidad que va más allá de la superación de un umbral. Aseguró que le ha permitido a la ciudadanía “encontrar este camino como una fórmula política alternativa frente a gobiernos o políticas de los gobernantes”. 

Aseguró que estos mecanismos marcarán historia con acciones como las consultas por intereses colectivos ya sean de tipo medioambiental o étnico.

Por su parte, Claudio Galán Pachón, director de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación, coincidió con otros exponentes en que la participación ciudadana es un derecho y aseguró que está amparado al igual que los mecanismos por la Constitución y una serie de normas y leyes. Sin embargo, reiteró la necesidad de la construcción de una política pública que lo respalde.

Advirtió que, pese a la importancia de este mecanismo en la de-sactivación de conflictos entre sectores o comunidades y si bien hay avances y bases institucionales sólidas en las últimas dos décadas, el ejercicio de este derecho por parte de los colombianos carece de una apropiación general.

El funcionario mencionó algunos resultados de la Encuesta de Cultura Política del Dane 2011 según los cuales el 71 por ciento de los colombianos respondió no conocer los mecanismos de participación ciudadana y el 58 por ciento desconoce las instancias, canales o espacios de participación. Otra medición como el Barómetro de Capital Social ratificó esta tendencia y mostró la poca importancia que los ciudadanos le dan a este mecanismo.

A partir de este diagnóstico, la socialización ciudadana de los mecanismos de participación es uno de los retos del gobierno nacional y una de las principales conclusiones del foro desarrollado en Bogotá.

“Se gobierna para el ciudadano”, rectora de la Esap

Elvia Mejía Fernández, rectora de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), planteó que pese al cambio de las épocas, gobernantes o los espacios geográficos, el ciudadano es el elemento común. 

“Se gobierna para él y con él se construye sociedad y Estado. No hay democracia sin darle el valor que le corresponde a la ciudadanía”, señaló la académica.

Explicó que el cambio histórico, a partir de la Constitución de 1991 cuando se pasó de una sociedad representativa a una participativa, ha obligado a la Nación y los ciudadanos a hacer un esfuerzo por involucrarse en la nueva dinámica. 

Sin embargo, recalcó que las personas –pese a tener unas obligaciones– por estar inmersas en un Estado, “no siempre las cumplimos a cabalidad”. 

Una democracia participativa, según explicó, implica el empoderamiento real y generalizado de los asuntos públicos, lo que significa una acción real de acompañamiento del gobierno nacional y regional que, sin embargo, no ha sido muy fuerte. Este hecho genera un reto en la formación del Estado Social de Derecho, el sueño de los constituyentes de 1991, pero que “estamos lejos de alcanzar”.
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